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Promsex solicita retiro del cargo a la Presidenta de la Comisión de la Mujer

12/10/2017/por yellows

La congresista fujimorista Maritza García justificó la violencia de género basándose en estereotipos que atentan a los derechos humanos.

Las expresiones de justificación de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Maritza García ante la violencia de género que se vive en el país son rechazadas por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex. En ese contexto, la Organización No Gubernamental (ONG) solicita a la bancada fujimorista removerla de su cargo por su falta de idoneidad a favor de la lucha por la igualdad de género, así como por defender graves atentados a los derechos humanos, basándose en estereotipos.

Este miércoles 6, durante la última sesión de la Comisión de la Mujer del Congreso, la parlamentaria fujimorista Maritza García consideró que las mujeres «no deben utilizar términos que pudieran afectar psicológicamente» a los hombres, al intentar disculpar la violencia de género. El hecho ocurrió en medio del debate en torno al proyecto de la también fujimorista Nelly Cuadros que plantea declarar «de interés público» el «fortalecimiento de la familia».

Un video publicado en redes sociales evidencia el instante en que la titular de la Comisión ‘aclara’ a la congresista Indira Huilca que cuando minutos antes hablaba de «violencia» lo hacía no con la intención de que las mujeres se quedaran calladas frente al abuso, sino porque también se debía «proteger a los varones» evitando, en otras palabras: provocarlos.

«Cuando me refería al tema de la violencia, no era que yo estaba promoviendo que las mujeres guardaran silencio o sean víctimas o provoquen actos de violencia, sino que también protegemos a los varones y que las mujeres no debemos utilizar términos que pudieran interferir o afectarlos psicológicamente. Como presidenta de la Comisión de la Mujer, obviamente siempre voy a estar frente a la familia independientemente de su sexo o género», argumentó García.

La reacción de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer fue inmediata, criticando lo dicho por Martiza García en calidad de presidenta de esta Comisión y recordando que hace poco suscribió el proyecto de ley del congresista evangélico Juan Carlos Gonzales que plantea la eliminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el de Desarrollo e Inclusión Social, para así crear uno solo denominado Ministerio de la Familia e Inclusión Social.

El proyecto de la fujimorista Nelly Cuadros -conocida también por oponerse abiertamente al reconocimiento de derechos a las personas LGTBI y a las políticas de igualdad de género- generó el debate en el que García realizó las expresiones que hoy ya han planteado la exclusión de su participación en esta presidencia por el perfil inapropiado para quien preside en el Parlamento una comisión que vela por los derechos de las mujeres. Paradójico pero real e inaceptable.

Por maternidades elegidas y celebradas

28/09/2017/por Rossina Guerrero

Rossina Guerrero*] Promsex.- En los años 2001 y 2009 las comisiones revisoras del Código Penal del Congreso de la República recomendaron despenalizar el aborto en caso de violación sexual y malformaciones incompatibles con la vida. En el año 2014 más de 60,000 ciudadanas y ciudadanos llevaron al Congreso una iniciativa ciudadana transformada en el Proyecto de Ley 3839/2014-IC, que acogía las recomendaciones de dichas comisiones revisoras, planteando que se incluya como causal de aborto no punible al aborto en casos de violación sexual.

El debate congresal, vacío de argumentos y lleno de declaraciones ofensivas contra las mujeres y de argucias por parte de congresistas, para no contar con el quorum que pudo permitir un Dictamen favorable en la Comisión de Constitución y Reglamento, concluyó con el archivamiento de esta iniciativa en manos del conservadurismo en la Comisión de Justicia y Derechos humanos. El tiempo de vigencia del Proyecto se acabó con el fin del gobierno de Ollanta Humala.

En el 2016, congresistas de diferentes bancadas presentaron el Proyecto de Ley 387/2016 – CR en el cual insisten en que el Congreso despenalice el aborto por violación e incorpora la despenalización en casos de malformaciones incompatibles con la vida fetal extrauterina. Este proyecto no ha tenido el impulso debido por parte de sus firmantes y se encuentra pendiente de debate en el Congreso a casi un año de su presentación.

