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Portada Memoria institucional 2020 de Promsex. Imagen de mujere sonriendo

Memoria institucional 2020

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Compartimos nuestra Memoria Institucional del año 2020, en la cual damos cuenta del trabajo realizado en un año marcado por la más grave emergencia sanitaria y social a nivel nacional y mundial producida por la COVID-19. En el año 2020, Promsex cumplió 15 años de vida institucional, y a pesar del difícil contexto, continuó aportando con su trabajo en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y no discriminación. En este año se inició también la implementación del nuevo Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, cuyos avances se irán dando cuenta en este documento.

Fachada del Tribunal Constitucional con el hashtag EleccionesTC

[PRONUNCIAMIENTO] Elección de magistrados/as del Tribunal Constitucional

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El día lunes 21 de junio, en el marco del proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional ante el Congreso de la República, el aspirante a magistrado Carlos Hakansson Nieto afirmó que está en contra del aborto porque “es un firme creyente del derecho a la vida, y no concibe a ningún constitucionalista que esté a favor del aborto”.

Al respecto, desde Promsex consideramos que estas afirmaciones van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres y del marco constitucional, por lo siguiente:

  1. Nuestra Constitución proclama que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, en tal sentido son un fin en sí mismo y no medios para la realización de los otros, de ahí que reconoce a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la igualdad y la no discriminación.
  2. El aborto, en ocasiones, es la única forma que existe para proteger la salud de un daño grave y permanente, así como para salvaguardar la vida de las mujeres. Por lo que, nuestro ordenamiento jurídico  reconoce que el aborto es posible y está permitido en determinadas circunstancias, según lo establecido por el artículo 119 del Código Penal y Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica (MINSA). Por lo que es imperativo que se cumpla con garantizar la aplicación de dicha normativa con miras a evitar la criminalización que obstaculiza el derecho a una salud integral.
  3. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Imponer la obligación de continuar un embarazo, incluso cuando este pueda poner en riesgo el proyecto de vida, salud y la propia existencia de la mujer, resulta una forma evidente de discriminación que va en contra de los derechos fundamentales de las mujeres y de un Estado Constitucional de Derecho. La mejora de esta situación es todavía una deuda pendiente que tiene el país, más aún considerando el marco normativo internacional que plantea estándares más protectores de los derechos humanos.
  4. Los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional tienen la competencia y el mandato constitucional de garantizar los derechos de las mujeres sin discriminación sobre la base de la ley, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sus decisiones no pueden basarse en opiniones personales o creencias religiosas, sino que deben buscar siempre garantizar los derechos fundamentales y el orden democrático constitucional.

Desde Promsex rechazamos que se pretenda establecer las valoraciones personales de los candidatos que van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación como criterios válidos para la elección de magistrados/as del Tribunal Constitucional. Consideramos que la elección de nuevos miembros en el Tribunal Constitucional debe guardar todas las garantías de un proceso transparente y con legitimidad para que los nuevos integrantes resguarden los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y en el marco del Bicentenario de nuestra República.

Lima, 23 de junio de 2021

Promsex

Imagen de la fachada de un canal de televisión con el hashtag #LibertadDeExpresión

[PRONUNCIAMIENTO] Libertad de expresión e información son necesarias para garantizar la democracia

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Desde Promsex nos unimos al rechazo de la ciudadanía por el despido y renuncia forzada de los periodistas del programa Cuarto Poder: Anuska Buenaluque, Karina Borrero, René Gastelumendi, Carlos Hidalgo, David Gómez Fernandini, Daniel Yovera, Carlos Fonseca, Carola Miranda y Gabriela García Hildebrandt; quienes han sido víctimas del abuso empresarial que cruza la línea de la ética periodística y el derecho a la libertad de información y expresión.

La prensa independiente ha sido siempre fundamental para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, sin ella hoy no conoceríamos las atrocidades del Sodalicio, esterilizaciones forzadas, desapariciones de defensores de DD.HH., casos de vulneraciones a víctimas de violencia sexual como L.C. y Camila, así como de personas LGBTI que sufrieron agresiones y tortura, judicializados tanto nacional como internacionalmente. 

Tampoco olvidamos cómo la prensa independiente durante muchos años acompañó la exigencia del protocolo de aborto terapéutico que rige desde el 2014. Gracias a ella, desde distintos enfoques conocimos de cerca cómo operaba el grupo de opositores antiderechos «con mis hijos no te metas», que intentaron y continúan articulando, para arrebatarnos el enfoque de género de la política educativa, a pesar de ser uno de los pocos instrumentos para prevenir la violencia en estos espacios. 

