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Fotografía de la fachada del palacio de justicia

Comunicado – Por una #JusticiaSinDiscriminación

20/07/2020/por Jorge Apolaya

Frente a las Resoluciones Administrativas N°s 002-2020-CE-PJ y 11-2020-CE-PJ, del Poder Judicial, que aprueban la adhesión a la actualización de las «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia en Condiciones de Vulnerabilidad» con excepción de las Reglas N° 3 y 4, en el extremo que señala como causa de vulnerabilidad la orientación sexual y la identidad de género, PROMSEX comunica lo siguiente:

La Constitución Política reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, ha señalado que la identidad de género y la orientación sexual de las personas tienen protección constitucional.
A nivel del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, hay tratados, jurisprudencia y dictámenes en la materia, vinculantes para el Perú en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, en los que se ha determinado que la personas LGTBI son una población en situación de vulnerabilidad.
En la reciente sentencia de la Corte IDH en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, se reconoció que las personas LGTBI viven en un contexto de discriminación múltiple, interseccional y estructural. La Corte IDH recalcó que la identidad de género, la orientación sexual y expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación por esta causa.
La Corte IDH ordenó al Estado peruano en el caso Azul Rojas Marín, entre otras reparaciones, que implemente un protocolo de investigación y administración de justicia para casos de violencia contra personas LGBTI y un plan de capacitación y sensibilización a los funcionarios públicos que intervienen en dichos procesos.

En este sentido, la resolución del Poder Judicial resulta inconstitucional y supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado peruano. De igual manera, podría constituir un incumplimiento de las reparaciones ordenadas al Perú en la decisión de la Corte IDH en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú.

En tal medida, exigimos que el Poder Judicial modifique la resolución administrativa mencionada en el extremo que excluye como causa de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género, en concordancia con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos que todo órgano y poder del Estado debe respetar.

PROMSEX continuará vigilando y adoptando las acciones necesarias para que en el país se garanticen los derechos humanos de las personas LGTBI sin ningún tipo de discriminación.

#JusticiaSinDiscriminación

Lima, 20 de julio de 2020.

Defensoría del Pueblo desarrolla lineamientos para protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú

08/07/2020/por Jorge Apolaya

Esta semana, la Defensoría del Pueblo (DP) publicó la aprobación de los Lineamientos de Intervención Defensorial Frente a Casos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. De esta manera, se establecen criterios de atención y pautas de actuación para un adecuado tratamiento de quejas, petitorios y consultas presentadas por las personas defensoras ante esta entidad.

En el ejercicio individual o colectivo de la promoción y protección de los derechos humanos, las personas defensoras son susceptibles a ataques de toda índole, que van desde la difamación y la discriminación hasta la detención arbitraria, las agresiones físicas, la tortura y el asesinato.

Ante la poca claridad que ha reinado en el pasado alrededor de este tema, es destacable que la DP haya establecido criterios para identificar a las personas defensoras y que haya incluido en este grupo a dirigentes, líderes y activistas de las personas LGBTI. Asimismo, resaltamos que la DP haya considerado a las personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y a las defensoras de los derechos LGBTI como parte de los grupos de defensores que se encuentran en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad.

Para su elaboración, se han tomado en cuenta normas nacionales (como el Protocolo para garantizar la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y DD.HH.), así como las recomendaciones efectuadas por el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, tras su visita a Perú en enero de este año.

“Desde Promsex, saludamos que la Defensoría del Pueblo haya cumplido con este pendiente, que establece parámetros claros de actuación defensorial en estos temas y que protege a defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país”, indicó Susana Chávez, directora ejecutiva de la institución.

Lima, 08 de julio del 2020

Comunicado: Que el coronavirus no interrumpa nuestro derecho a una salud sexual y reproductiva de calidad

14/04/2020/por Jorge Apolaya

La Mesa de Vigilancia por los Derechos Sexuales y Reproductivos propone nueve medidas urgentes a implementar en nuestro país para garantizar el acceso a estos derechos durante la pandemia del COVID-19

Una de las terribles consecuencias de la pandemia del coronavirus en nuestro país es el cierre de la mayoría de consultorios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, lo cual perjudica a millones de peruanas y peruanos, en particular a las adolescentes y a las mujeres más pobres del Perú, que se ven desprovistas de este servicio básico de salud.