El Perú vive en un CONTEXTO DE URGENCIA donde la violación sexual es habitual y tiene sobre todo rostro de niña o adolescente, violaciones que pueden dar como resultado un embarazo impuesto y una maternidad forzada. Y se calcula que cada año alrededor de 1,000 recién nacidos fallecen por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Las mujeres son forzadas a continuar con un embarazo que no llega a buen puerto, que las lleva a un duelo inesperado; mujeres que a lo mejor deseaban este embarazo y recibieron esta terrible noticia, sin poder si quiera optar por interrumpirlo, para incluso intentar embarazarse nuevamente.

Desde 1924 queda claro que cuando el derecho a la vida y salud de las mujeres se encuentra en riesgo, el aborto es una opción válida para salvaguardar sus derechos; por eso el aborto terapéutico es legal, sin embargo, contradictoriamente, el actual Código Penal sanciona a las mujeres que desean terminar un embarazo producto de una violación sexual o cuando el feto tiene malformaciones incluso si estas son incompatibles con la vida.

Esta Ley que considera que la violación sexual o un embarazo con malformaciones no daña la salud o pone en riesgo la vida de las mujeres tiene 93 largos años de vigencia, y es momento de solucionar esta situación que solo pone en un riesgo innecesario a miles de mujeres en el país de sufrir los impactos de un aborto inseguro o una maternidad forzada.

Dejar decidir a las mujeres para que sus embarazos y maternidades sean elegidas y celebradas es el mínimo derecho que se les debe reconocer en una democracia, el país tiene una deuda muy grande con estas mujeres, por ello avanzar hacia la despenalización de estas causales de aborto se considera un imperativo mínimo por el derecho a la vida, salud y dignidad de las mujeres.

(*) Rossina Guerero es directora de incidencia política de Promsex

Pequeños pasos, un largo camino: Avances normativos en materia de no discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Perú

03/07/2017/por Promsex

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el pasado mes de mayo, ILGA1 hizo público su informe Homofobia de Estado – Estudio jurídico mundial sobre la orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento (2017)[2]. Este informe anual, publicado desde 2006, se ha convertido en un recurso de referencia para conocer la situación de los Derechos Humanos de la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) en el mundo.

La realidad de esta población continúa siendo compleja y preocupante, debido principalmente a la violencia institucional que ejercen los Estados y el gran impacto conseguido por los fundamentalismos religiosos. Según los datos ofrecidos por ILGA (2017), 72 estados penalizan todavía las relaciones entre personas del mismo sexo; en 8 de ellos se castiga con pena de muerte a las personas LGBTI y en 14 con penas privativas de libertad (desde 14 años hasta la cadena perpetua).

Es cierto que la igualdad plena se encuentra lejana aún, pero también es necesario advertir avances legales que representan importantes conquistas. Hoy encontramos en el mundo 9 países que protegen la orientación sexual y la identidad de género en sus constituciones, mientras que 63 cuentan con leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Actualmente 22 estados reconocen el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y 28 la unión civil, de ellos 26 permiten también la adopción conjunta (ILGA, 2017).

En el contexto americano hay motivos para la esperanza. Bolivia y Ecuador incluyen en sus Constituciones la prohibición por razón de orientación sexual e identidad de género; Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay reconocen el matrimonio igualitario; y Ecuador y Chile permiten la unión civil. Lamentablemente, Perú no se encuentra en ninguno de estos casos. En nuestro país, proyectos de ley como el de Unión Civil (N° 718/2016-CR), Identidad de Género (N° 790/2016-CR), Matrimonio Igualitario (N° 961/2016-CR) y Crímenes de Odio (N° 1378/2016-CR) esperan ser debatidos por el Congreso de la República durante la próxima legislatura, con limitadas expectativas de ser aprobados. Pendiente de ser debatida y ratificada también por el Parlamento se encuentra la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia3 (firmada por el Estado peruano el 25 de octubre de 2016), que incluye la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación.