Sin sus investigaciones independientes, no parcializadas, hoy no seríamos la misma sociedad en la que durante muchos años situaciones como estas no se visibilizaban y denunciaban. Desde la investigación periodística con enfoque de DD.HH. y cuidado de las víctimas, se puso también en evidencia a personajes nefastos que intentan boicotear las políticas públicas, en desmedro de las personas que más lo necesitan.

Como ciudadanía, nos unimos a la indignación y rechazo a que los medios de comunicación abdiquen en su labor de informar de manera independiente del poder político, y exigimos que desde las señales televisivas, que son un bien público, se respete nuestro derecho ciudadano a recibir información veraz y contrastada.

 

Lima, 9 de junio de 2021

Promsex

Niños en un salón de clases con el hashtag #Elecciones2021

[PRONUNCIAMIENTO] La educación con enfoque de género permite erradicar la violencia

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Las organizaciones abajo firmantes, en el marco del debate presidencial de la segunda vuelta, expresamos nuestra preocupación por la ausencia de propuestas para prevenir y disminuir la violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI.

Reconocemos que la escuela es un espacio de aprendizaje, no solo para los niños y las niñas, sino también para lograr cambios en su entorno familiar y social, por ello este espacio debe tener un rol fundamental en la prevención de todas las formas de violencia.

El Estado Peruano es signatario de compromisos internacionales, que reconocen a la igualdad de género como parte de los derechos humanos y al enfoque de género como su principal herramienta para lograr dicha igualdad. Así también lo han reconocido el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

En el marco del Bicentenario, no se puede retroceder. Es urgente que el país insista en promover una política de educación basada en valores de derechos humanos y de no discriminación, que permita a nuestros niños y niñas crecer y crear un futuro diferente donde igualdad de oportunidades esté basada en el reconocimiento de sus potencialidades, sin estereotipos, prejuicios ni violencias que limiten su desarrollo.

 

Lima, 1 de junio de 2021

INSTITUCIONES / ONGS:

  1. Asociación Kallpa
  2. Asociación Nacional de Centros – ANC
  3. Amnistía Internacional Perú
  4. Católicas por el Derecho a Decidir Perú
  5. Asociación Civil Quinta Ola
  6. Centro de Cuidado Integral de Salud – Cecis
  7. Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud – CEPESJU
  8. Instituto Peruano de Paternidad Responsable – Inppares
  9. Movimiento Cultural Igualdad y Futuro LTGB y TS
  10. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria
  11. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS
  12. Colectiva Mujer y Poder
  13. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – GTCC
  14. Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa
  15. Fundación Ayuda en Acción
  16. Asociación Humanidad Libre
  17. Movimiento Manuela Ramos
  18. Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS Trujillo
  19. Plan International – Perú
  20. Promsex

 

COLECTIVAS, MESAS Y ARTICULACIONES:

  1. Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y Desarrollo Integral – CONAMOVIDI
  2. Colectivo Marcha del Orgullo LGTBI – Lima
  3. Colectivo Educación e Igualdad
  4. Mesa de Concertación de Genero del distrito de Comas
  5. Acción Internacional para la Salud
  6. Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans
  7. Mesa de Concertación LTGBI Región Piura
  8. Chicos Rosados
  9. Mesa de Genero Comas
  10. Movimiento Lesbia
  11. Colectivo Sonqo Warmi Cusco
  12. Mesa Concertación de Género Comas
  13. Colectivo por la Igualdad de Género – Piura
  14. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres del Cusco
  15. Amigos del Sol Perú
  16. AAQP Feminista
  17. CPM Micaela Bastidas
  18. Transformando Lima
  19. CPM Micaela Bastidas
  20. Ni Una Menos Arequipa
  21. Madres en Acción
  22. Warmikuna Raymi

 

DEFENSORAS/ES DE DDHH:

  1. Anabel Tinoco Salazar
  2. Romy García Orbegoso
  3. Milagros Mendoza Urbina
  4. Raisa Ferrer Pizarro
  5. Eduardo Rojas Gil
  6. Mariela Belleza Salazar
  7. Tyra María Guicchetti Chávez
  8. Graciela De La Cruz Pantaña
  9. Humberto Yllescas Quiroz
  10. Nadia Lazo Rivera
  11. Angela Coz Alarcón
  12. Carol Ruiz Morán
  13. Cristina Valega Chipoco
  14. Juan Carlos de los Santos Bernal
  15. Carla Alejandra Samame Barra
  16. Patricia Ruiz Bravo
  17. Estela Gonzalez Astete
  18. Petruska Barea Castro
  19. Liliana Miranda
  20. Fanni Muñoz Cabrejo
  21. María Emilia Ladron de Guevara Zuzunaga
  22. Herlinda Zevallos Dolores
  23. Naysha Cruz Rios
  24. Carla Alejandra Samame Barra
  25. Alisson Armejo Salas
  26. Nefreteri consuelo Zapata Cordova
  27. Juana Bravo Boca
  28. Flora Castillo Minaya
  29. Alexandra Isabel Cruz Roque
  30. Lidice Lopez
  31. Saira Isabel Bustamante Sanchez
  32. Roxana Mitma Carazas
  33. Angela Sebastiani
  34. María Rosas
  35. Madeleine Zúñiga C.
  36. Maria del Pilar Portilla Zavala
  37. Nelly Esther Avendaño Roca
  38. Consuelo Carrasco
  39. Blanca Merino Vasquez
  40. Carlos Antonio Rafael Pintado
  41. Marivel Saldaña Torres
  42. Ibis Fernández Honores
  43. Liliana Panizo Muñiz
  44. Aida García Naranjo Morales
  45. Marlene Brown
  46. Russela Zapata Zapata
  47. Aida Rosario Briceño Lezama
  48. Rosa Emerita Urbano Boy
  49. Katya Zamalloa Echegaray
  50. Rocío Gutiérrez Rodríguez
  51. Alejandra Vivanco Giraldo
  52. Carmen Ayda Echegaray Ponce de León
  53. Victoria Juárez Upiachihua
  54. Verónica Chávez Jaramillo
  55. Gabriela Sialer Cuevas
  56. Irma Ganoza
  57. Cecilia Israel
  58. Marisol Fernández
  59. Olinda Fernández Patiño
  60. Yamili Ocas Medina
  61. Rosa Vilma Huillca Oré de Obregón
  62. Rossina Guerrero Vásquez
  63. Jorge Apolaya Quintanilla

Susana Chávez Alvarado

Fotografía de niña con la frase "son niñas no madres"

[NP] Son Niñas, No Madres: sobrevivientes de violencia sexual siguen esperando justicia para la restitución de su salud integral

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Susana, Fátima, Lucía, Norma y Camila fueron los nombres elegidos por cada una de las niñas que decidió levantar su voz para evitar que sus historias se repitan, y para representar a las dos de cada cien niñas latinoamericanas que, antes de los 15 años, fueron forzadas a  continuar un embarazo producto de la violencia sexual.

El próximo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se cumplirán dos años desde que Planned  Parenthood  Global, el Centro de Derechos Reproductivos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Mujeres Transformando el Mundo Guatemala  (MTM), el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR),  Surkuna  Ecuador, Fundación Desafío  y  Asociación de Mujeres Axayacatl  iniciaron un proceso de litigio estratégico ante las instancias  de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nombre de estas cinco niñas  sobrevivientes de violencia sexual de Ecuador, Perú, Guatemala y Nicaragua.

Las solicitudes presentadas en aquel momento siguen siendo las de hoy: rendición de cuentas, garantizar el acceso a la justicia y hacer posible la reparación integral para estas niñas. También se espera promover que los Estados adopten e implementen políticas públicas que protejan los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, no sólo en América Latina sino alrededor del mundo. 

Además de una acción jurídica, la presentación de los casos ante la ONU busca visibilizar las graves afectaciones a la salud que las niñas sufren en contextos altamente restrictivos frente a los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

En la víspera de este Día de Acción por la Salud de las Mujeres recordamos que los Estados están obligados a garantizar los derechos a la salud y a la vida de las niñas, a ser escuchadas en decisiones sobre su cuerpo y su proyecto de vida, y a vivir libres de discriminación y violencia. Sin embargo, los avances siguen siendo lentos e insuficientes para abordar las consecuencias de un embarazo no deseado en el bienestar integral de las niñas. 

La salud mental y la vida en juego

Un embarazo no es solo un proceso físico sino también psicológico, emocional y social, que puede incluso generar situaciones de riesgo para la salud y la vida de las niñas y adolescentes. 