Frente a esta situación, la Mesa de Vigilancia por los Derechos Sexuales y Reproductivos plantea nueve acciones necesarias y urgentes que deberían priorizarse para garantizar el acceso efectivo a estos derechos:

Autorizar el expendio, sin necesidad de receta médica, de la anticoncepción oral de emergencia (AOE), anticonceptivos orales y anticonceptivos inyectables en todos los laboratorios y farmacias públicas y privadas del país. En el caso de los servicios privados, solicitamos que los precios de estos productos no se incrementen y que las y los adolescentes con vida sexual activa puedan acceder a ellos.

Establecer un sistema de vouchers para las usuarias del SIS, con la finalidad que puedan recoger sus anticonceptivos en cualquier farmacia cercana sin tener que pasar por la consulta requerida.

Instruir a todos los servicios de segundo y tercer nivel sobre la obligatoriedad de aplicar el Protocolo de Aborto Terapéutico a las usuarias que lo soliciten, contando siempre con los insumos adecuados y con un equipo entrenado para realizar este procedimiento.

Garantizar que todos los servicios de emergencia de establecimientos públicos y privados puedan atender los casos de violencia sexual de acuerdo al protocolo establecido (anticoncepción de emergencia, tratamiento antirretroviral para evitar el VIH y tratamiento antibiótico para prevenir ITS), sin descuidar el soporte a la salud mental de las víctimas.

Instar a que las y los proveedores de servicios dispensen anticonceptivos a las y los adolescentes con vida sexual activa sin necesidad de un permiso de sus padres o tutores, de acuerdo a la normatividad vigente.

Asegurar que el control prenatal se realice con todas las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio del COVID-19 y de acuerdo con los protocolos establecidos por el MINSA, especialmente para los embarazos de riesgo.

Garantizar que las usuarias que asistan a servicios de emergencia nacional cuenten con atención postaborto, que incluya el manejo ambulatorio, el uso de medicamentos como el misoprostol y la anticoncepción postaborto.

Establecer una línea de apoyo telefónico gratuita para atender las necesidades de salud sexual y reproductiva, detección oportuna de complicaciones, orientación sobre el uso de anticonceptivos y prevención del embarazo no deseado.

Declarar como prioritarios los servicios privados y públicos de salud sexual y reproductiva, garantizando su apertura durante la cuarentena general y el abastecimiento de los insumos sanitarios necesarios para el adecuado desarrollo de su atención.

Nos solidarizamos con todas las acciones que el Ministerio de Salud está realizando para controlar la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, consideramos que aún son necesarias medidas más efectivas para garantizar la protección de la salud de las mujeres y de la salud sexual y reproductiva de toda la población peruana. Como sociedad civil organizada, la Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos se pone a disposición para la implementación de estas medidas.

Lima, 14 de abril del 2020

Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos

La Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos está conformada por: PROMSEX, Amnistía Internacional Perú, APROPO, Kallpa, La Casa de Panchita, Ayni Desarrollo, Campaña Convención DSR, Católicas por el Derecho a Decidir Perú, Chirapaq, DEMUS, CMP Flora Tristán, ForoSalud, INPPARES, INSAP, IESSDEH, Movimiento Manuela Ramos, PPGlobal, Red Interquorum, Red Peruana TLGB, FOS Perú, RHCS, Serena Morena, Old Dart Foundation, Wayka y Plan International Perú.