En este sentido, Perú converge con otros países sudamericanos como Paraguay y Venezuela, todos ellos Estados que no cuentan, hasta el momento, con ninguna legislación específica que tenga por objeto reconocer y proteger los Derechos Humanos de la población LGBTI. Perú debe recorrer todavía un largo camino para garantizar efectivamente la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, no es posible ignorar que recientemente se vienen reproduciendo los esfuerzos (todavía tímidos e insuficientes) para comenzar a incluir la problemática de la diversidad sexual y de género en las políticas públicas nacionales y locales, como refleja el Informe N° 175 de la Defensoría del Pueblo sobre Derechos Humanos de la Población LGBTI4, primer informe oficial de una entidad pública del Estado sobre esta temática. Todo ello muy a pesar de la persistencia de ciertos sectores políticos y religiosos, como la mayoría parlamentaria fujimorista, por negar sistemáticamente la dignidad de las personas LGBTI.

A continuación, realizamos una revisión sucinta de las principales normas que han iniciado la, todavía incipiente, incorporación de la perspectiva de orientación sexual e identidad de género. Estos avances aparecen respaldados por el artículo 2 de la Constitución Política peruana que reconoce la igualdad ante la ley como derecho fundamental. Es necesario destacar que el texto constitucional no recoge expresamente la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación, sin embargo, el Código Procesal Constitucional5 (artículo 37) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano (caso Karen Mañuca6) sí lo hacen.

En primer lugar, en el plano de las normas legislativas, encontramos la Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar7. Esta ley considera como sujetos de protección a aquellas mujeres con opciones sexuales diversas, pero no aborda de manera expresa la violencia por identidad de género. Este enfoque fue reafirmado posteriormente en el reglamento de la ley, que reconoce la orientación sexual (pero no la identidad de género) como causa de vulnerabilidad ante la violencia. Por el momento, esta es la única ley del Estado peruano que protege expresamente la orientación sexual.

En segundo lugar, aparece un conjunto de planes nacionales y normas técnicas que representan la modalidad normativa en la que mayores avances se han registrado en materia de orientación sexual e identidad de género. Probablemente ello obedece a las acciones de incidencia política y vigilancia social articuladas por las organizaciones de sociedad civil en los espacios de consulta y colaboración que el Estado ha abierto para fomentar la participación ciudadana.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es el sector donde se concentran los avances más relevantes en esta materia. No podemos olvidar que este ministerio cuenta con dos espacios de trabajo articulado con las organizaciones que trabajan en defensa de los Derechos Humanos de la población LGBTI: la mesa de trabajo para promover los derechos de las mujeres lesbianas (Resolución Ministerial N° 099-2016-MIMP8) y la mesa de trabajo para promover los derechos de las personas GTBI (Resolución Ministerial N° 294-2016-MIMP9).

El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP)10 plantea como una de sus metas principales la reducción de la violencia de género en sus diferentes expresiones, incluyendo la disminución de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual de la víctima. Sin embargo, no incluye referencias sobre la violencia por razón de identidad de género. En la actualidad, el MIMP trabaja en la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Igualdad de Género y No Discriminación 2017-2021, que se espera que iborde la realidad de vulnerabilidad de la población LGBTI.

El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP)11 recoge también la violencia por orientación sexual (mas no por identidad de género) como una modalidad de violencia de género y reconoce la diversidad de las mujeres (lesbianas, bisexuales y trans) en su primer objetivo estratégico. Sin embargo, no señala acciones específicas para prevenir este tipo de violencia de manera integral y especializada.

En el ámbito del MIMP existe también el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017 (Decreto Supremo N° 002-2013-MIMP)12, que recoge la orientación sexual (mas no la identidad de género) como un factor de particular vulnerabilidad en el proceso de envejecimiento de las personas.

Este sector del Estado es el único que ha aprobado unos Lineamientos de Atención Integral a Personas LGBTI en sus servicios (Resolución Directoral 017-2016-MIMP-PNCVFS)13. Dicha norma ofrece lineamientos técnicos para la atención de personas LGBTI en los servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), especialmente en los Centro de Emergencia Mujer (CEM).