Forzar a una niña o adolescente sobreviviente de violencia sexual a continuar con un embarazo resultado de este tipo de violencia afecta todas las dimensiones de su salud, incluyendo la salud mental, generando una afectación emocional que puede incluso llevarla a quitarse la vida. 

Según el informe realizado en 2015 por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) de Guatemala: “La violencia sexual y los embarazos forzados generan sentimientos como culpa, miedo, frustración y vergüenza, así como pensamientos recurrentes sobre la situación vivida e intranquilidad”.

Asimismo, el estudio desarrollado por FLACSO en el país centroamericano en 2019 bajo el título Vidas Silenciadas muestra que más de la mitad (57.14%) de las adolescentes guatemaltecas que decidieron quitarse la vida a causa de un embarazo forzado, querían seguir estudiando y tenían sueños sobre sus futuros. 

Una ruta de acción urgente

Ante los impactos desproporcionados causados por la pandemia del COVID-19 sobre los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, sostuvimos en octubre de 2020 una Audiencia Regional ante la CIDH y elaboramos el informe Violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicios de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19 con el propósito de ofrecer una hoja de ruta concreta para evitar que casos como los de Susana, Fátima, Lucía, Norma y Camila sigan ocurriendo.

En el documento se destacan cinco recomendaciones concretas para que la Comisión evalúe y monitoree a los Estados: 

  1. Reconocer que los servicios de salud sexual y salud reproductiva son servicios esenciales y deben seguir prestándose durante crisis sanitarias o emergencias, incluyendo la pandemia del COVID-19.
  2. Los Estados deben proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual y los embarazos forzados e implementar mecanismos accesibles de denuncia y de protección especial, así como protocolos de salud y salud reproductiva con orientación específica para la atención de la violencia sexual y los embarazos en niñas.
  3. Asegurar el acceso de las niñas y adolescentes a la educación, incluyendo la educación sexual y reproductiva integral, no discriminatoria, basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada en función de la edad, que además les permita identificar y denunciar hechos de violencia sexual y promueva la igualdad.
  4. Garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando haya una afectación a la vida, y/o a la salud física, mental o social, o en caso de violación.
     
  5. Adoptar estrategias urgentes sobre la base de la igualdad sustantiva para eliminar los obstáculos que permanentemente han existido para el acceso a medicación, servicios e información en materia de salud sexual y reproductiva, específicamente sobre aquellos que se han exacerbado durante la pandemia del COVID-19, y asegurar que todos los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles y estén disponibles, en particular para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.

Reiteramos estas recomendaciones a la CIDH y hacemos un llamado a los Estados de la región para que este próximo 28 de mayo Susana, Fátima, Lucía, Norma, Camila, y más niñas como ellas puedan encontrar justicia, recuperar su proyecto de vida, disfrutar su infancia y decidir cómo quieren crecer. 

Como sociedad, ahora más que nunca es momento de redoblar los esfuerzos para proteger la salud integral de las niñas. Ellas son nuestro presente y la esperanza de nuestro futuro. Nuestras acciones pueden hacer posible que vivan una niñez segura y saludable, dándoles la oportunidad de escribir sus propias historias.

En el sitio web de la campaña Niñas, No Madres se encuentra información detallada sobre la problemática de la violencia sexual y maternidad forzada en niñas que afecta a toda Latinoamérica y sobre las medidas que deben adoptar los Estados para atenderla. 

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¹ Los casos de Norma, Fátima Susana y Lucía se presentaron en mayo de 2019 al Comité de Derechos Humanos, y el caso de Camila se presentó en Octubre de 2020 al Comité sobre los Derechos del Niño.

Redes #NiñasNoMadres

Facebook: NinasNoMadres

Twitter: NinasNoMadresLA

Instagram: ninasnomadresla

Prensa:

Contacto de prensa Promsex: Ángel Pineda, 991967297 / angel@promdsr.org

Contacto de prensa Planned Parenthood Global: Marianny Sánchez Núñez, marianny.sanchez@ppfa.org

Fotografía de fachada del "Ministerio de salud" con el hashtag #aoeparatodas

Pleno del Tribunal Constitucional debe decidir sentencia definitiva sobre la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)

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  • A pesar de la última sentencia del Poder Judicial, sigue vigente la medida cautelar que le exige al Minsa distribuir de manera gratuita la AOE mientras se resuelve el caso.