Fallo histórico: Corte Interamericana halla a Perú responsable por la tortura y violencia sexual contra una persona LGBTI y le ordena combatir la discriminación

07/04/2020/por Jorge Apolaya

Sentencia unánime de la Corte considera que la detención de Azul Rojas Marín fue ilegal, arbitraria, y motivada solo por su orientación sexual y expresión de género

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hallado a Perú responsable por la tortura y la violencia sexual contra una persona LGBTI por parte de agentes policiales peruanos en 2008. Es la primera vez en la historia que la Corte IDH, la más alta en la materia en las Américas, considera un caso de tortura por discriminación.

En su fallo, publicado ayer, la Corte IDH no solo ordenó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar el daño a Azul Rojas Marín. Además, le emplazó a adoptar medidas para registrar de manera oficial casos de violencia contra personas LGBTI, investigar de manera efectiva estos casos, sensibilizar a sus funcionarios y agentes en los derechos y el trato a las personas de este colectivo y en la erradicación de prejuicios en el país.

La Corte IDH reiteró que «las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales”, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo señala que esta violencia por prejuicio tiene como fin anular el ejercicio de los derechos humanos de la persona objeto de discriminación, sin importar que dicha persona se identifique con una determinada categoría. Esta violencia puede dar lugar a crímenes de odio. Por ello, “el Estado no puede discriminar a una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género”.

La Corte IDH concluye que “en la sociedad peruana existían al momento de los hechos y continúan existiendo fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en algunos casos llevan a la violencia”. “La violencia en algunas ocasiones es cometida por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional y del serenazgo, tal como se alega que ocurrió en el presente caso,” asegura el fallo. Cita como ejemplo una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú de 2017 que determinó que “el 56,5% de la población LGBTI siente temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, señalando como principal motivo el miedo a ser discriminado y/o agredido (72%).

La Corte IDH declaró responsable al Estado del Perú por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Rojas Marín. Perú también es responsable por la violación del derecho a la integridad personal de la madre de Rojas Marín, la señora Juana Rosa Tanta Marín, quien falleció en el 2017, y que sufrió mucho por los hechos.

La Corte IDH determinó que el Estado del Perú violó el derecho a la libertad personal de Azul pues su detención, supuestamente para realizarle un control de identidad, no se basó en un motivo establecido en la ley y, por el contrario, los agentes insultaron y maltrataron a la víctima, evidenciando un trato discriminatorio por razón de su orientación sexual. Por ello, la detención resultó ilegal y “manifiestamente arbitraria”.

El fallo concluye que queda establecido que Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, sujeta a comentarios despectivos sobre su orientación sexual y fue víctima de violación sexual por parte de los agentes estatales, ya que en dos oportunidades estos le introdujeron una vara policial en el ano. La Corte IDH concluyó que el conjunto de abusos y agresiones sufridas por Azul Rojas Marín, incluyendo la violación sexual, constituyó un acto de tortura debido a la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad de los actos.

En cuanto a la finalidad de la tortura, la Corte IDH constató que la misma fue motivada en la orientación sexual de Azul, y por tanto puede encuadrarse como “delito de odio”. La Corte IDH concluyó que la agresión «no sólo lesionó bienes jurídicos de Azul Rojas Marín, sino que también fue un mensaje a todas las personas LGBTI, como amenaza a la libertad y dignidad de todo este grupo social».

El caso se remonta al 25 de febrero de 2008, cuando Rojas Marín (quien entonces se identificaba como un hombre gay y ahora se identifica como mujer) fue arrestada sin motivo alguno por agentes policiales peruanos, quienes la golpearon e insultaron con palabras despectivas claramente referentes a orientación sexual.

Fue conducida a la Comisaría de Casa Grande (La Libertad), donde fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, y fue víctima de tortura y violación sexual. La víctima permaneció hasta las 6 de la mañana en la Comisaría sin que se registrara su detención.

Tras ser violada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la comisaría de la Policía Nacional de Perú en Casa Grande, pero luego de varias instancias, su denuncia fue desestimada y finalmente ordenado el archivo del expediente.

En su fallo, la Corte IDH determinó que el Estado del Perú no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual y la violación de los derechos a las garantías y protección judicial. El fallo constata que el proceso estuvo plagado de estereotipos discriminatorios, y establece que las autoridades debieron haber investigado si existían indicios razonables que indicaran que la violencia estuvo motivada por discriminación.

