El pasado 27 de octubre, el diario digital El Búho de Arequipa, dio cuenta de un hecho lamentable. Cuatro adolescentes del colegio «Esclavas del Sagrado Corazón de Jesus» habrían intentado suicidarse. Al ser interrogadas, una de ellas testimonió que «era maltratada por las amigas de su aula, tildándola de lesbiana.» Y que sus tres compañeras también eran constantemente agredidas psicológicamente.

En efecto, el Estudio Nacional sobre Clima Escolar en el Perú 2016, realizado por PROMSEX[1], analizó la realidad de los y las estudiantes lesbianas,, gais, bisexuales, trans o intersexuales (LGBTI) que son víctimas de violencia en las instituciones educativas de nuestro país; dando cuenta del impacto de la violencia que se produce entre el alumnado por el estigma y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Claro está, que este tipo de violencia, afecta al alumnado en general, y no sólo a quienes se perciben como LGBTI.

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El pasado 28 de septiembre se celebró el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La conmemoración se remonta al año 1990, en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Argentina, donde se decidió hacer un llamado mundial al respecto. El mismo tiene un fundamento de peso pues, durante el periodo comprendido entre los años 1990 a 1994, la tasa anual mundial de abortos era de 50 millones y, de hecho, las cifras actuales señalan que esta tasa ha aumentado a 56 millones en el periodo de 2010 a 2014[1]. De esa cantidad, un elevado número de abortos eran (y siguen siendo) inseguros, especialmente los practicados en regiones en desarrollo. Así, por ejemplo, de los 4.4 millones de abortos realizados en 2008 en la región latinoamericana, el 95% fueron inseguros[2], ocasionando muertes maternas totalmente innecesarias y, lo que es peor, evitables. Sin embargo, la mayoría de estos países continúan penalizando el aborto, y varios de ellos sin excepción alguna, con lo que la tasa de abortos inseguros continúa elevándose.

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Sin duda, las esterilizaciones forzadas que se realizaron en el Perú, en materia de derechos sexuales y reproductivos, fue una de las peores cosas que ocurrió en la década de los 90’s, pero ello no debe hacernos ignorar que la falta de atención de la salud sexual y reproductiva, sucedida en los posteriores gobiernos, ha sido parte de lo mismo.

Al contrario de lo esperado, el retorno a la democracia no fue para garantizar derechos a las mujeres, ni para los y las jóvenes. Sirvió más bien de plataforma para que los más tenaces opositores a los derechos de las mujeres impusieran sus políticas.

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