Lima, 9 de febrero del 2021.- El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex ha interpuesto un recurso de agravio constitucional (RAC) para elevar el caso al Pleno del Tribunal Constitucional (TC). Actualmente, el expediente ha sido asignado a la Segunda Sala del TC, integrado por los magistrados Augusto Ferrero Costa, Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada, quienes deberán valorar si este órgano debe o  no pronunciarse sobre el tema.

Este es un caso de gran importancia por los efectos que puede tener en la salud y vida de miles de mujeres en nuestro país, por lo que solicitamos que la Segunda Sala del Tribunal Constitucional envíe este caso al Pleno para que los siete magistrados emitan una decisión final sobre la misma que esperamos sea favorable a los derechos de las mujeres en el Perú.

Claudia Castro, Asesora de Litigio Estratégico de Promsex, indica que “Este caso tiene un efecto directo que va a impactar en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes del país, y por ello el Pleno del TC debe ser quien resuelva sobre el fondo del asunto”.

Es preciso recordar que durante el 2006, el TC declaró fundada la acción de cumplimiento de las organizaciones de mujeres afirmando que la AOE es anticonceptiva y no abortiva, ordenando la distribución gratuita. Para el 2009, el TC declara fundada la acción de amparo de la ONG “Ala Sin Componenda”, prohibiendo el acceso público a este método anticonceptivo, pero sí permitiendo su venta en farmacias, y con ello solo cierto sector social y económico de mujeres podrían acceder a ella, resultando un hecho de discriminación.

En la búsqueda de reincorporar la AOE en la oferta pública de métodos anticonceptivos, Promsex desde el año 2014 patrocina judicialmente a la ciudadana Violeta Cristina Gómez Hinostroza. Producto de ello, en el año 2016, el Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió una medida cautelar, solicitada por Promsex, para que el Minsa distribuya la AOE mientras el caso no tenga una sentencia final; así mismo, este mismo juzgado en 2019 valorando la evidencia científica se pronunció favorablemente ordenando al MINSA que reponga la AOE.

Lamentablemente, en octubre del 2020, tras una nueva apelación de la ONG “Ala Sin Componenda”, la Primera Sala Civil de Lima dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que garantiza la distribución gratuita de la AOE a nivel nacional, considerando que debía ser el Tribunal Constitucional quien se pronuncie. A pesar de ello, sigue vigente la medida cautelar que le exige al Minsa distribuir la anticoncepción oral de emergencia mientras se resuelve el caso de manera definitiva.

Entre enero y octubre del 2020, se atendieron a más de 8700 casos de violencia sexual contra mujeres y se entregaron 910 “kits de emergencia”, según información del Ministerio de Salud (Minsa). Este Kit contiene medicamentos para salvaguardar la salud de una víctima de violencia sexual, entre las que se encuentra la AOE o píldora del día siguiente.

La Directora Ejecutiva de Promsex, Rossina Guerrero, señala al respecto que “Una de las razones por las que el TC prohibió la distribución gratuita de la AOE fue por un posible efecto que impediría la anidación del óvulo fecundado. Sin embargo, hoy existe mucha más evidencia que respalda que esto es falso. La misma OMS se ha pronunciado afirmando que las pastillas anticonceptivas de emergencia no pueden provocar un aborto puesto que no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación. Esta última sentencia deja un gran vacío y pone en riesgo a mujeres, niñas y adolescentes en medio de la lucha contra la pandemia. Además, pone en riesgo una herramienta muy importante como el Kit de emergencia para la atención de víctimas de violencia sexual.”

EL CASO MARÍA EN LA CIDH

Durante el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de María, una mujer peruana víctima de abuso sexual, a quien no se le brindó la AOE, entre otras atenciones. Con este caso se buscan cambios en las políticas públicas de salud que permitan una verdadera protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes. Mayor detalle detalle sobre el caso en el siguiente enlace: https://incidenciainternacional.promsex.org/2020/06/23/maria/.

 

Contacto

Cinthya Qquelcca 967 767 708
Ángel Pineda 99 1967 297

 

Fotografía de la fachada del Palacio de Gobierno del Perú con el hashtag #Elecciones2021

Una verdadera representación

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Por: David Arguedas

Hace unas semanas, en el diario El Comercio1, el politólogo Paolo Sosa indicó que la calidad de la democracia en el mundo estaba disminuyendo y que su erosión estaba siendo producida por la polarización. A través de ella se perpetraban ataques hacia las instituciones que conforman la democracia y se sacrificaban principios liberales como el pluralismo. Además, señaló que, si bien no sucumbimos a la corriente autoritaria en noviembre, el desprestigio de las instituciones democráticas y la desafección ciudadana han quedado como saldo. 

