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Injusticia intergeneracional

08/06/2020/por Jennie Dador

Mis abuelos vivieron hasta los 94 años, mi bisabuela hasta los 97 y si se supone que con los años mejora la esperanza de vida, ¿por qué mi padre que tenía 84 años no calificaría para un trasplante? Porque sus años de sobrevida son pocos, dijeron. Para nosotras, diez años más a su lado eran una eternidad. Pero nada pudimos hacer ante un razonamiento que privilegia a los más productivos. Ahí siguió, cada día con más litros de oxígeno y menos vida.

Con este criterio, la nuestra parece ser una sociedad que lejos de reconocer a quienes nos han precedido, los castiga al considerarlos desechables, por ello a la hora de pagarles una pensión “digna” calcula su esperanza de vida en 115 años, pero para prestarles un servicio de salud solo reconoce el derecho de los menores de 80, 70 e incluso 60 años, dependiendo del criterio del galeno de turno, porque en nuestro país, ante la ausencia de comités de ética intrahospitalarios de asistencia que organicen las reglas de procedimiento, prima la aplicación de una bioética desmarcada de los derechos humanos donde “cada médico carga con sus muertos”.

Soluciones de este tipo o como las que circulan en los últimos días ante el colapso de los servicios de salud, a pesar de todos los esfuerzos del sector y de gran parte de la población, son contrarias a la Declaración universal de bioética de la UNESCO (2005), que señala que la bioética o ética aplicable a la medicina y otras ciencias de la vida, debe aplicarse en el marco de los derechos humanos. Igualmente, en el ámbito nacional, tenemos los Lineamientos para la aplicación de la bioética, donde se relieva la igualdad ontológica de los seres humanos, indistintamente de la etapa de vida por la que atraviesen (Decreto Supremo N°011-2011.JUS).

Por último, la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Pandemia y derechos humanos en las Américas” advierte la urgencia de “supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean implementados sin discriminación en razón de la edad…” (párrafo 43).

Al ser las personas adultas mayores uno de los grupos de mayor vulnerabilidad al riesgo o de especial protección como las nombra el Plan Nacional de Derechos Humanos, contrariamente a lo que se pretende, como sociedad tenemos mayores obligaciones para mejorar su disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud, conforme a un estándar mínimo de justicia intergeneracional, reconociendo y agradeciendo a nuestros padres y abuelos, no a los míos, no a los tuyos, a todos aquellos que posibilitaron nuestra existencia.

Entonces, como sostiene el filósofo español Roberto Aramayo, no se debe confundir una opción puntual en un momento determinado con un principio ético universal, es decir, no se puede hacer del criterio de exclusión de la edad un criterio válido para cualquiera, siempre y en todos los casos. Las excepciones no suplantan la regla, sino que más bien la confirman.

Pero como la pandemia nos agarró sin normas de bioética y con un sistema de salud que no es sistema, queda claro que necesitamos desarrollar un conjunto de criterios que ayuden a ponderar y no a condenar al grupo poblacional de adultos mayores, contar con comités de ética intrahospitalarios y con profesionales formados en bioética y derechos humanos.

Ahora cerraré este artículo, porque me empieza a faltar el aire.

Artículo publicado originalmente en el Diario La República el 08.06.2020

Primer caso de tortura por discriminación contra una persona LGTBI llega a la Corte Interamericana de DDHH.

27/08/2019/por Jorge Apolaya

(Barranquilla, 27 agosto de 2019) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considerará hoy por primera vez en su historia un caso de tortura por discriminación contra una persona LGTBI en América Latina. Se trata del caso de violencia sexual como tortura sufrida por Azul Rojas Marín.

Azul fue detenida arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional del Perú el 25 de febrero de 2008 en Casa Grande (La Libertad). Durante su detención los agentes agredieron a Azul con expresiones homofóbicas (Azul en ese entonces se identificaba como un hombre gay), la trasladaron a una comisaría, la forzaron a desnudarse y la violaron con una vara de reglamento. Pese a que presentó una denuncia penal por violación sexual, abuso de autoridad y tortura, más de 11 años después de estos hechos, los responsables aún no han sido debidamente procesados ni sancionados en el Perú.

Azul llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la asistencia legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y REDRESS.

La Comisión consideró que por la naturaleza y forma de la violencia hubo un especial ensañamiento contra Azul debido a su orientación sexual percibida por los agentes, lo cual constituyó tortura con un fin discriminatorio. La CIDH encontró que el Estado peruano no investigó con debida diligencia la denuncia de Azul, con el factor agravado del prejuicio existente en Perú respecto a las personas LGTBI.

La CIDH recomendó a Perú adoptar una serie de medidas para reparar el daño material y moral sufrido por Azul y por su madre, incluyendo medidas de satisfacción, rehabilitación y compensación, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición. La Comisión consideró que Perú no había dado cumplimiento integral a las reparaciones ordenadas, por lo que el 22 de agosto de 2018 sometió el caso a la Corte IDH.

Este caso representa una oportunidad histórica para que el Estado peruano erradique la violencia sistemática contra las personas LGTBI de sus prácticas institucionales y para que la Corte IDH adopte un precedente de gran importancia para la protección de personas LGTBI en toda la región.

Las organizaciones que acompañamos el proceso reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de Azul, incluyendo su derecho al debido proceso legal.