La Corte IDH ordenó al Estado del Perú a adoptar las siguientes medidas para reparar el daño a Rojas Marín: a) promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura en su perjuicio; b) realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial; c) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; d) brindarle tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico; e) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; f) crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización de agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI; g) diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI; h) eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú y i) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos.

Rojas Marín llevó su caso ante la Corte IDH con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y REDRESS, una organización internacional que lucha contra la tortura.

«Estoy muy agradecida con todas las personas que han hecho posible esto. No tengo palabras para describir cómo me siento. Agradezco a Dios por sobre todo. Después de todo lo que he pasado, por fin un tribunal cree en mi palabra. Solo me hubiera gustado poder compartir esta alegría con mi madre, quien me acompañó siempre en mis esfuerzos por denunciar y encontrar justicia», indicó Azul Rojas Marín luego de conocer la sentencia de la Corte IDH.

Un resumen de la sentencia en español está disponible aquí y el fallo completo aquí.

«Este fallo es muy significativo pues establece de forma muy clara las obligaciones de los Estados para proteger a las personas LGBTI contra actos de violencia por prejuicio motivados por la orientación sexual y expresión de género, proporciona parámetros clave para identificar si se ha dado tortura por motivos discriminatorios, así como importantes estándares para que las autoridades investiguen de manera efectiva estos casos», señaló Chris Esdaile, Asesor Legal de REDRESS.

«Es una sentencia que debería representar un antes y un después para la comunidad LGTBI en Perú y en la región, pues establece parámetros para la adecuada investigación de los crímenes cometidos a causa de la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, sea real o percibida. Para nuestro país, me parece importante destacar el reconocimiento de la Corte sobre el contexto de discriminación, algo que el Estado peruano siempre negó durante el proceso», aseguró Gabriela Oporto Patroni, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex.

«Este fallo representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y es un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región», dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.

#JusticiaParaAzul
#JusticeForAzul
#CuarentenaSinTransfobia

Para más información o para solicitar una entrevista, por favor contacte: En el Reino Unido: Eva Sanchis, Directora de Comunicación de REDRESS en eva@redress.or o +44 (0) 7857110076. En Perú: Luis Yáñez, asesor de comunicaciones de PROMSEX: luis@promdsr.org celular +51 956 333 969 o Sandra de la Cruz, Responsable de Prensa CNDDHH correo sdelacruz@derechoshumanos.pe celular +51 984 660 810.

Poder Judicial declaró improcedente demanda contra el protocolo de aborto terapéutico

11/03/2020/por Jorge Apolaya

Promsex participó como litisconsorte pasivo en defensa de la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico.
No existe ningún argumento jurídico que permita declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad del Protocolo de Aborto Terapéutico.

El día de ayer la Cuarta Sala Civil declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por la ONG Acción de Lucha Anticorrupción «Alas Sin Componenda», en la que se pretendía que el Ministerio de Salud deje de implementar la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico, como parte de la política de Estado en los establecimientos de salud del país.

Al respecto Gabriela Oporto Patroni, coordinadora de litigio estratégico de Promsex ha indicado que, «El Poder Judicial en esta sentencia ha indicado que el Protocolo de Aborto Terapéutico no se puede atacar por cualquier proceso, sino solo por vía de la acción popular. Vale recordar que la demanda de acción popular en trámite se encuentra en apelación pendiente de pasar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema.»

Cabe resaltar que el Poder Judicial también ha señalado que en dicha demanda de acción de amparo no existe ningún argumento jurídico que permita declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad del Protocolo de Aborto Terapéutico.

Desde Promsex recordamos al Ministerio de Salud que la Guía Técnica del Protocolo de Aborto Terapéutico se encuentra vigente, es legal y aplicable. En tal sentido es obligación de todos los proveedores de salud informar a todas las mujeres cuyo embarazo ponga en riesgo su salud física o mental, sobre la posibilidad de la aplicación del aborto terapéutico.