En efecto, el retroceso democrático- desarrollado bajo el concepto de backsliding2– representa un cambio político en relación con las amenazas tradicionales a las reglas democráticas. Actualmente, son las propias autoridades quienes asumen un empoderamiento autocrático a pesar de haber sido elegidas en procesos constitucionales. Como no podía ser de otra manera, este fenómeno también se encuentra asociado con el desprestigio a los adversarios y ataques a las reivindicaciones de derechos humanos, entre ellas, las de género. Resulta importante tomar estas ideas como premisas para desarrollar algunas reflexiones en torno a un contexto en el que es válido preguntarnos qué tipo de democracia estamos reconociendo. Más aún porque existe un impacto en los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas LGBTI.

Al profundizar en esto, el ejercicio reflexivo nos hace recordar las crisis políticas que hemos vivido en los últimos cinco años. Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo- elegidos democráticamente y muchas veces impulsadas por este último poder del Estado- han tenido un fuerte impacto en la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y a quienes las representan. En septiembre de 2019, semanas previas a la disolución del Congreso, su desaprobación era muy similar al que tiene el actual Parlamento, lo que da cuenta de su poca evolución favorable. A esta crisis de representación debemos añadirle el particular desgano en elegir a la persona que asumirá la presidencia de la República este año.  

Estos datos adquieren mayor sentido si rememoramos las acciones emprendidas por algunas bancadas congresales durante el periodo 2016-2019. Ellas se valieron de la legitimidad que les dio el voto popular para cuestionar y sabotear una política educativa como el enfoque de igualdad de género. El mandato de representación no fue cumplido, ya que en lugar de buscar consensos para prevenir el embarazo adolescente – que se mantiene en 13%.3– o articular medidas contra la violencia que afecta particularmente a mujeres y personas LGBTI4, se utilizaron mecanismos de control político5 para golpear al Ejecutivo que, entre el pasmo y la desidia, demoró en reaccionar sin medir las consecuencias de sus inacciones. Por ello, resulta importante recordar que valiéndose del miedo y la desinformación arribaron a un contexto polarizado para desprestigiar a los movimientos que bregaban por la igualdad6.

Teniendo esto en consideración, el escenario legislativo que nos espera puede recorrer el mismo camino de sus antecesores, pero con resultados mucho más perniciosos para la democracia que ya se siente poco representativa para niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTI. El agravamiento puede darse si desde esta institución se sostienen discursos fundamentalistas que se traduzcan en negación de derechos al no aprobar leyes reivindicativas para la identidad de género, las familias y la autonomía o en medidas legislativas que busquen atentar contra los derechos humanos de las mujeres. 

Existe la responsabilidad de que las organizaciones políticas que lleguen al Congreso con nuestro voto garanticen que la democracia no se consuma a sí misma. Para ello es importante que no se aprovechen los instrumentos legales que esta brinda. Si se le usa como excusa para negar derechos, no solo se perjudica a quienes pertenecen a poblaciones vulnerabilizadas- que dejan de creer en el sistema-, sino a la construcción de ciudadanía. La llegada al Bicentenario del Perú exige, de manera especial, que las mujeres y personas LGBTI en toda nuestra diversidad nos veamos representadas y se garantice nuestro derecho a la igualdad y a la dignidad. 

 

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Fuentes:

[1] https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/democratizacion-elecciones-2021-la-democracia-en-peligro-por-paolo-sosa-noticia/?ref=ecr

[2] Haggard, S., & Kaufman, R. (2021). Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World (Elements in Political Economy). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108957809

[3] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Endes2019/

[4] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-06/presentacion_ii_encuesta_nacional_ddhh.pdf

[5]

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/c0b9da7126e802bb052581950081afc9/?OpenDocument

[6] https://rpp.pe/politica/congreso/congresista-dijo-que-existe-una-lista-de-150-generos-y-que-hay-matrimonios-con-computadoras-noticia-1085492

Foto de la fachada del Palacio de Justicia con el hashtag #Elecciones2021

[NP] #Elecciones2021: Mayoría de propuestas no reconocen los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos

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  • Solo dos partidos incluyen propuestas para abordar el acceso a metodología anticonceptiva  y al Kit de Emergencia.

