Más de 500 organizaciones y académicos de 87 países, incluyendo PROMSEX, han emitido esta declaración hoy, demandando al Fondo Monetario Internacional (FMI) dejar de promover políticas de austeridad y que, por el contrario, defienda políticas que promuevan la justicia de género, reducción de las desigualdades y que pongan de manera decisiva a las personas y al plantea en primer lugar.

El FMI ha comenzado a comprometer a algunos países en préstamos de largo plazo condicionados por políticas de austeridad, y alentando al mismo tiempo a tomar este tipo de medidas de recuperación a través de sus paquetes de financiamiento de desembolso rápido. Estas políticas profundizan las desigualdades económicas y de género y menoscaban cualquier oportunidad hacia una recuperación inclusiva, en particular cuando se prevé que los países del Sur necesitarán pronto un mayor financiamiento de largo plazo.

La declaración es emitida antes de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial que inician la próxima semana (del 12-18 de Octubre).

DECLARACIÓN

Nosotros, los abajo firmantes, hacemos un llamado al FMI para que deje inmediatamente de promover políticas de austeridad en todo el mundo y que, por el contrario, defienda políticas que promuevan la justicia de género,
reduzcan la desigualdad y pongan de manera decisiva a las personas y al planeta en primer lugar.

En nuestra preocupación por la capacidad de los gobiernos para cumplir con la realización de los derechos humanos y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, expresamos nuestra mayor alarma por las recomendaciones del FMI para que los países retornen a la austeridad una vez que la crisis actual llegue a su fin. Esta pandemia ha puesto al descubierto las repercusiones irreparables de inversiones sistemáticamente débiles en salud, educación y protección social, siendo quienes más las sufren las poblaciones marginadas, incluidas las mujeres, las personas mayores, las minorías raciales y étnicas, los trabajadores informales y las familias de bajos ingresos. Esta crisis también ha revelado la contracción de las clases medias y el agravamiento de la brecha entre ricos y pobres.

El FMI ha hablado repetidamente de la necesidad de una recuperación justa y ecológica. Ha resaltado que la desigualdad económica y de género, el cambio climático y la mala gobernanza pueden debilitar el crecimiento y socavar la estabilidad. En los últimos años, desarrolló una guía operativa para su personal sobre cómo incorporar el análisis de género y desigualdad económica en su trabajo y aprobó un marco macroeconómico para el gasto social. Todo esto sugería que el FMI estaba dispuesto a utilizar su influencia y autoridad para ayudar a los países a reducir la desigualdad.

Sin embargo, a pesar de esta retórica y sus propias advertencias sobre la profundización de la desigualdad, en los últimos meses el FMI ya ha comenzado a comprometer a varios países en nuevos programas de préstamos a largo plazo condicionados por políticas de austeridad. Más allá de la condicionalidad en estos programas recientes, observamos que una cantidad significativa de los paquetes de financiamiento de emergencia COVID-19 del FMI contienen lenguaje que promueve la consolidación fiscal en la fase de recuperación. Y con los gobiernos actualmente mostrando dificultades para pagar crecientes servicios de deuda y ante la expectativa de seguir necesitando niveles extraordinarios de financiamiento externo en los próximos años, los programas de préstamos del FMI y las condiciones que los acompañen, jugarán un papel muy influyente en la configuración del panorama económico y social en las secuelas de esta pandemia.

La austeridad impulsada por la consolidación fiscal solo agravaría la pobreza y la desigualdad y socavaría el logro de derechos económicos y sociales. Las propias investigaciones del FMI corroboran esto. Una y otra vez, la consolidación fiscal rígida y rápida condicionada por los programas del FMI ha significado recortes devastadores en las inversiones en salud y educación, pérdidas de pensiones y políticas de protección social ganadas con mucho esfuerzo, congelamiento de salarios públicos, despidos y exacerbación de la carga del trabajo del cuidado no remunerado. En todos los casos, son las personas más vulnerables de las sociedades las que cargan la peor parte de estas reformas, mientras que la élite, las grandes corporaciones y los acreedores disfrutan de los beneficios. Aparte de sus impactos directos, la consolidación fiscal no garantiza la recuperación económica y la creación de nuevos puestos de trabajo, y la rápida consolidación podría, en cambio, profundizar la recesión. Tampoco generará una transición justa hacia economías resilientes al cambio climático.

En lugar de recortes de austeridad, es fundamental crear espacio fiscal y dar a los gobiernos el tiempo, la flexibilidad y el apoyo para lograr una recuperación sostenible, inclusiva y justa. Se necesitan medidas inmediatas y urgentes para respaldar la salud financiera de los países a través de donaciones y otro tipo de financiamiento altamente concesional, el apoyo a la cancelación y reestructuración de la deuda y la emisión de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación a mediano y largo plazo deben continuar promoviendo un mayor espacio fiscal y de políticas que permitan un aumento, en lugar de una disminución, del gasto social y políticas fiscales progresivas que recauden suficientes ingresos y redistribuyan la riqueza de una manera justa.

Esto implica evaluar sistemáticamente los impactos de las reformas de la política fiscal sobre las desigualdades económica y de género, y rechazar aquellas que tengan impactos sociales negativos. Implica negociar acuerdos de forma transparente con aportes de una serie de partes interesadas, incluida la sociedad civil, a través del diálogo social nacional. Implica recomendar y promover reformas fiscales progresivas, como los impuestos sobre la riqueza y sobre el exceso de utilidades de las grandes corporaciones, combatiendo de forma contundente la evasión y elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Implica también apoyar sistemáticamente a los gobiernos para que reestructuren sus deudas y así puedan priorizar las inversiones en servicios públicos de calidad.