Comunicaciones Promsex
4478668 anexo 1109

Pronunciamiento frente a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país

04/03/2020/por Jorge Apolaya

Frente al terrible caso de la pequeña Camila, violada y asesinada en Independencia por un menor de 15 años, y estando muy próximos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Promsex expresa lo siguiente:

Rechazamos el manejo mediático que ha tenido este caso, sobre todo en aquellos medios de comunicación que han alentado al odio y prejuicio contra Mirella, la madre de la niña, a quien responsabilizan del asesinato. Este es un hecho lamentable y que a cualquier madre, pobre, sin recursos y con absoluta falta de seguridad, le hubiese pasado, sobre todo en un país en el cual no existen políticas de cuidado y protección idóneas.
Solicitamos que la Fiscalía inicie un proceso contra Ricardo Zúñiga Peña (“Zorro Zupe”), conductor del programa “¡Válgame!” de Latina Televisión, quien violentó psicológicamente a Mirella en una entrevista en vivo. Este proceso debe ser extensivo a los productores de dicho espacio y a la dirección del canal, que permitieron este maltrato.
Exigimos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones responsabilice y sancione de forma inmediata al canal Frecuencia Latina por faltar a su Código de Ética y permitir que a través de su programa se aliente el odio, esta vez enfocado en una mujer madre que acaba de perder a su hija tras un crimen tan horrendo.
Nos preocupa la decisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de separar a Mirella de sus hijas, pues lejos de abordar el problema de manera integral, extiende ante la opinión pública la imagen de una madre incapaz de cuidarlas, minimizando la responsabilidad del cuidado infantil que tiene el Estado.
Necesitamos que el MIMP proteja a Mirella frente a posibles actos de hostilización y violencia en su contra, promovidos por diferentes medios de comunicación y periodistas que, sin ninguna ética, vienen impulsando dichas acciones. Mirella también es una víctima de violencia.
Lamentamos el incumplimiento sistemático del Ministerio de Salud en la prevención y reducción del embarazo adolescente. Por ejemplo, en la última norma sobre el MODELO DE CUIDADO INTEGRAL DE SALUD POR CURSO DE VIDA PARA LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD que regula las acciones del MINSA en los establecimientos de primer y segundo nivel, no se incluyen temas como la prevención de la violencia, la provisión de salud sexual y reproductiva o el acceso a anticonceptivos para las adolescentes.
Así mismo, exigimos que el Ministerio de Educación se integre a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que tiene la finalidad de dirigir el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y que destine todos los recursos necesarios para que de manera urgente se inicie la implementación de una política nacional de educación sexual integral, sin prejuicios y con enfoque de género e información basada en evidencias.

Lo sucedido con Camilita no es un hecho aislado a la violencia que viven niñas y niños en otros entornos, como sus hogares y escuelas. En ese sentido, hacemos un llamado al Estado a que haga una revisión urgente de cómo muchas de las políticas públicas no se están cumpliendo no solo por la falta de recursos económicos, sino por la falta de voluntad política y un machismo que incluso hace parte del propio Estado.

La violencia sexual que hoy afecta a las mujeres, a los niños y niñas no podrá superarse sólo con la persecución. Necesitamos políticas de cuidado infantil y de transversalización del enfoque de igualdad de género. Demandamos que todos los sectores del Estado asuman este desafío.

Lima, 04 de marzo del 2020

Promsex – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos

Comunicaciones PROMSEX:

447-8668, anexo 1118

Ositrán: Aeropuerto debe garantizar que usuarios no sean discriminados por su orientación sexual o identidad de género

04/02/2020/por Jorge Apolaya

El organismo supervisor señaló que no se ha acreditado que Lima Airport Partners, operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, haya brindado un servicio de calidad y dispone medidas correctivas para evitar que estos hechos de discriminación se repitan en el futuro.

El Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) emitió una resolución a favor de Antonio Gálvez en el caso que mantiene contra Lima Airport Partners (LAP).

El pasado viernes 30 de noviembre del 2018, el joven homosexual Antonio Gálvez Salazar fue víctima de discriminación y acoso por su expresión de género por integrantes de la orquesta salsera Zaperoko en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se disponía a realizar un vuelo de Lima a Arequipa. El incidente se inició en la sala de embarque y continuó en la manga y dentro del avión, sin la intervención del personal de LAP ni de la aerolínea LATAM.

Luego de que el reclamo presentado por Antonio ante LAP fuese declarado infundado, su apelación se elevó al Tribunal del Ositrán, que determinó que ante la discriminación y acoso sufridos por Antonio al interior del Aeropuerto, LAP no brindó un servicio idóneo ni de calidad que le permita permanecer en su interior de manera segura.

“Las entidades prestadoras de servicios de infraestructura de transporte de uso público (…) no pueden permanecer indiferentes ante el compromiso antes indicado, por lo que en el ejercicio de su actividad económica, su personal debe desplegar acciones para erradicar los actos y prácticas discriminatorias que puedan cometerse en sus instalaciones”, indica la resolución del Ositrán.

Además, el Tribunal dispuso que LAP cumpla con las siguientes medidas correctivas:

Elaborar una guía o protocolo de atención en el que se especifiquen las conductas inadecuadas o indebidas de los usuarios que ameriten la intervención del personal de seguridad del Aeropuerto, incluidos los casos de agresión verbal o física contra otros usuarios que afecten su dignidad y seguridad.
Realizar capacitaciones periódicas al personal de seguridad con el fin de difundir la guía y concientizar al personal sobre la importancia de identificar oportunamente este tipo de conducta indeseada para procurar su cese inmediato.

Esta es la primera vez que Ositrán se pronuncia en un caso de discriminación por orientación sexual y expresión de género.

Desde Promsex, saludamos a Ositrán por esta medida y exhortamos a que extienda este estándar de calidad en todos los aeropuertos, puertos, carreteras, vías férreas y navegables que fiscaliza a nivel nacional. Esperamos que LAP implemente las medidas correctivas señaladas en el más breve plazo, a fin de garantizar la seguridad de todas las personas usuarias en condiciones de igualdad, sin discriminación ni violencia.

Promsex ha asumido la defensa legal de Antonio desde un inicio y continuará acompañando su caso en las instancias correspondientes.

#HomofobiaEsViolencia

Lima, 04 de febrero del 2020

Comunicaciones PROMSEX:

447-8668, anexo 1118

Por un Perú libre de discriminación e intolerancia

24/01/2020/por Jorge Apolaya

El pasado martes 21 de enero, el Senado mexicano ratificó por unanimidad la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI) y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que compromete a los Estados a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todo acto o manifestación de discriminación e intolerancia, incluso aquellas basadas en motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.

La primera de las Convenciones reafirma que “todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y que, por lo tanto, los Estados Parte están comprometidos a formular y aplicar políticas especiales que garanticen el ejercicio de estos derechos.

México es el segundo país que ratifica las Convenciones, después de Uruguay que se vinculó en mayo del 2018, lo que permitirá la entrada en vigor del instrumento a partir del jueves 20 de febrero.

El Estado peruano firmó la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia el 25 de octubre del 2016, y dos años después (septiembre 2018), el Poder Ejecutivo envío al Congreso de la República Peruana una misiva en donde solicitó que se someta a consideración el proyecto de Resolución Legislativa en el cual Perú ratifica estos instrumentos claves. Sin embargo, este proyecto de ley quedó pendiente de revisión en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Desde Promsex, solicitamos que el nuevo Congreso de la República, que resultará electo este domingo 26 de enero, considere como un tema de agenda prioritario la ratificación de estas Convenciones, que garantizarían el compromiso que tiene el Estado peruano para cumplir su papel en combatir la discriminación y la intolerancia, a favor de la igualdad de toda la ciudadanía.