El otro ministerio donde se han registrado avances considerables en la incorporación de la perspectiva de orientación sexual e identidad de género es el Ministerio de Salud (MINSA). En el ámbito de este sector, encontramos el Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y el Control de las ITS y VIHS/Sida 2015-2019 (Decreto Supremo N° 035-2015-MINSA)14, que contempla entre sus acciones mejorar el acceso a la prevención de ITS y VIHS/Sida a la población gay y trans y disminuir el estigma y la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

En el sector salud existen, además, dos normas técnicas que incluyen la orientación sexual e identidad de género. Por un lado, la Norma Técnica de Salud N° 124 de Planificación Familiar (Resolución Ministerial N° 525-2016-MINSA)15 reconoce el acceso a los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación por razón de orientación sexual. Sin embargo, no hace referencia expresa a la identidad de género. Por otro lado, la Norma Técnica de Salud N° 126 de Atención Integral de la Población Trans Femenina (Resolución Ministerial N° 980-2016-MINSA)16 establece pautas para la atención en salud de mujeres trans a partir de servicios diferenciados y con especial énfasis en la prevención de ITS y VIHS/Sida.

En el ámbito del Ministerio de Educación (MINEDU), el avance normativo más importante ha sido el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (aprobado por Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU17 y modificado por Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU18), fuertemente contestado por sectores fundamentalistas religiosos opuestos a la diversidad. Este documento incorpora un enfoque transversal en su diseño, incluyendo como uno de sus enfoques la igualdad de género. Manifiesta que el currículo debe promover la capacidad de las y los estudiantes para vivir su sexualidad de manera plena y responsable; de tal forma que construyan comportamientos éticos de respeto a los derechos de los demás, sin discriminar por género u orientación sexual.

El MINEDU ha aprobado también, en el marco de sus competencias, la Política Nacional del Deporte (Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU)19, que consigna como uno de sus principios rectores la igualdad y la no discriminación por orientación sexual (mas no por identidad de género), entre otras categorías.

Con respecto al sector educación, está pendiente todavía la aprobación del Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2017-202120, a partir de una propuesta elaborada por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU). Este anteproyecto de plan incluye el respeto a la diversidad y pretende fomentar acciones para superar la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, especialmente en el ámbito educativo.

También existen planes nacionales en otros sectores que incorporan igualmente el enfoque de igualdad, reconocen la vulnerabilidad de la población LGBTI y prohíben la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género, como el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2015-2024 (Decreto Supremo N° 003-2016-MINCUL)21 y el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (Decreto Supremo N° 017-2017-MININTER)22.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) se encuentra elaborando actualmente el Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021 y cuenta con los aportes de una mesa de trabajo, formada por organizaciones de sociedad civil, que aborda de manera específica las necesidades y demandas de la población LGBTI. Según el compromiso del ministerio23, este plan incluirá de manera integral la necesidad de protección derechos de la población LGBTI.

Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) está impulsando el proceso de elaboración del Plan Nacional contra la Indocumentación 2017-2021, que abordará previsiblemente los problemas que enfrentan las personas trans y otros grupos en situación de vulnerabilidad en el acceso al reconocimiento legal de su identidad.

Otra entidad autónoma del Estado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), viene implementando la primera encuesta virtual sobre las condiciones de vida de las personas LGBTI en Perú24, instrumento que contribuirá decisivamente a recopilar y sistematizar información sobre la realidad de esta población históricamente vulnerabilizada.

En el ámbito subnacional también se registran avances normativos de interés. Según datos de Promsex25, actualmente existen en el país 16 ordenanzas regionales contra la discriminación que protegen expresamente la orientación sexual y/o la identidad de género (8 solamente la orientación sexual y 8 ambas categorías) y 68 ordenanzas provinciales y distritales (57 protegen la orientación sexual y 11 también la identidad de género). Además, como forma de avanzar en el desarrollo de estas ordenanzas, Loreto se ha convertido en la primera región del país en aprobar un Plan Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (Ordenanza Regional Nº 027-2016-GRL)26.

Después de la histórica práctica de inacción, como decisión pública del Estado, frente a la violencia sistemática experimentada por la población LGBTI, hoy encontramos tímidos avances normativos que comienzan a visibilizar la diversidad sexual y de género como un problema público que amerita una respuesta estatal. Por supuesto, todavía se trata de esfuerzos incipientes e inconexos que no logran dar forma a una política pública integral e intersectorial de igualdad y no discriminación, pero que representan pequeños pasos en el largo (y complejo) camino que falta por recorrer. El desafío está ahora en saber articular y coordinar estos avances normativos para que sean eficaces en la lucha contra la desigualdad y la discriminación y por la mejora de la calidad de vida de las personas LGBTI como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.

