Nos preocupa la prevalencia y la crueldad de la violencia, la culpa y estigmatización que se cierne sobre las sobrevivientes, la penalización del aborto incluso en casos de violación, la trata, la discriminación dirigida a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como las mujeres trans y lesbianas, afrodescendientes, indígenas amazónicas y andinas, trabajadoras del hogar, mujeres con discapacidad, entre otras. Indigna el acoso a las defensoras de derechos y la impunidad en la que permanecen las más de 200 mil esterilizaciones forzadas y las más de 6000 víctimas de violencia sexual, cometida en el contexto del conflicto armado interno, la falta de reconocimiento de nuestra identidad de género y la ausencia de representación política de mujeres en los espacios de decisión.

Por ello, denunciamos que las cosas no han cambiado. Pese a las diversas movilizaciones multitudinarias que llevaron a supuestos compromisos estatales, aún no tenemos una respuesta contundente de las autoridades, ni se está enfrentando al machismo desde la raíz.

Por el contrario, este año hemos advertido preocupantes retrocesos en el reconocimiento de nuestros derechos:

(1) El Congreso de la República, con mayoría parlamentaria de una sóla fuerza política, agrede a las mujeres al pretender erradicar el enfoque de género de las políticas del Estado y de la Curricula de Educación Básica. Plantea retrocesos al intentar convertir los mecanismos institucionalizados para la defensa de los derechos de las mujeres (como MIMP y Comisión de la Mujer del Congreso) en espacios para la defensa de “la familia” tradicional y patriarcal.

(2) Este poder del estado viene obstaculizando la autonomía del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y del Poder Ejecutivo, amedrentando a funcionarios, pretendiendo expulsarlos de sus funciones, poniendo en riesgo la democracia.

(3) El Poder Judicial sigue limitando el acceso a la justicia de las mujeres y facilitando la impunidad con sentencias que replican roles y estereotipos de género.

(4) El Poder Ejecutivo no ha logrado que la prevención, atención y erradicación de la violencia involucre a todos los sectores. No basta el trabajo del MIMP, necesitamos un mayor involucramiento del sector Salud para la atención de las víctimas.

(5) El ejecutivo fortalece la impunidad al hablar de “perdones políticos” o considerar el indulto para un agresor sistemático de las mujeres, el ex presidente Alberto Fujimori, culpable de las esterilizaciones forzadas, crimen que espera justicia desde hace más de 20 años.

El derecho a una vida libre de violencia sólo se garantizará si se respeta la integralidad de los derechos humanos y el Estado Laico. Demandamos al Estado respuestas contundentes e inmediatas para garantizar políticas de transversalización del enfoque de igualdad género en todos los sectores, cambios normativos y presupuestos adecuados para la implementación de políticas orientadas a erradicar la violencia de género en todas sus expresiones.

Este 25 de noviembre, volvemos a las calles en defensa del derecho a la igualdad, la democracia y del derecho de todas las mujeres a vivir sin violencia.  En esta fecha emblemática todas las mujeres; feministas, ciudadanas y defensoras de derechos en su más amplia diversidad, alzamos nuestras voces para exigir que nuestras demandas sean atendidas y podamos vivir con autonomía y ejerciendo plenamente nuestros derechos.

#NiUnaMenos #25N

Eslovenia y Bélgica preguntaron sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la situación de discriminación hacia las personas LGBT. Sus interrogantes fueron: ¿Qué políticas se tiene para reducir el embarazo adolescente y asistir a aquellas cuyo embarazo es producto de una violación sexual?, ¿se considera la despenalización del aborto en casos de violación sexual, incesto y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina?, ¿considera adoptar legislación que prohíba la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género?

Frente a ello, la delegación peruana se limitó a señalar que el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) estaría trabajando en estos temas y que, además, serán abordados por el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2017 – 2021. En el caso de Reino Unido que consultó ¿Cómo el gobierno planea revertir los retrocesos en materia de igualdad de género con la actual composición del Congreso?, la respuesta dada por Perú no abordó adecuadamente lo planteado. La delegación solo señaló los esfuerzos formales realizados, principalmente desde el Ejecutivo, para lograr políticas de la igualdad de género.

“Tenemos medidas en el Plan contra la Violencia de género 2012 -2017, que incluye reglas para mejorar la igualdad de género. Además, damos soporte legal a las víctimas de violencia desde el MINJUS”, precisó José Coloma, Viceministro de Derechos Humanos del MINJUS.

Por su parte, Hubert Wieland Conroy, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló una serie de medidas como la adopción del Plan Nacional de igualdad de Género 2012-2017, la disminución en la cifra de mujeres indocumentadas, la adopción de una política educativa con enfoque de igualdad de género, la nueva ley y reglamento frente a violencia contra la mujer, la implementación de 256 Centro de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional y un Protocolo para casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Pero ninguno de ellos hizo referencia al contexto legislativo en su respuesta.