#CumpleTuPapel

Lima, 24 de enero del 2020

Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Comunicaciones Promsex
447-8668, anexo 1108

Candidatos al Congreso se comprometieron en trabajar por el enfoque de género en las políticas

20/01/2020/por Jorge Apolaya

Ante el ataque virulento de ciertas organizaciones políticas contra el enfoque de género y contra derechos que ya son reconocidos por el Estado (como el aborto terapéutico, el derecho de niños y adolescentes a la educación sexual y a una vida libre de violencia, entre otros), el Movimiento Manuela Ramos y PROMSEX organizaron un debate de candidatos/as al Congreso de la República que representan a partidos políticos que respetan el estado de derecho.

El evento contó con la participación de: Pepi Patrón (Partido Morado), Lucía Alvites (Juntos por el Perú), Rocío Silva Santiesteban (Frente Amplio), Alexandra Ames (Somos Perú) y Max Crespo (Acción Popular) quienes explicaron qué iniciativas impulsarán para contrarrestar la agenda fundamentalista de los grupos antiderechos, que también buscan representación en el próximo Parlamento y cuyas propuestas representan un riesgo para los derechos humanos.

El debate comenzó con la participación de los periodistas Fernando Vivas, Nelly Luna y Paola Ugaz. Vivas instó a las candidatas sobre si se podía hablar de las palabras vida y familia en un discurso no conservador; Luna solicitó conocer cuáles son las iniciativas legislativas que sus partidos políticos impulsan para descriminalizar el aborto en otras causales; y por último, Ugaz demandó conocer las propuestas con relación al Concordato entre el Perú y el Vaticano.

Desde Juntos por el Perú, Lucía Alvites destacó que el partido al que pertenece impulsará la propuesta de la despenalización del aborto en todas sus causales y enfatizó que es la mujer quien tiene que tener la decisión sobre su vida y cuerpo. Asimismo, enfatizó que resulta urgente que se apruebe mínimamente en caso de aborto en casos de violación en el año y medio en caso de ser elegida como congresista.

Por el Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban señaló que lo importante es deconstruir el discurso conservador al interior de la izquierda. Asimismo, explicó que el Frente Amplio está a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual y severas malformaciones. Por último, alertó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no está cumpliendo con su liderazgo en políticas públicas vinculadas con el derecho a las mujeres.

Desde el Partido Morado, Pepi Patrón expuso que el Partido Morado cuenta con una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación y en caso de malformación de la vida del feto fuera del vientre. Asimismo, la candidata afirmó que se encuentra en conversaciones con otros partidos para tener una agenda concertada que permita encontrar consensos e insistir en la importancia de la educación sexual.

En Somos Perú, la candidata Alexandra Ames señaló que los derechos sexuales y reproductivos de las personas constituyen una agenda que debe ser promovida y aprobada de manera consensuada en el Congreso. Asimismo, precisó que Somos Perú no ha emitido ninguna opinión como partido sobre la despenalización del aborto; sin embargo, la mayoría de candidatos y candidatas está a favor del aborto por violación. Por último, destacó que buscar la transversalización del enfoque de género a nivel de todo el Ejecutivo es uno de sus compromisos.

Por último, el candidato de Acción Popular, Max Crespo, señaló que si bien su partido es conservador, van a tener primacía con respecto a los derechos humanos. Se comprometió a no llevar la agenda de grupos conservadores, que solo quiere encubrir delitos. En relación al aborto, destacó que su partido ha dado libertad para debatir este tema pero más de la mitad de los candidatos y candidatas están de acuerdo con otras causales de aborto.

Finalmente, el panel contó con el análisis de cuatro especialistas: Ricardo Cuenca (investigador del IEP), Farid Kahhat (docente de la PUCP), Teresina Muñoz-Nájar (periodista) y Jennie Dador (abogada feminista). Cuenca destacó que al hablar de derechos sexuales y reproductivos, del aborto, la equidad de género y acceso a métodos anticonceptivos, se está hablando de desigualdades.