Para más información, por favor, contacte a:
Eva Sanchis, Directora de Comunicación de REDRESS: eva@redress.org o +44(0)20 77931777

En Perú:
Luis Yañez, asesor de comunicaciones de Promsex (Perú) luis@promdsr.org o al 447-8668 anexo 118
Fernando Chinchay, comunicaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fchinchay@derechoshumanos.pe

¿Derecho a la salud o derecho al negocio?

06/02/2018/por Susana Chavez

En estas últimas semanas, varios colegios profesionales de salud, así como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecologia (SPOG), se han pronunciado públicamente a través de sendos comunicados. Lamentablemente, no para expresar preocupación frente al monopolio de medicamentos que nos amenaza (Grupo Interbank), sino a preocupaciones de gremios, lejanos del interés ciudadano.

Para mayor información de quienes tienen la gentileza de leerme, esta discusión no es nueva y basta una breve consulta en Google para encontrarse con una resolución del Tribunal Constitucional, en 2007, que declara infundado el pedido del Colegio Médico, para que las obstetrices no sean consideradas de una carrera médica, ni que se llamen “obstetra”, dado que hasta esa época éramos eminentemente una carrera femenina, en la que empezaban a irrumpir también hombres.

Más allá de que siga pensándome a mí misma como obstetriz, reivindicando el origen femenino de mi carrera o que en Argentina nos llamen obstétricas y en Chile Matronas, lo importante es reconocer el enorme aporte que esta profesión tiene en aspectos claves como la reducción de la mortalidad materna, el acceso informado y respetuoso a los métodos anticonceptivos, la prevención del VIH y el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos en general, tanto de mujeres como de hombres, pero también de niñas y adolescentes, así como de adultas/os. Es decir, una formación que se ha ido extendiendo a las necesidades de salud pública y la modernidad, incluyendo el manejo de la tecnología en el control del embarazo y parto y en la propia atención del aborto incompleto, cuyas competencias resultan vitales, para disminuir todas aquellas causas prevenibles de muerte y discapacidad.

Sin embargo, esto que es el eje central de nuestro quehacer no es lo que se discute, sino algo mucho más perverso como es la apropiación de la tecnología, ya no para el diagnóstico correcto y oportuno, sino para el lucro y la mala practica que consiste en sacar la mayor cantidad de dinero a quienes han asumido y lo que es peor, han logrado que la salud sea un tremendo negocio, haciendo del Estado mudo testigo y en espera de la “dizque” autorregulación. Lejos de eso, ahora modelos de “emprendedurismo”, donde médicos, obstetras ofrecen servicios de ecografías múltiples dimensiones, haciendo de algo tan importante como el diagnostico de ecografía que debe ser parte del control prenatal normal, según las recomendaciones de OMS, un asunto suntuoso. Este es a mi modo de ver, el lado más cruel del neoliberalismo que dicho sea de paso, ya no solo afecta a las más pobres, se expande a las clases medias, obligándolas a realizar pagos extras por un diagnóstico de ecografía.

Esta desregulación absoluta de carteles de ecografías que vemos en muchas calles, es el reino de “pepe el vivo” y esta es sin duda, la manzana de la discordia y la mejor salida que se ha propuesto es reducir a las obstetras a los equipos de guardia, negar sus competencias en gestión, y lo que es muy peligroso, atentar contra un recurso humano importante para el país, que debería responder al menos al 85% de las mujeres gestantes, cuyos embarazos no deberían complicarse y de mujeres e hijos que deberían tener derecho a un parto respetuoso y no sobremedicalizado con cesáreas innecesarias. También podría alcanzar a ese 15% de adolescentes, que se ven en el terrible drama de un embarazo no deseado.

Y si alguien cree que estoy en contra de los negocios, nada más alejado de la realidad, estoy en contra de negocios que carecen de estándares éticos y de eso no son ajenos ni médicos ni obstetras, por lo tanto la discusión no debe estar en quienes si y quienes no pueden hacerlo, sino en una necesaria discusión reubicando en el centro nuevamente el derecho a la salud.

Por eso, me resulta tan indigno que congresistas aprovechándose del conflicto de intereses, lleven agua para su molino, proponiendo proyectos que agudicen esta tensión. Llenando para sí, una ganancia impropia a costa de la reducción de competencias que son tan necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la salud.

Artículo escrito por: Susana Chávez directora de Promsex, para el semanario La Otra Mirada (publicado el 6.02.2018)

Desde la Memoria Marginada hacia la De-construcción del Estado

08/01/2018/por Promsex

Desde la Memoria Marginada hacia la De-construcción del Estado: Las personas LGBT como víctimas del conflicto armado peruano y los caminos para la no repetición

Karen Anaya

Bachillera en Derecho por la PUCP. Investigadora del Grupo de investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP (DEGESE). Ha sido asistenta de docencia del curso de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho – PUCP. Estudiante de la Maestría en Estudios de Género de la Escuela de Posgrado (PUCP). Actualmente, integra el equipo legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

Pamelhy Valle

Bachillera en Derecho por la PUCP. Realizó sus prácticas de Derecho y, luego, trabajó como Asistente legal en la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Participó como voluntaria en la Clínica Jurídica de la PUCP en Discapacidad y Derechos Humanos. Asimismo, fue adjunta de docencia de los cursos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho – PUCP. Actualmente, integra el equipo legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

Los contextos de militarización movilizan ideas de heteronormatividad[1] que inscriben formas limitadas de entender la sexualidad y el género, lo que ha legitimado que durante los conflictos armados se destierre, persiga y humille a las personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género que se consideran “transgresoras”, contra quienes la violencia funciona como mecanismo de construcción, destrucción y reconstrucción de relaciones sociales de poder[2] que buscan su invisibilización, eliminación y exclusión por la fuerza.