La economía mundial se encuentra en una encrucijada entre próximas décadas de austeridad y crisis de deuda, o la adopción de un marco macroeconómico compatible con la lucha contra la desigualdad, la búsqueda de la justicia climática, la consecución de los derechos humanos y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con miras a las Reuniones Anuales del FMI en 2020, exhortamos a esta institución a apartarse de los errores del pasado y cierre para siempre el oscuro capítulo sobre las políticas de austeridad condicionadas del FMI.

Lea la lista de firmantes aquí.

25 de septiembre de 2020

Presidente y demás integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las redes y organizaciones firmantes, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y usuarias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por la crisis institucional que se ha manifestado en las últimas semanas en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo anterior, dada la decisión anunciada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de no renovar el mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, y la subsecuente decisión de abrir un nuevo proceso de selección para un/a titular de este último cargo.

Las organizaciones firmantes entendemos que las decisiones que afectan el funcionamiento de la CIDH, tomadas de manera unilateral por la OEA, como la no renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH atentan contra la autonomía e independencia de la CIDH y pueden generar inestabilidad. Por ello, reiteramos nuestro apoyo para que la Comisión siga siendo autónoma e independiente con respecto a este organismo multilateral y a los Estados miembros, pues solo así tendrá la posibilidad de cumplir con su mandato fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

Ahora bien, teniendo en cuenta nuestro trabajo y nuestras luchas para erradicar la violencia que afecta a mujeres y niñas, también sabemos que el acoso, en todas sus formas y específicamente en los ambientes laborales, tiene serias consecuencias para la vida y la salud de las personas -particular para su salud mental-. Es por eso que es esencial que la labor fundamental que realiza la CIDH, pueda desarrollarse en un ambiente seguro y libre de acoso. El hecho de que se hayan utilizado denuncias de acoso laboral como un instrumento de naturaleza político, no debe, bajo ninguna circunstancia, ser un impedimento para que se adelanten las investigaciones pertinentes sobre dichas alegaciones que son, por sí solas, graves.

El Sistema Interamericano, y en particular la Comisión Interamericana, han sido históricamente fundamentales en el desarrollo de los derechos de la mujer y en particular en el avance de estándares vinculados a la sexualidad y la reproducción. El impacto de casos como Maria da Penha Vs. Brasil, Campo Algodonero Vs. México, Artavia Murillo (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica, I.V. Vs. Bolivia y más recientemente Guzmán Albarracín Vs. Ecuador, o de informes temáticos como el de “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes” o el de “acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos” han sido esenciales para avanzar en el acceso a derechos de las mujeres a lo largo de la región. Los estándares ya mencionados han significado en alguna medida acercarnos un poco más a la garantía efectiva del derecho de todas a vivir libres de violencias.

Partiendo de esos mismos estándares, deseamos ser enfáticas en la urgente necesidad de que se investiguen y sancionen, conforme al debido proceso legal, cualquier conducta que, en el seno de la Secretaría de la Comisión, atente contra los derechos de su personal. Para ello, es esencial que se garantice la confidencialidad de quienes denuncian, con el fin de proteger a trabajadoras y trabajadores (1) . Recordamos que estas garantías de confidencialidad están previstas en los mecanismos establecidos en la OEA.

Asimismo, se requiere que se adopten medidas inmediatas para que cesen los actos de acoso denunciados y se determinen las responsabilidades correspondientes, a través de procesos transparentes. Resaltamos que el informe elaborado por la ombudsperson de la OEA permite identificar problemas sistémicos, frente a los cuales la Comisión debe tomar medidas destinadas a brindar una solución permanente dentro de la Secretaría Ejecutiva y eliminar prácticas que puedan desincentivar a las víctimas para acudir a formalizar denuncias ante el Inspector general de la OEA.

Por las razones anteriores y bajo los principios de centralidad en las víctimas, consideramos necesario y urgente que esta Comisión Interamericana colabore de manera decidida con los mecanismos que prevé la política de prevención de la violencia que la propia OEA se ha dado, es decir, tanto con la omdusperson como con las investigaciones correspondientes que se inicien ante la oficina del Inspector General.

Por otra parte, frente al nuevo proceso de selección del cargo para la Secretaría Ejecutiva, es importante destacar que dicho proceso de selección debe ser llevado a cabo de una forma transparente y libre de cualquier forma de politización. Por dichos motivos, desde la sociedad civil reiteramos nuestro compromiso para acompañarles como aliadas en esta elección, que esperamos refleje de forma transparente los criterios con base en los cuales se realiza la selección en pro de los derechos humanos en la región.

Atentamente,
Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI
Acción Joven Honduras
Agrupacion Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador
Católicas por el Derecho a Decidir – Colombia
Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador
Centro de Derechos de Mujeres
Centro de Derechos Reproductivos
Centro de Estudios de Guatemala
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén, Patagonia Argentina)
Colectiva Feminista para el Desarrolo Local. El Salvador
Colectivo «Género y Teología para el Desarrollo»
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM.
Corporación Humanas
Corporación Miles
Corporación Miles Chile
ECUMÉNICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Equality Now
Femiñángaras Honduras
Fundación Todas Nosotras Violetas
Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE
Hábitat Mujer Salud
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Jóvenes Voceras y Voceros en Derechos Sexuales y Reproductivos
Movimiento Manuela Ramos
Mujer Y Salud en Uruguay – MYSU
Plataforma de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Honduras
Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Right Here, Right Now Honduras
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva ac
Sombrilla Centroamericana. Organizaciones por Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
Synergía, Iniciativa por los derechos humanos
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia
Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y La Familia UDIMUF
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina
Women’s Link Worldwide

1 OIT, Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, 2018, párr. 312 y ss.