Dador señaló que la sociedad peruana no acepta que una mujer no quiera maternar y coincidió con Cuenca que las condiciones de desigualdad son determinantes. Afirmó que entre las mujeres víctimas de violencia o feminicidio ya que hay una sobrerrepresentación de las mujeres de los sectores más pobres.

Muñoz-Nájar preguntó qué sucederá con el informe final de la Comisión Investigadora de Abuso Sexual de Menores de Edad en Organizaciones, que ha sido aprobado pero no debatido por el pleno del Congreso. Y por último, Farid Kahhat destacó que los grupos conservadores religiosos son pragmáticos para negociar en temas de género aunque en el fondo sean intolerantes. Citó al grupo «Con mis hijos no te metas» como un ejemplo de ello.

“Diálogo Político: La agenda de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto electoral 2020” se realizó ayer 15 de enero y fue organizado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX y el Movimiento Manuela Ramos.

Lima, 16 de enero de 2020.

La vida de miles de niñas, adolescentes y mujeres en el Perú nuevamente en peligro

14/01/2020/por Jorge Apolaya

A pesar de haber sido declarada infundada en primera instancia, ONG antiderechos ALA Sin Componenda insiste en demanda contra la Guía Técnica de Aborto Terapéutico

PROMSEX forma parte del proceso como litisconsorte y defenderá el protocolo

El próximo miércoles 15 de enero, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima realizará la audiencia de apelación solicitada por la ONG católica ALA Sin Componenda, que busca frenar la implementación y difusión de la Guía Técnica de Aborto Terapéutico. PROMSEX forma parte de este proceso como litisconsorte facultativo y tomará la palabra en defensa de la salud y la vida de las mujeres.

En el 2014, Ala Sin Componenda inició un proceso de acción de amparo contra el Ministerio de Salud (MINSA), demanda que fue declarada infundada en primera instancia en julio del año pasado. El Primer Juzgado Constitucional tomó en cuenta jurisprudencia vinculante nacional e internacional y consideró que la guía que regula el aborto terapéutico es una medida “idónea y necesaria para garantizar la propia existencia física y en condiciones dignas de las madres gestantes”.

Este no es el único recurso legal empleado por grupos antiderechos para frenar la implementación de la Guía. En el 2018, el Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro inició otro proceso, esta vez de acción popular, ante la Primera Sala Especializada Civil de Lima, que busca declarar “inconstitucional” el protocolo. El proceso está pendiente de sentencia.

“Nos llama la atención que ambos procesos, los demandantes indiquen como argumento que el protocolo no es legal. Sin embargo, cabe recordar que el aborto terapéutico es un procedimiento legal en el Perú desde 1924 y es la única causal exenta de sanción penal en el país, según lo estipulado en el artículo 119 del Código Penal”, precisa Edith Arenaza, miembro del equipo de Litigio Estratégico de PROMSEX y abogada del caso. En el 2014, el MINSA aprobó el protocolo en cuestión, que permite su aplicación en todos los hospitales públicos y privados del país.

“No existe ningún argumento jurídico razonable para declarar ilegal a la guía. Ir en contra de su implementación y difusión es un atentado contra el derecho a la vida y a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes. Ninguna niña debe ser víctima mortal por un embarazo no deseado” afirmó Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX.

Restringir el acceso al aborto terapéutico ocasiona graves daños a la salud física, psicológica, social y económica de la mujer afectada, y puede llevarla a la muerte.

A pesar de que sus esfuerzos en el tema son débiles y que el acceso al aborto terapéutico resulta limitado en varios sectores del país, desde PROMSEX demandamos que el MINSA continúe firme con la defensa de esta política pública. Asimismo, solicitamos que el Poder Judicial resuelva de una vez por todas la controversia alrededor del protocolo, a fin de garantizar el derecho a la vida y a la salud de todas las peruanas.

Lima, 14 de enero del 2020

Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos
Comunicaciones Promsex
447-8668, anexo 1108