Lamentablemente, la situación fue similar cuando República Checa consultó ¿qué medidas se habían tomado para eliminar las políticas de seguridad municipal de Lima que mencionan la “erradicación de homosexuales” en los espacios públicos?  Frente a lo cual la delegación se limitó a señalar que los Principios de Yogyakarta venía siendo usados para la formulación del nuevo PNDH 2017-2021 y que el Manual de DDHH de la PNP enfatizaba la no discriminación ni violencia contra las personas LGBT; pese a ser de conocimiento público que los principales agresores de las personas LGBT son miembros de serenazgo y la policía.

Por otro lado, José Coloma sostuvo en cuanto al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, que el Estado había realizado algunos ajustes a las normas de planificación familiar para asegurar el acceso efectivo. Pero reconoció que todavía faltaba realizar mayores acciones frente al embarazo adolescente, aunque este tema había sido abordado en el recién aprobado Currículo Escolar. En ese sentido, agregó la intención del Estado de trabajar sobre la materia junto con la sociedad civil.

Finalmente, luego de la sesión, 05 países (Canadá, Eslovenia, Suiza, Finlandia e Islandia) recomendaron explícitamente a Perú que despenalice el aborto en casos de violación sexual e incesto, al menos 08 estados (Canadá, Colombia, Honduras, Eslovenia, Francia, Argentina, Timor-Leste e Israel) le instaron a prevenir, penalizar, investigar y sancionar la violencia y discriminación contra las personas LGBT. Asimismo, Canadá le recomendó garantizar el acceso a la anticoncepción oral de emergencia (AOE) y junto a Portugal, Francia y Eslovenia instaron a Perú a garantizar la educación sexual integral; mientras que, República Checa, exhortó a eliminar los planes de seguridad municipal que mencionan la erradicación de las personas LGBT en el espacio público.

Ya realizadas las recomendaciones, el Estado puede señalar antes de mañana, 10 de noviembre, o en marzo del 2018, cuáles serían las recomendaciones que el Estado acepta implementar durante los próximos 5 años. Por ello, PROMSEX solicita a la sociedad civil a unificar esfuerzos e instar al Estado a responder oportunamente y aceptar las recomendaciones que se le realizaron para mejorar la situación de las personas LGBT y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Promsex Comunicaciones
4478668 anexo 118

Este proceso legal se encuentra en trámite en el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, luego de que dicha ONG argumentase lo siguiente: “El protocolo de aborto terapéutico es un acto manifiestamente inconstitucional. Evidente peligro de “asesinato masivo”. Apología de impunidad con visos de legalidad. Bajo el amparo de una posición de dominio y poder que ejerce el Estado. En agravio de los indefensos concebidos. Derechos de concebidos en calidad de sujetos de derechos (“sujetos biológicos”) por la jurisprudencia latinoamericana que no hace distinción con aquellos derechos que tienen los nacidos y toda persona humana. Aplicación de la muerte de los recién concebidos. Dicha actitud vulnera los derechos del recién concebido como persona humana, indefensa, silenciada y condenada a muerte”.

Frente a ello, Promsex lamenta lo siguiente: la admisión de esta demanda que da pie a la judicialización de una política pública constitucional que busca garantizar la vida y salud de las mujeres peruanas y que ha permitido salvar la vida de 917 mujeres desde su entrada en vigencia hasta diciembre del 2016; y que la misma organización, Alas Sin Componenda, que dejó a las mujeres más pobres de este país sin acceso al Anticonceptivo Oral de Emergencia arremeta ahora contra otra política a favor de la vida y salud de las mujeres.

La ausencia del Protocolo de Aborto Terapeútico le costó la salud y una vida digna a L.C, una adolescente a la que le negaron una intervención quirúrgica de emergencia por estar embarazada a consecuencia de una violación sexual, la misma que sobrevive con una cuadriplejia que pudo ser prevenida. Promsex demandó al Estado peruano por la violación de los derechos de esta adolescente y Perú fue condenado internacionalmente por el Comité CEDAW de Naciones Unidas.

Es en el marco del cumplimiento del Dictamen del Comité que el Estado peruano, en la encargatura del Ministerio de Salud, genera este Protocolo como una medida que busca evitar la vulneración de los derechos de otras niñas, adolescentes y mujeres en el Perú. Por ello, Promsex asumirá la defensa judicial del Protocolo de Aborto Terapeútico y ya es parte del proceso judicial en curso. Finalmente, hacemos un llamado al Poder Judicial a tramitar este proceso con la debida imparcialidad, lo que supone administrar justicia sin la presencia de estereotipos de género respecto a la maternidad.