Lima, 23 de marzo del 2021.- Los problemas asociados a los derechos sexuales y reproductivos fueron los grandes ausentes del último debate televisado entre los cinco candidatos y candidatas con mayor intención de voto. La crisis de la Covid-19 ha evidenciado aún más la brecha de género y los planes de gobierno deben incluir propuestas para reducir esta realidad. 

Promsex revisó detalladamente los 18 planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para identificar si estos cumplen con los estándares de derechos humanos en el campo de la sexualidad y la reproducción. Estos hallazgos forman parte de un documento de análisis a cargo de María Jennie Dador, abogada y presidenta del Consejo Directivo de Promsex, al cual se puede acceder en: promsex.org/elecciones2021.

Algunos datos relevantes de la investigación muestran que solo doce partidos se han pronunciado sobre la violencia sexual y sus propuestas están centradas mayoritariamente en la atención, mejora y ampliación de la red de servicios o coordinación interinstitucional. Solo 4 partidos cumplen el estándar: Juntos por el Perú (JP), Partido Morado (PM), Frente Amplio (FA) y el Partido Popular Cristiano (PPC). Mientras que el resto de las agrupaciones políticas cumplen de manera parcial o mínima.

Sobre el Embarazo adolescente, solo 4 partidos se han pronunciado, de los cuales solo dos han presentado propuestas, en un país donde el índice de embarazo adolescente no ha disminuido desde hace 30 años y peor aún, en el caso del embarazo infantil forzado, donde cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres, pero solo dos partidos políticos lo consideran un problema público. Mientras que, sobre el acceso al aborto, los partidos Fuerza Popular y Podemos Perú se oponen explicitamente a este derecho. El resto de las candidaturas  transitan entre la interrupción del embarazo por violación, la  vigilancia del aborto terapéutico y la despenalización hasta las 12 semanas de gestación.

Las propuestas de los planes de gobierno, en materia de derechos sexuales y reproductivos, contrastan con la alarmante situación dejada el año 2020 con la disminución en 20% en el uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres, el incremento en 45% de la muerte materna, y con el triple de niñas de 10 años que se se convirtieron en madres.

En relación a la trata de personas, entre enero y mayo del 2019, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha registrado 201 denuncias de trata de personas a nivel nacional, de las cuales 188 eran mujeres y 13 hombres. La trata sigue siendo un problema estructural en el país, sin embargo, en esta contienda electoral solo tres partidos han incluido propuestas en sus planes de gobierno. Ninguno propone acciones para mejorar acceso a la justicia, procesar a los culpables, ni programas de protección para las víctimas.

En el caso de acceso a métodos anticonceptivos modernos y Kit de Emergencia, a pesar de ser temas urgentes se encuentran pocas propuestas. Por otro lado, solo Juntos por el Perú y el Frente Amplio incluyen propuestas en torno al acceso de métodos anticonceptivos y la entrega del Kit de Emergencia para víctimas de violación sexual. Sin embargo, sólo llegan a cumplir parcialmente los estándares sobre el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, ambos partidos basan su propuesta en mantener el Kit ya establecido por el Minsa, sin proponer cómo lidiar con las barreras de acceso persistentes.

Finalmente, sobre las propuestas en torno a los derechos de las personas LGBT, son 8 los partidos que las incluyen en su plan de gobierno. Juntos por el Perú y Frente Amplio cumplen con los estándares que implica el monitoreo del cumplimiento de leyes, protección de víctimas y capacitación a funcionarios públicos. Además, están a favor del matrimonio igualitario y la Ley de identidad de género. Por otro lado, Victoria Nacional, el PPC, el Partido Nacionalista Peruano, Podemos Perú, el Partido Morado y Fuerza Popular cumplen de manera mínima estos estándares.

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Prensa Promsex:

Angel Pineda
991967297 / angel@promdsr.org

Fotografía de bandera trans

La Asociación Americana de Psicología se pronuncia en contra de los esfuerzos por cambiar la identidad de las personas trans

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En febrero de este año, la Asociación Americana de Psicología (APA), organización científica y profesional conformada por psicólogos en toda América, se ha pronunciado en contra de los esfuerzos por cambiar la identidad de género de las personas trans (ECIG).