De esa manera, si bien la violencia durante un periodo de conflicto armado o dictadura, en general, es producida para establecer un orden social con el efecto de eliminar al marginal y disciplinar a la sociedad; cuando la misma se dirige contra las personas LGBT “es un acto performativo que trata de refundar un orden social, moral y político”[3]. Sin embargo, históricamente, los procesos de justicia transicional post conflicto armado o dictadura han invisibilizado los alcances y fundamentos reales de la violencia perpetrada contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) e incluso su rol en el conflicto o dictadura.

Así “la relación entre diversidad sexual, conflicto y construcción de paz ha sido poco considerada en los estudios sobre la paz y la negociación de conflictos armados”[4], pues, históricamente se clasificó y entendió a las personas bajo las categorías binarias de mujeres y hombres enmarcadas en el mandato heteronormativo; lo cual impidió ver la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género y con ello a las personas LGBT y otras subjetividades que no se identifican dentro de dicho binario normativo. A ello, se suma el hecho de que “la participación de personas y organizaciones de sectores LGBT tanto en los conflictos como en los movimientos por la paz ha sido invisibilizada”[5].

Si bien la inclusión de crímenes por homotransfobia en Perú significó un hito en la historia de los informes finales de las comisiones de la verdad, no se puede obviar que el abordaje del tema sólo recibió una extensión de dos páginas de un informe de 12 volúmenes[6], sin lograrse hasta el momento su adecuada investigación, sanción, y acceso de las víctimas a medidas de reparación y no repetición. Dicha ausencia ha mantenido la exclusión y rechazo social de las personas LGBT, manifestada en la actual marginalización política, económica, social y jurídica de sus cuerpos, representaciones, subjetividades y memorias. Por ello, hacer posible ese conjunto de demandas podría coadyuvar a de-construir el Estado heterocisnormativo y patriarcal que aun sostiene las relaciones sociales actuales y que recibe respaldo desde grupos fundamentalistas contrarios al reconocimiento de las personas LGBTI en la región.

Como se mencionó líneas arriba, las ideas de heteronormatividad tuvieron impactos estructurales durante el conflicto armado peruano, pues definieron la fortaleza militar o describieron la vulnerabilidad del enemigo[7]; como lo demuestra el caso de Sendero Luminoso[8], cuyo accionar “revelaba metafóricamente las inconsistencias de una masculinidad exacerbada, del gran pater familis, cuya autoridad resulta incuestionable, y se impone naturalmente sobre el conjunto de la familia, en este caso de la población, asumiendo la protección de los débiles al mismo tiempo de erigirse en su gran sancionador. En este sentido los homosexuales, además de representar el peligro (re)activado por los prejuicios y el estigma, resultaban la negación misma de un orden autoritario que se fundaba en un modelo de masculinidad exacerbado»[9].

En el caso del MRTA, este grupo armado también estimulaba el empleo de la violencia basada en prejuicios sociales contra personas LGBT bajo la técnica de “limpieza social”. Entre su accionar se ha reportado el asesinato de una persona homosexual, cuyo cadáver fue hallado con un cartel que decía “Así mueren los maricones”, y el asesinato de alrededor de 8 personas trans en el bar denominado “Las Gardenias” en la selva del país. Mediante su vocero oficioso, el semanario “Cambio”, el MRTA no solo advertía a sus víctimas (personas LGBT y otras) que “enmienden sus vidas” antes de asesinarlas, sino que además justificaba sus acciones bajo el argumento de que se trataban de ’lacras sociales’, por lo que, a falta de alguna autoridad que los ‘castigará’, éste asumía ese rol[10] que, por tanto, en lugar de ser condenado, debía ser permitido y celebrado.

En este marco, posicionar las memorias que han sido marginadas permite cuestionar los relatos predominantes, proponer discursos nuevos,[11] definir identidades, establecer nuevas relaciones con el Estado y que los propios portadores de estas memorias puedan insertarse en la memoria histórica de una nación[12]. El fin del conflicto armado, entendido en clave de diversidad sexual y de género, “supone también una ruta para la construcción de la paz que pretende alcanzar la igualdad real para todos y todas en el país, reconociendo las diferencias y teniendo como eje central el respeto a los derechos humanos”[13].

En una política pública de memoria lo que está en juego es el presente y la capacidad de integrarlo con el pasado en una realidad de la que se pueda hablar[14]. Pero, cada sociedad post conflicto armado o post dictadura posee una manera particular de vivir su pasado y de conferirle un sentido[15]. Esta forma o manera de dar sentido al pasado constituye lo que se entiende por memoria[16]. Por tanto, no hay una única forma de representar el pasado como tampoco una sola memoria. Lo que existe es una lucha por la representación de ese pasado, en el que algunas representaciones desplazan a otras, porque quieren conquistar visibilidad y constituirse en hegemónicas[17].

