El CNM, en mayoría, declaró infundados los recursos de reconsideración interpuestos por Promsex y otras organizaciones, al sostener que no se apreciaron elementos objetivos que fundamentaran la presunta transgresión a la debida motivación y trato discriminatorio alegados, por cuanto:

1. La Ejecutoria Suprema se habría ceñido al respecto irrestricto de las garantías procesales como la debida motivación, congruencia recursal y principio de legalidad. (fundamento 18)
2. No se puede valorar el caso en base a situaciones que no se han incluido como prueba fehaciente al interior del proceso penal, no pudiendo por ello partirse de que es un hecho cierto la forma como se realiza la trata de personas en la zona de Madre de Dios; de lo contrario, se violaría el derecho de defensa, a la valoración de la prueba penal y debida motivación. (fundamento 19)
3. No se acreditó que la imputada hubiera promovido la captación y traslado de la menor con fines de explotación, ni que tampoco que tal explotación era con fines sexuales. (fundamento 21)
4. Si bien existe una referencia al agotamiento de la fuerza del trabajador para la explotación laboral en la Ejecutoria Suprema, tal argumento en nada ha aportado a lo que era materia de impugnación, resultando inoficioso entonces efectuar análisis alguno. (fundamento 22)
5. En cuanto a la presunta aplicación de estereotipos referente al desempeño no agotador de un trabajo como dama de compañía en la Ejecutoria Suprema, dicha referencia no se efectuó en virtud de su condición de mujer, sino que se debió a la propia descripción del trabajo que realizaba la menor. De lo anterior, no se advierte un trato manifiestamente discriminatorio, ni que se pretenda minimizar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual como si se trata de una actividad cualquiera por su condición de mujer. (fundamento 23)

Por su parte, la consejera Elsa Aragón Hermoza, representante del Ministerio Público, fue la única que emitió su voto en el sentido de que se dé inicio al procedimiento disciplinario contra los jueces supremos denunciados, considerando que existen suficientes indicios que así lo justificarían, por lo siguiente:

1. En la Ejecutoria Suprema no se vierten argumentos razonables que justifiquen la decisión de que la labor que realizaba la menor no agotaba su fuerza trabajadora, siendo flagrante la omisión de precisar la doctrina jurisprudencial en la que se basó para sostener ello (punto 2).
2. La cantidad de horas laboradas por la menor superaba las 12 horas diarias, pese a ello, la Sala Suprema señaló que tal cantidad de horas por sí misma no implicaba explotación laboral, inobservando normativa nacional referente al límite de jornada laboral permitida para menores de edad (punto 4).

De la Ejecutoria Suprema se evidencia el desarrollo de un juicio estereotipada, toda vez que se basó en argumentos preconcebidos que menoscaban a la mujer por su condición de tal, al referir que hacer de dama de compañía es simplemente beber con clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no presentándose como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora. Ello deviene en una apreciación muy subjetiva, carente de todo sustento probatorio (punto 8).

Es preciso señalar que la impunidad de los magistrados se acrecienta si es que no hay, siquiera, investigaciones administrativas en casos donde hay indicios suficientes de violación de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La impunidad de los actores del sistema de justicia aumenta la posibilidad de la violencia.

En efecto, refirieron que “el hacer de dama de compañía [por más de 12 horas diarias], y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya agotar la fuerza de la trabajadora”, minimizando así su connotación sexual y laboral, y obstaculizando que dicho rol no califique como explotación sexual y laboral, como en efecto lo es.

Al respecto, se denunció ante el Consejo Nacional de la Magistratura a los mencionados jueces supremos, en virtud de la cual (denuncia acumulada a la Nº 086-2016 CNM) se resolvió abrir investigación preliminar. No obstante, una vez concluida dicha etapa, el CNM decidió no haber mérito para abrir procedimiento disciplinario, archivando el caso.

Frente a esa decisión, se presentó un recurso de reconsideración, a fin de que fuera revocada y, en consecuencia, se dispusiera abrir procedimiento disciplinario a los jueces supremos. Y esto, toda vez que los argumentos esbozados por el CNM de ninguna manera han estado precedidos del análisis correspondiente sobre las vulneraciones y faltas ocasionadas con motivo de la emisión de la Ejecutoria Suprema en cuestión, y que fueran invocadas en nuestra denuncia: la indebida motivación de las resoluciones judiciales y el trato manifiestamente discriminatorio.

El 11 de enero se desarrolló el informe oral ante el pleno del CNM, PROMSEX presentó su Informe Oral; y cabe resaltar, que en la misma audiencia hizo sus descargos uno de los Magistrados denunciados, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, actual Presidente del Poder Judicial, quien lamentablemente no centró su defensa en los criterios cuestionados.

Por lo anteriormente señalado, convocamos a una conferencia de prensa para este martes 16 de enero a las 11 de la mañana en la avenida Pardo 601 oficina 604, en el distrito de Miraflores.

Comunicaciones:
Promsex
Telf.: 4478668 anexo 118

Hace tres años, Torres Monteza vulneró a M.M.C.H.V. en dos oportunidades; la primera vez fue cuando, con el pretexto de que su prima la estaba llamando, el delincuente la llevó hasta el cuarto que compartía con su conviviente para abusar de ella. La segunda, fue cuando la niña estaba sola en su casa, luego de vejarla la amenazó diciéndole que, si revelaba el hecho a alguien, atentaría contra la vida de su madre y hermanos.

Como consecuencia de estas transgresiones, la niña resultó embarazada. Unas semanas más tarde, su embarazo fue interrumpido por indicación médico-terapéutica, dado que la continuidad del mismo significó un riesgo para su salud física y mental en contra de la niña por tener tan solo 12 años.

En el marco del proceso judicial, El Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), como parte civil, solicitó medidas de protección a favor de la niña y su madre, quienes vienen siendo víctimas de maltrato psicológico y hostigamiento por sus propios familiares (la conviviente del agresor y la madre de ella) desde la interposición de la denuncia por los abusos sexuales a los que había sido sometida.

Pese a que estos maltratos ponen en constante riesgo a las denunciantes, más aún cuando los mencionados familiares viven en el mismo asentamiento humano “Nueva Jerusalén”, ambas no han obtenido las medidas solicitadas hasta hoy. Todo ello, además, dificulta la completa la recuperación de M.M.C.H.V.

La semana pasada, la defensa y la parte civil presentaron sus alegatos finales. Por su parte, la Fiscalía reafirmó la solicitud de imponer una pena de cadena perpetua al agresor. Promsex, institución que asumió la defensa legal desde el inicio de este proceso penal, estará presente en la lectura de la sentencia frente a Torres Monteza.

Comunicaciones:
447-8668 anexo 118