Comunicaciones Promsex
447-8668 anexo 118

1. El partido político Fuerza Popular, tras la renuncia de la Congresista García, no ha presentado una candidata idónea para presidir la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República pese a la urgente necesidad de atender la violencia contra las mujeres.
2. El partido político Fuerza Popular sostiene una postura que atenta contra los derechos de las mujeres, en especial a una vida libre de violencia, al expresar posiciones adversas al enfoque de género, contrario a la legislación vigente y los compromisos internacionales.
3. La parlamentaria Nelly Cuadros, quien sería la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, votó en contra del proyecto de ley 072-2016 para eliminar los beneficios carcelarios a lo violadores porque incluía la palabra género.
4. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su vista de esta semana, ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, en especial de las mujeres y de las personas LGBTI.

En ese contexto es que la sociedad civil exige a las autoridades tomar en cuenta estas advertencias que vulneran los derechos humanos de todas las peruanas.

Organizaciones:
PROMSEX, C.M.P. Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, DEMUS y otras.

Lugar: Avenida José Pardo 601 oficina 604 – Miraflores
Hora: 11 de la mañana
Día: 27 de octubre de 2017

Contacto de Prensa:
Grecia Delta
983-153-815

El informe emplea el término “fundamentalismo” para aludir a grupos cuyo postulado central es el rechazo de la igualdad y la universalidad de los derechos humanos[3]; siendo que, entre los elementos centrales de sus programas se encuentran la represión de los derechos de las mujeres y el control sobre ellas[4], basados en cosmovisiones rígidas, centradas en la aversión por “el otro”, así como la demonización de los esfuerzos que se oponen a la fijación de estereotipos calificándolos como “ideología de género”[5]. Algunos de estos grupos suelen imponer su interpretación de las doctrinas religiosas u otras[6], por lo que las leyes y las políticas que promueven se sustentan en ideas estereotipadas y sexistas sobre las relaciones de género, las cuales discriminan claramente a las mujeres[7] y personas LGBTI. Siendo así, a la Experta le preocupa la creciente aceptación de este tipo de discursos entre lo/as principales candidato/as, partidos políticos y medios de comunicación, lo que tiene graves consecuencias y empodera a fundamentalistas y extremistas.

Por ello, los grupos que promueven causas fundamentalistas y extremistas no pueden ser considerados defensores de los derechos humanos por constituir fundamentos ideológicos para la violación de los mismos. En ese sentido, la Experta advirtió que los fundamentalistas a veces intentan promover sus causas o resguardarse de las críticas empleando el lenguaje de los derechos humanos y de la libertad de religión; sin embargo, no se puede reconocer derecho alguno a un grupo o individuo para emprender actividades encaminadas a la destrucción de los derechos humanos[8].

En cuanto a los impactos del fundamentalismo, pueden ser diversos; sin embargo, suele repercutir de forma desproporcionada en los derechos de las mujeres y personas LGBT. Lo que se evidencia en la presión que ejercen la Iglesia Católica y los movimientos evangélicos en las organizaciones de mujeres de América Latina que luchan por la salud y los derechos reproductivos[9]. Asimismo, se registra que los fundamentalistas atacan la educación de diferentes maneras, en un intento de imponer su visión del mundo[10], como lo que sucede en Perú, donde las iniciativas para fomentar la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas LGBT en las escuelas se ven frustradas por acciones fundamentalistas concertadas. Por tanto, la medida más importante que pueden adoptar los Gobiernos para derrotar al fundamentalismo es garantizar la educación con un sistema de enseñanza de carácter laico y no sexista que promueva una cultura de igualdad de género[11].

Cabe precisar que, La Relatora Especial hace hincapié en que es obligación de los Estados prevenir y sancionar los actos cometidos por los agentes no estatales (grupos de sociedad civil, iglesias, etc.) fundamentalistas y extremistas contra los derechos humanos, de lo contrario puede ser responsable de dichos actos al no adoptar medidas con la diligencia debida para impedir la violación o para investigar y castigar los actos de violencia [12].

En ese sentido, instamos al Estado peruano a considerar los estándares señalados a tomar públicas frente a los discursos y acciones de grupos fundamentalistas contrarias al sistema de derechos humanos, en nuestro país. Pues vienen actuando impunemente obstaculizando el reconocimiento y garantía de los  derechos humanos de las personas LGBTI y de los derechos sexuales y reproductivos; además de incitar a la violencia y discriminación contra las mujeres y personas LGBTI en diversos ámbitos.

________________

[1] Zeinabou Hadari, citada en Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the Fight against Muslim Fundamentalism (Nueva York, W.W. Norton and Company, 2013), pág. 82.
[2] Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales Karima Bennoune, presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 28/9 del Consejo de Derechos Humanos. Fecha: 17 de julio de 2017 (A/72/155)., párr. 02y 95
[3] Ibidem., párr. 04 y 06.
[4] Ibidem., párr. 15.
[5] Ibidem., párr. 07.
[6] Ibidem., párr. 12.
[7] Ibidem., párr. 16
[8] Ibidem., párr. 55
[9] Ibidem., párr. 57.
[10] Ibidem., párr. 88.
[11] Ibidem., párr. 97.
[12] Ibidem., párr. 45.