Columna escrita por Alberto Hidalgo, politólogo latinoamericanista y activista gay, para IUS 360

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1 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA).

2 Disponible en: http://ilga.org/downloads/2017/ILGA_Homofobia_de_Estado_2017_WEB.pdf

3 Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.pdf

4 Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/Informe-175–Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf

5 Disponible en: http://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/institucional/normatividad/codigo_procesal.pdf

6 Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html

7 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1/

8 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/conforman-el-grupo-de-trabajo-denominado-mesa-de-trabajo-pa-resolucion-ministerial-no-099-2016-mimp-1370931-1/

9 Disponible en: http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/11/07/1449761-1.html

10 Disponible en: http://www.mimp.gob.pe/files/planes/planig_2012_2017.pdf

11 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-contra-la-viol-decreto-supremo-n-008-2016-mimp-1408988-1/

12 Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/archivos/planpam3.pdf

13 Disponible en: http://descarga.notengomiedo.pe/archivo/MIMP-LineamientosViolenciaLGBTI.pdf

14 Disponible en: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2015/D_S_035-2015-SA.pdf

15 Disponible en: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2016/RM_652-2016-MINSA.pdf

16 Disponible en: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2016/RM-_N_980-2016-MINSA.pdf

17 Disponible en: http://www.ugel04.gob.pe/servicios/documentos-oficiales/resoluciones/2855-resolucion-ministerial-n-281-2016-minedu/file

18 Disponible en: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/rm-n-159-2017-minedu.pdf

19 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-nacional-del-deporte-decreto-supremo-n-003-2017-minedu-1519268-1/

20 Disponible en: http://juventud.gob.pe/media/publications/Plan-Estrategico-Nacional-de-Juventud.pdf

21 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-desarrollo-p-decreto-supremo-n-003-2016-mc-1404903-3/

22 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-contra-la-trata-decreto-supremo-n-017-2017-in-1530366-1/

23 Perú21, 31 de diciembre de 2016: http://peru21.pe/politica/plan-nacional-derechos-humanos-2017-incluye-gays-lesbianas-bisexuales-y-transexuales-2266543

24 INEI, 17 de mayo de 2017: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-realizara-la-primera-encuesta-virtual-para-personas-lgbti-en-el-peru-2017-a-realizarse-del-17-de-mayo-al-17-de-agosto-9731/

25 IUS360, 23 de septiembre de 2016: http://ius360.com/columnas/la-prohibicion-de-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-en-las-ordenanzas-regionales-2/

26 Disponible en: http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-plan-regional-contra-la-discriminac-ordenanza-no-027-2016-grl-cr-1507648-3/

Imagen: captura de pantalla de http://ius360.com/columnas/son-ninas-no-madres/

Son niñas, no madres

15/05/2017/por Promsex

«Tengo 12 años. Mi hijo ya tiene 12 meses. Yo cursaba tercer grado de primaria cuando mi padrastro abusó de mí. […]» [1].

Este es, tan solo, uno de los múltiples y desgarradores testimonios de la situación de violencia sexual y embarazo forzado en niñas y adolescentes que asola Latinoamérica. Una problemática que trunca miles de vidas. Y lo hace porque, cuando ocurre, la salud física, psíquica y social de estas se ve gravemente afectada, así como sus proyectos de vida, ya que la maternidad que se les impone les obliga normalmente a abandonar sus estudios, les dificulta su inserción en el mercado laboral y se multiplica su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia. No cabe duda que este es un grave problema de salud pública y de derechos humanos.

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Imagen tomada de http://www.elquintopoder.cl

El derecho a la igualdad y el derecho a la educación en la mira

06/03/2017/por Promsex

A finales de diciembre del año pasado se desplegó una campaña liderada por los principales representantes del extremismo religioso del país denominada #ConMisHijosNoTeMetas. Dicha campaña se opone, principalmente, al Currículo Nacional de Educación Básica por incluir como enfoque transversal de dicha herramienta el enfoque de igualdad de género.