En su reciente resolución, este organismo ha instado a los profesionales de la salud mental a no reproducir discursos ni prácticas a favor de este tipo de procedimientos; pues tienen efectos dañinos en la salud mental de las personas trans y de género no binario.

Según la APA, cualquier esfuerzo por cambiar la identidad de género de una persona supone una forma de discriminación, así una perpetuación del estigma contra las personas trans. Además, esta asociación plantea que estos “procedimientos” puede tener efectos negativos en la salud mental, tales como depresión, mayor probabilidad de suicidio, ansiedad, impotencia, deterioro en las relaciones familiares, entre otros. 

En la misma línea, esta organización plantea que las expresiones de género diversas, así como las identidades trans y no binarias no son desórdenes mentales; por lo que es impreciso denominar “terapias de conversión” a cualquier esfuerzo por cambiar la identidad de género o la orientación sexual de una persona. En ese sentido, —según la APA— resulta erróneo y sesgado asumir que estas identidades trans y no binarias no son naturales o saludables.

Por contraste, la asociación recomienda adoptar un enfoque afirmativo y basado en la evidencia en la intervención psicológica; ya que está comprobado que permite mejorar significativamente la calidad de vida, asegurar el bienestar y reducir el impacto del estrés en la salud mental de las personas trans y de género no binario. 

Puedes descargar la resolución en inglés aquí: https://www.apa.org/about/policy/resolution-gender-identity-change-efforts.pdf

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Autor: Aarón Puescas

Imagen de una mujer con la pastilla del día siguiente con los hashtag #8M y #AOEParaTodas

[NP] #8M: Celebramos luchando y exigiendo justicia para las víctimas de la violencia sexual, la otra pandemia que enfrentan las mujeres

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  • Hasta finales de 2020 se registraron 6 323 casos de violación sexual, principalmente a niñas y adolescentes menores de 18 años.

En el día Internacional de la Mujer es importante evidenciar la realidad a la que se enfrentan miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas que ven afectadas su salud física y mental a causa de la violencia sexual.

La suspensión de servicios de salud sexual y reproductiva a causa de la pandemia representó un grave problema para la atención de las mujeres. Para finales del 2020, a pesar del cierre por 4 meses de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), se atendieron 13 843 casos de violencia sexual, de los cuales 6 323 fueron por violación sexual, principalmente a niñas y adolescentes menores de 18 años.

Rossina Guerrero, directora de Promsex indica que “el cierre de los establecimientos de salud del primer nivel de atención ha agravado las condiciones ya adversas mediante las cuales las personas cuidaban su salud; pues se cerraron espacios en los que se brindaba información, se detectan necesidades, se identifican y atendían víctimas de violencia, y se accedía a insumos de salud sexual y reproductiva”.

Otro factor de peligro para la salud reproductiva de las mujeres en el Perú es la situación en la que se encuentra la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos la decisión de garantizar sin discriminación su distribución gratuita en los centros de salud públicos. Una respuesta negativa afectaría a las víctimas de violencia sexual, quienes deben recibir la AOE como parte del kit de emergencia para prevenir embarazos forzados.

Se evitaría así casos como el de María, quien en el 2014 fue víctima de una violación sexual grupal. No recibió la AOE en el centro de salud, solo una receta para que sus padres la compren en una farmacia privada. La agresión sexual y la falta de atención integral a su salud han impactado de manera adversa su salud mental. Su caso fue admitido por la justicia internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en junio de 2020 con el apoyo de Promsex.

Asimismo, el año pasado se aprobaron normativas desde el Ministerio de Salud (MINSA) que consideran la atención de la salud sexual y reproductiva como esencial, como la Norma Técnica de Salud N°164, que garantiza el acceso a la AOE y al aborto terapéutico de un embarazo forzado para evitar la muerte o daños severos en la salud mental y/o física de niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Del mismo modo, según el Protocolo de actuación conjunta entre los CEM y los servicios de salud para la atención a estas víctimas, no es necesario presentar una denuncia, tener DNI, ser mayor de edad o contar con permiso de un apoderado para acceder al kit de emergencia.

A pesar de ello, hay muchos casos de víctimas de violación sexual desatendidos, empeorando su salud física y mental. Desde Promsex, exigimos que el Estado garantice el cumplimiento de la Norma Técnica y la mejora continua de las políticas existentes.

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Prensa Promsex:

Angel Pineda
991967297 / angel@promdsr.org

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