Así pues, “la memoria implica una lucha por parte de los diversos actores para “oficializar” o “institucionalizar” una (su) narrativa del pasado y de ese modo lograr posiciones de autoridad, o lograr que quienes las ocupan acepten y hagan propia la narrativa que se intenta difundir”[18]. Por ello, las voces e historias de las personas LGBT permiten posicionarlas en la memoria nacional del Estado y dar a conocer qué tipo de violencia sufrieron, qué normas de género y sexualidad se les impusieron o cómo fue el tratamiento y su accionar, incluso, al interior de los grupos armados o estatales.

Siendo así, la reconstrucción de la memoria sobre el conflicto armado y sus actores, incluyendo las vivencias relativas a las personas LGBT, contribuye a su reparación[19], en tanto cuestiona los órdenes sobre los que se instalaron los contextos de militarización, los cuales movilizaron y exacerbaron la homobitransfobia social e institucional. Esta afirmación adopta la noción de reparación transformadora, empleada por Uprimmy y Saffon para argumentar que las medidas de reparación deben ser una oportunidad para la superación de la desigualdad y para la transformación democrática[20].

Así también lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia[21], al reconocerle a la verdad un carácter reparador. Ello con la finalidad de garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, la cual comprende la obligación de esclarecer lo sucedido[22] y no sólo la sanción de los responsables de los hechos ocurridos. En este sentido, la recuperación de la memoria de las víctimas sin discriminación constituye una medida reparadora.[23]

De hecho, este tipo de reparación es propiamente una forma satisfacción, esto es, una reparación simbólica, cuyo punto de partida justamente es el reconocimiento de la dignidad de las víctimas en tanto que legitima sus narraciones y vivencias.[24] Dado que, en el fondo, lo que busca toda reparación simbólica es que las víctimas al ser visibilizadas recuperen sus derechos como ciudadanos, se integren a la vida en sociedad en igualdad de condiciones,[25] y se les reconozca y respete su dignidad humana.

En este escenario es trascendental repensar el periodo del conflicto armado a fin de posicionar las voces de las personas LGBT en la memoria histórica del Perú y visibilizar sus necesidades como víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto. La reivindicación de las memorias TLGB en Colombia implicó, por ejemplo, que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en el caso Botalón y de otros paramilitares en Puerto Bóyaca[26], solicitara el fortalecimiento de los procesos de documentación e investigación de posibles crímenes cometidos contra las víctimas LGTB del conflicto armado, el diseño e implementación de un registro nacional de víctimas del conflicto armado por violencia basada en la orientación sexual o identidad de género, entre otros aspectos[27].

Finalmente, es importante señalar que el trabajo desde diversos ámbitos para recuperar la memoria de las personas LGBTI víctimas de conflictos armados y dictaduras, hoy encuentra una especial oportunidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recientemente, fue creada La Unidad de Memoria, Verdad y Justicia (marzo del 2017), en el marco del desarrollo del Plan Estratégico 2017-2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que luego de un diagnóstico en la región se encontró que el tema continúa siendo un desafío prioritario que demanda un seguimiento cercano por parte de la CIDH.

Escrito por Karen Anaya y Pamelly Valle, integrantes del equipo legal de Promsex, para polemos.pe

[1] Se refiere al sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, conforme al cual dichas relaciones son consideradas “normales, naturales e ideales” y son preferidas sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. (En: CIDH (2015) Informe sobre la Violencia contra las personas TLGBI en las Américas. párr. 33)

[2] Serrano Amaya, José Fernando (2014). The uses of ´homophobia´ and homophobic violence in Armed Conflicts and Political Transitions. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. The University of Sydney Faculty of Education and Social Work, page. 5. (Traducción propia).

[3] Albarracín, M. y Rincón, J. C. (Diciembre, 2013). De las víctimas invisibles a las víctimas dignificadas: los retos del enfoque diferencial para la población LGBTI en la Ley de Víctimas. Revista de Derecho Público, 31, pág. 07

[4] Serrano, José (2016) Enfoque de género y diversidad sexual en la Mesa de conversaciones. Caribe Afirmativo, Bogotá. pág. 4. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/12782.pdf

[5] Ibidem.

[6] Karen ANAYA y Pamelhy VALLE, “Los retos de la justicia transicional: repensando la memoria desde la diversidad sexual y de género”, Asociación Civil Internacia – PUCP, Boletín No. 11, 2016. Disponible en: <https://issuu.com/internacia/docs/g__nero>

[7] Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Comisiones de la verdad y género: principios, políticas y procedimientos. Centro Internacional para la Justicia Transicional – ICTJ. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2013 pág. 50

[8] Entre los hechos recogidos en el Informe “Crímenes de homofobia en el contexto de la violencia política en el Perú (1980-2000)”, el 6 de agosto de 1986 (en Aucayacu) Sendero Luminoso decidió iniciar una “limpieza social”, por lo que capturó y luego ejecutó a 10 personas, entre homosexuales y mujeres en estado de prostitución. Asimismo, el 12 de septiembre de 1988 en “La Hoyada” (Pucallpa) ejecutó a 8 personas que eran considerados por este grupo armado como “cabros” (homosexuales), “prostis” (trabajadoras sexuales) y “fumones” (drogodependientes). Véase: Montalvo Cifuentes, José (Disponible en: https://es.scribd.com/document/159713611/Crimenes-por-homofobia-Peru-Montalvo-et-al)