En las últimas semanas esta campaña ha saltado del debate público al judicial debido a que un grupo de padres de familia, a fines a la campaña antes mencionada, denominado «Padres en Acción», presentaron una demanda de Acción Popular ante el Poder Judicial solicitando que el Currículo Nacional de Educación Básica (en adelante «el Currículo») sea declarado inconstitucional por, principalmente, la incorporación del enfoque de igualdad de género e incluir medidas de no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

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Imagen tomada de http://internacional.elpais.com

El baile de los que sobran: a propósito de la campaña en contra de la igualdad de género

06/03/2017/por Susana Chavez

Este parece ser el corolario de una nefasta campaña pública que, durante los últimos tres meses, el Congresista Rosas, su hijo Cristian y algunos oscuros personajes políticos vienen impulsando. Se trata de una campaña nociva y mentirosa en contra del currículo escolar, siguiendo una estrategia regional concertada de ciertos sectores evangélicos ultramontanos, que pretende obtener los resultados que lamentablemente sí lograron en Colombia, con un duro revés a los Acuerdos de Paz y la renuncia de la ministra de Educación, y en México, atentando contra los contenidos curriculares relativos a la educación sexual.

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Reflexiones en torno a los votos disidentes en la sentencia del TC sobre identidad de género

26/01/2017/por Promsex

Sin duda, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en el EXP. N.° 06040-2015-PA/TC, mediante la cual se reconoce que la identidad de género forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal y que, por tanto, merece protección constitucional, constituye uno de los avances más importantes en materia de derechos humanos para las personas trans en el país; sin embargo, la misma ha sido criticada incluso por algunos magistrados del mismo TC.

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Sobre sentencia del Poder Judicial a favor del matrimonio homosexual

26/01/2017/por Promsex

Brenda Alvarez, asesora legal de PROMSEX, nos comenta sobre la sentencia emitida por el Poder Judicial que ordena a RENIEC reconocer e inscribir el matrimonio del peruano Óscar Urgarteche y el mexicano Fidel Aroche realizado en México.

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Imagen tomada de http://www.otramirada.pe/

El deber de educar y “deconstruir” la ideología patriarcal

26/01/2017/por Jennie Dador

Quienes se oponen a que las niñas y niños peruanos reciban desde la escuela, una educación basada en el respeto al derecho a la igualdad, lo que ellos insisten en mal llamar «ideología de género», son en realidad, dignos defensores de la ideología patriarcal.

La ideología patriarcal es la que legitima la discriminación y la violencia de género. Bajo la construcción patriarcal se sostienen una serie de privilegios para obtener ventajas y beneficios a costa de las mujeres, que han sido situadas en una posición de inferioridad. Esto es justamente lo que origina las brechas de género, que tienen muestran reales y objetivas en la sociedad peruana: feminicidio y los crímenes de odio, el acoso y la violación sexual, el embarazo forzado y la deserción escolar; la plusvalía que genera el menor salario que se le paga, la menor participación social y política, entre otras.

Sin embargo, la igualdad y la prohibición de discriminar es un derecho humano reconocido en el artículo 2° de la Constitución política. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que la igualdad posea una doble significación. En primer lugar, es un principio rector de todo el ordenamiento jurídico, la organización y actuación del Estado; y de otro lado, es un derecho subjetivo que confiere a toda persona el derecho de ser tratada igual que los demás en relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes.

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Imagen tomada de http://enfoquederecho.com/

Control Parlamentario sobre la facultad legislativa delegada y el Decreto Legislativo 1323 que sanciona actos discriminatorios motivados por la orientación sexual e identidad de género

16/01/2017/por Promsex

¿Lo establecido en el Decreto Legislativo 1323 contraviene a la Constitución Política?¿Acaso excede las facultades otorgadas por el Congreso de la República?

En el marco del artículo 104 de la Constitución Política, mediante la Ley N° 30506 el Congreso de la República delegó facultades al Ejecutivo para legislar en materias diversas incluida la de Seguridad Ciudadana, por el plazo de 90 días. Así, la ley autoritativa, en el artículo 2, numeral 2, literal a, determinó que el Ejecutivo podía “(…), modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal (…) para combatir la violencia familiar y la violencia de género”.

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