[9] MOHL. INFORME ANUAL 2005 Situación de los Derechos Humanos de Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales en el Perú, pág. 68. Disponible en: http://old.ilga.org/news-upload/INFORMEDDHHLTGBPERU.PDFFINALSINCARATULA.pdf

[10] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final, tomo II “sección segunda: los actores del conflicto”, Lima, 2003, p. 432

[11] Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), La justicia que demanda memoria. Las víctimas del Bloque Calima en el suroccidente colombiano, CNMH, Bogotá, p. 27

[12] Nelson E. PEREYRA CHÁVEZ. “Memoria heroica y memorias subrogadas: Los campesinos y la violencia política en el Perú”. Disponible en: <http://polemos.pe/memoria-heroica-memorias-subrogadas-los-campesinos-la-violencia-politica-peru/> [Consulta 11.07.17]

[13] Serrano, José (2016) Enfoque de género y diversidad sexual en la Mesa de conversaciones. Caribe Afirmativo, Bogotá. pág. 10

[14] Juan Mario SOLÍS DELGADILLO, “Políticas públicas y políticas de la memoria en Argentina y Chile: agendas y toma de decisiones”. Disponible en: <http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2011/10/mesa_29/solis_delgadillo_mesa_29.pdf> [Consulta 10.07.17]

[15] Pontificia Universidad Católica del Perú. Criterios básicos para un espacio de conmemoración de la violencia en el Perú: la centralidad de los derechos de las víctimas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Democracia y Derechos Humanos, 2012, p. 15. Disponible en: <http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/10/Criterios-b%C3%A1sicos-para-la-conmemoraci%C3%B3n-de-la-violencia-en-el-Per%C3%BA-VERSI%C3%93N-FINAL.pdf> [Consulta 10.07.17]

[16] Pontificia Universidad Católica del Perú 2012, p. 15.

[17] Elizabeth JELIN, “Las luchas políticas por la memoria” En: Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002. p. 40-43.

[18] Elizabeth JELIN, “¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?” En: Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002. p. 16.

[19] La reparación es uno de los tres tipos de políticas pública de memoria. Véase: Juan Mario SOLÍS DELGADILLO. Cabe señalar que la reparación, a la luz del concepto de reparación integral que maneja la Corte IDH, no solo se subdivide en reparaciones económicas o prestacionales, sino que también incluyen las simbólicas.

[20] Laura Carolina TOVAR BOHÓRQUEZ, “La reparación simbólica para mujeres trans víctimas del conflicto armado: ¿por qué no se ha iniciado?” En: Transpasando fronteras, núm. 6, 2014. Colombia: Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES) de la Universidad Icesi, p. 87.

[21] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, parágrafo 139.

[22] Op. cit., Caso Manuel cepeda vs. Colombia, parágrafo 186.

[23] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, parágrafo. 84.

[24] Op. cit., Laura Carolina TOVAR BOHÓRQUEZ, 2014, p. 87 – 88

[25] Op. cit., Laura Carolina TOVAR BOHÓRQUEZ, 2014, p. 88 y 94

[26] COLOMBIA DIVERSA. Un fallo histórico reconoce la responsabilidad de paramilitares por crímenes contra personas LGBT en Puerto Bóyaca. (12 de febrero de 2015). Puede consultarse en: <http://www.colombia-diversa.org/2015/02/un-fallo-historico-reconoce-la.html>

[27] Op. cit., Karen ANAYA y Pamelhy VALLE, 2016.

¿Qué significa la «ideología de género»?

05/01/2018/por Rossina Guerrero

Es una campaña política cuyo objetivo central es el de convencernos que el Estado, a través de la escuela y que cuenta con un currículo basado en el respeto entre compañeros de aula, es una amenaza para los niños, niñas, adolescentes y familias, proponiendo así frenar y deshacer los avances en las políticas públicas que son ejercidas con enfoque de igualdad género.

Quienes sostienen esta campaña bajo el slogan #ConMisHijosNoTeMetas, son una amalgama de vocerías entre quienes se identifican a pastores evangélicos, congresistas de la república pertenecientes a iglesias evangélicas, y que además vienen sumando a líderes políticos conservadores. Todos ellos, utilizando la estrategia de la desinformación y manipulación de datos, han logrado convencer con su discurso a muchas y muchos ciudadanos, generado temor en algunos maestros y maestras.

En así, que esta campaña busca asociar el “enfoque de género”; el cual tiene más de dos décadas de existencia en nuestros marcos normativos nacionales, con algo que para muchas personas ya es negativo, peligroso, erradamente por supuesto, como es la palabra ideología, estigmatizándola y buscando un mayor rechazo al mismo.

Esta campaña que es impulsada por un grupo de políticos religiosos ha irrumpido en el escenario público, cuestionando el rol de la educación en nuestro territorio en relación con su aporte para acabar con la violencia y discriminación de género. Pero eso no es todo, este grupo denuncia como perniciosas a las demandas de igualdad de grupos de la población históricamente discriminados como son las mujeres, los homosexuales, las lesbianas y personas trans.

La campaña “ideología de género”, identifica un tono comunicacional claro que es el del “miedo”, y se alimenta de dos graves problemas sociales muy arraigados en nuestro país, como son el machismo y la homofobia. El éxito que esta campaña pudo tener se debe a que hace “eco” de nuestro machismo y homofobia, que son las verdaderas enfermedades que no hemos logrado erradicar de nuestra sociedad. Nunca un discurso discriminador, cargado de prejuicio, ha tenido tantos titulares y cobertura mediática, nunca una campaña pública, proveniente de políticos religiosos ha puesto en jaque al sistema educativo peruano.

Creímos por un momento que éramos una sociedad que evolucionaba, un país distinto, donde el racismo, el sexismo, la xenofobia, y la homofobia, existían, pero ya no eran frecuentes y que casi, casi, eran cosas del pasado, sin embargo, el debate sobre el contenido educativo nos ha permitido observar que apenas, como se dice, se comienza a escarbar, afloran peligrosas expresiones de odio y desprecio por la existencia de determinadas personas, que llevan a plantear incluso su desaparición.

Para hablar de ideología que género, tenemos que saber qué es lo que están combatiendo. Socialmente se han construido una serie de normas y roles, sobre lo que es “naturalmente” una mujer y un hombre; sin embargo, los niños hombres no nacen rechazando jugar con muñecas, o diciendo que el rosado es un color de mujer, eso, se aprende con la sociabilización primaria en casa y se refuerza con el sistema educativo. Asimismo, los niños varones no nacen reprimiendo sus afectos, sino que la socialización le señala que los hombres no lloran, que tienen que ser bien machos y aguantar, los niños varones no nacen sabiendo que deben demostrar siempre que tienen una sexualidad irrefrenable que debe ser satisfecha a toda costa, eso lo aprende de otros hombres. Por otro lado, las niñas mujeres no nacen sabiendo que deben ser sumisas y aguantar todo tipo de violencia e incluso justificarla, eso lo van aprendiendo; esta es la socialización de género que más adelante sostiene la grave situación de violencia que vivimos en la actualidad.

En el campo de la sexualidad, el enfoque de género ha permitido desnaturalizar la heterosexualidad como la única forma de afecto y relación amorosa; y con ello dejar de considerar anormal o una enfermedad la homosexualidad, ha permitido reconocer la identidad de género como un componente de nuestra diversidad como seres humanos, que incluye la identidad trans, y con ello aportar en la igualdad real y felicidad de todas y todos sin ningún tipo

Las escuelas como espacios transformadores

La transformación de las escuelas en espacios seguros, en lugares donde niñas, niños y adolescentes aprenden y se fortalecen para que sus proyectos de vida se tornen una realidad; es un tema impostergable si de desarrollo y lucha contra la pobreza se habla, y en ello hay bastante consenso.

La reforma educativa que se ha venido anhelando y reclamando durante muchos años, trae en el año 2016 la aprobación de un nuevo el Currículo Nacional de la Educación Básica, que incorpora, entre muchos de sus enfoques, el de igualdad género. De esta manera se incorporaron estándares mínimos en materia de educación; por ello, plantea el deber de educar sin desigualdades de género, reforzando valores como la igualdad, la empatía y la solidaridad; proponiendo una escuela que permita comprender y atender la importancia de la sexualidad como un aspecto constitutivo del desarrollo humano.

Esta propuesta educativa, permitiría en el mediano plazo a contar con nuevas generaciones que reconocen iguales entre sí a las personas, avanzando contra la discriminación, que lleva a respetar lo diverso que es la humanidad y acogiendo esta diversidad como parte fundamental para pleno desarrollo humano. Ello supone sin duda, dejar atrás el uso de la violencia, de la imposición de una sola manera de entender, reconocer y configurar lo humano, poniendo así sobre el tapete, el gran desafío de erradicar mitos y estereotipos del deber ser en muchos aspectos de la vida, y en uno central, en lo sexual.

Escrito por Rossina Guerrero, directora de incidencia política, para la Revista Labor Sindical (Año 2, N° 31. Perú, diciembre 2017).

La irrenunciable función de fortalecer la educación en el Perú

28/09/2017/por Susana Chavez

Los cambios recientemente producidos en el ministerio de educación no auguran un buen panorama y menos aún tras lo dicho por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su visita al Papa, quien señaló que la educación en el Perú estará “libre de ideologías”. Es evidente que el Presidente de la República está siguiendo el guion perverso impuesto por los más recalcitrantes sectores religiosos al referirse sobre el enfoque de igualdad de género como una “ideología de género” y que además es repercutido por algunos congresistas, convenientemente, así como por uno y otro “trasnochado” comentarista político.

Como ya todos sabemos, desde hace varios meses, existe una campaña trasnacional en contra de la inventada “ideología de género”, que fue lanzada en España por un grupo que también se llama “NoTeMetasConMisHijos” e importada con mucho dinero de por medio a varios países de América Latina, incluso en el Perú. El punto de ataque fue fijado en el sector más frágil; las escuelas, las cuales son una de las prestaciones sociales más extendidas y valoradas que tiene la población, pero cuyo descontento por la calidad de este derecho es más que obvio, debido al deterioro progresivo se mantiene desde hace varias décadas, incluyendo a la precarización de la formación de los maestros y maestras.

Nadie podría decir que ha sido la falta de evidencias lo que ha satanizado a la igualdad de género, sin embargo, tenemos que admitir que éstas no han sido suficientes para sortear el psicosocial de la homosexualidad. Por esta razón, se tiene que seguir apelando a las mismas, aún en tiempo de fragilidad gubernamental como el actual, las estadísticas tienen que seguir siendo la referencia y de ninguna manera deberíamos admitir que ningún funcionario renuncie a éstas, deslizando frases oportunistas y tramposas, como es el caso, del actual Ministro de Educación, Idel Vexler, al referirse que hará que el currículo sea más “familiar”.

Evidencias como las que se refiere el último documento técnico de la La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), respecto a las violencias en el espacio escolar, son sin duda valiosas y éstas deberían estar siendo explicadas y transmitidas. Este informe señala que uno de los aspectos más nocivos para el aprendizaje es la violencia, incluyendo la violencia de género. Es por ello que todos los países que tienen estándares buenos en educación y en aquellos que están en vías de lograrlo, incluyen su abordaje tanto en los currículos educativos, como en la propia gestión de las escuelas.

La violencia, según data en este informe, no solo está referido a determinadas poblaciones consideradas vulnerables, sino que principalmente, va dirigido a patrones sociales y culturales considerados de baja aceptación y de intolerancia a la diversidad. Es decir, formas de conservadurismo social que niega la igualdad y autonomía de las mujeres y el reconocimiento de la identidad y orientación sexual y donde la única oportunidad de construir una sociedad inclusiva y respetuosa está precisamente en las escuelas.

Hasta ahora, para ciertos grupos extremistas del fundamentalismo religioso evangélico y católico,ha sido muy fácil aterrorizar a los padres y madres diciendo que se homosexualizará a sus hijos, como si esto tuviera alguna pizca de realidad y en ese proceso se ha perdido de vista el costo tan alto que tiene por ejemplo el bullying por homofobia, pues según los resultados de la medición de modelos multiniveles de la violencia que se incluyen en este informe, en el Perú este tipo de violencia, estaría afectando en lo menos 30 puntos menos en el rendimiento de la lectura.

El estudio también señala que, si bien las escuelas públicas y periurbanas son las más afectadas por la violencia que las escuelas privadas y menos pobres, las familias no siempre son conscientes que esto ocurre, pues en la mayoría de los casos, las actitudes violentas quedan circunscritas a la escuela, convirtiéndola así en un medio hostil, influenciando tanto en la deserción escolar, como en el fracaso educativo. Realidad que se refleja en todos los estratos sociales.

Por lo tanto, defender el currículo educativo con el enfoque de género, se trata de una tarea fundamental de una buena escuela, más allá de un tema político porque se trata de respeto, a la que ninguna autoridad debe renunciar y si hay que hacer más esfuerzos para que los padres y madres comprendan la importancia, es algo que sin duda no debería eludirse, pues solo así podremos lograr que la educación se constituya en un derecho humano, cumpliendo por fin esa función transformadora que tanta falta nos hace.

Artículo escrito por Susana Chávez, directora de Promsex, para Wayka

La criminalización de las mujeres por aborto

14/09/2017/por Promsex

Un obstáculo para el acceso sin discriminación a servicios de salud reproductiva.

La autora critica la práctica, aun vigente en nuestro país, de criminalizar el aborto en los servicios de salud. Así, considera que el sistema de salud no puede ser entendido como parte del sistema de persecución del delito, al ser un deber de los profesionales de salud atender a las mujeres y garantizar que las situaciones de emergencia obstétrica no resulten en la agravación de su salud o en su muerte.

El pasado 7 de septiembre se dio cuenta de un afiche en el área de emergencias del Hospital II de Abancay en Apurímac en el que se señala lo siguiente: “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la Policía de Turno (PNP)” bajo la rúbrica de la Jefatura Gineco Obstétrica de EsSalud.

Posteriormente, EsSalud se pronunció mediante un comunicado y señaló que el afiche fue colocado sin la debida autorización. Sin embargo, la entidad señaló que “los médicos y el personal asistencial están en la obligación, de acuerdo al artículo 30 de la Ley General de Salud, Ley Nº26842, de reportar ante las autoridades si un paciente tiene evidencias de haberse practicado un aborto clandestino. El no hacerlo puede tener consecuencias de tipo administrativo y penal para los médicos y personal asistencial”, pero que ello, a su entender, no obstaculiza la atención médica de las pacientes.

El aborto incompleto constituye una emergencia obstétrica que, según las normas del sistema de salud, es de atención obligatoria en todos los servicios de salud del país, conforme a las Guías de Práctica Clínica para la Atención de Emergencias Obstétricas[1]; por lo cual, su atención idónea y oportuna previene la mortalidad materna. Actualmente, según datos del Ministerio de Salud, se conoce que en el año 2016 se atendieron a 34, 303 mujeres por aborto incompleto, en su mayoría jóvenes entre 18 y 29 años[2], y que, lamentablemente, durante el período 2014- 2016, 86 mujeres murieron debido a las consecuencias de un aborto no atendido oportunamente, de las cuales 6 fueron niñas y adolescentes[3].

En ese sentido, tanto el afiche como la respuesta de EsSalud demuestran que en el país la criminalización del aborto incompleto es una práctica vigente en los servicios de salud, pese a que el mismo no constituye delito según el Código Penal, ni corresponde a los servicios de salud actuar como espacios de persecución de presuntos delitos. Así, la actuación del Hospital es arbitraria y pone en riesgo los derechos a la vida y salud de las mujeres, pese a presentar una situación de emergencia.

La prevención de la mortalidad materna, además de relacionarse con el acceso efectivo a servicios de post aborto seguros, se encuentra relacionada también a una comprensión integral del real ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres. Sin embargo, la amenaza de que las mujeres que acuden al servicio público de salud serán denunciadas por quienes las atiendan se convierte, entre otras, en una barrera para el acceso sin discriminación a los servicios de salud reproductiva. Por ello, el Relator Especial de ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física señaló en el 2011 que, “la garantía integral del derecho a la salud reproductiva, que hace parte del derecho a la salud, implica que las mujeres reciban del Estado, independientemente, de la condición jurídica del aborto, las garantías para acceder a servicios de salud de calidad para tratar las complicaciones derivadas del mismo, incluidos los practicados en condiciones peligrosas y los abortos espontáneos”[4] y que “la atención en salud no debería depender de la posterior cooperación de la mujer en el enjuiciamiento penal ni podría utilizarse como prueba contra ella ni contra quienes hayan practicado el aborto”[5].

Por todo ello, el sistema de salud no puede ser entendido como parte del sistema de persecución del delito. El deber de los profesionales de salud es atender a las mujeres y garantizar que las situaciones de emergencia obstétrica que presenten no resulten en la agravación de su salud o en su muerte.

En ese sentido, es preocupante el comunicado emitido por EsSalud, pues el citado artículo 30 de la Ley General de Salud, Ley Nº 26842 es inconstitucional e inconvencional por violar el artículo 2 (inciso 18), de la Constitución Política que impone el deber de guardar el secreto médico profesional y velar por el derecho a la privacidad de las pacientes. Asimismo, es contrario a la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos De la Cruz Flores vs. Perú y Pollo Rivera y otros vs. Perú, sobre la ilegalidad de la imposición a médicas/os de denunciar a sus pacientes.

Según el Voto razonado [6] del entonces juez Sergio García Ramírez en la sentencia sobre el caso De la Cruz Flores vs. Perú, donde se desarrolló el alcance de las implicancias negativas de la obligación impuesta a los/as médicos/as de denunciar a sus pacientes, se señaló lo siguiente: “El Estado no puede vulnerar la protección de la salud y la vida que los médicos tienen a su cargo, a través de normas o interpretaciones de éstas que disuadan al médico de cumplir su deber (…), sea porque lo obliguen a desviarse de la función que les corresponde y asumir otra, que entre en conflicto con aquélla, proponga dilemas inaceptables o altere de raíz la relación entre el médico y el paciente, como sucedería si se obligara al médico a constituirse en denunciante –o delator– de los pacientes que atiende”.

En ese mismo sentido, el Comité CEDAW de ONU en su última Recomendación General Nº 35 sobre la violencia contra la mujer basada en el género, señaló que “[l]as violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como (…) la negación o el retraso del aborto seguro y la atención posterior al aborto (…) son formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden llegar a ser torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”[7].

Es por ello que, en 2014, este Comité recomendó al Estado peruano que “[e]limine las medidas punitivas contra las mujeres que abortan, entre otras cosas adoptando las medidas necesarias para armonizar la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal con el derecho constitucional a la intimidad”[8], recomendación sobre la cual el Estado tendrá que informar en el año 2018. Así pues, es necesaria la modificación de la Ley General de Salud para que la misma no mantenga una redacción discriminatoria contra las mujeres que pone en peligro su vida, salud y acceso a servicios oportunos de salud reproductiva, al obligar al personal de salud a denunciar indicios de la comisión de un aborto, en violación del secreto profesional médico. Correspondiendo también la adopción de diversas medidas sancionatorias para prácticas similares a la denunciada y otras que prevengan este tipo de situaciones que ponen en riesgo a las mujeres que necesitan atención de emergencia.

(*) Karen Anaya es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Equipo Legal de Promsex (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos).
Este artículo fue escrito para la web laley.pe

[1] Dichas guías pueden ser revisadas en: <ftp://ftp2.minsa.gob.pe/donwload/esn/ssr/GuiaGinecologia.pdf>.

[2] MINSA (2017). Respuesta a la Solicitud de acceso a información Nº 081-2017 presentada por PROMSEX con fecha 26 de abril de 2017.

[3] MINSA. (2016) Respuesta a la solicitud de información pública Promsex Nº 151-2016: Expediente Nº 16-051635-001 (la información proviene de los servicios de hospitalización de los hospitales del Minsa y los gobiernos regionales del país).

[4] Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física. Informe al Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, del 03 de agosto de 2011, que abordó el impacto de las leyes penales y otras restricciones jurídicas al acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, párrafo 30. Ver también: Observación General Nº 22 (2016) relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párrafo 13.

[5] Ídem.

[6] De la Cruz Flores v. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, Nº 115, párrs. 101 y 102.

[7] CEDAW General recommendation Nº 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation Nº 19 (14 de julio de 2017).

[8] Naciones Unidas. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Observaciones finales sobre los informe periódicos 7mo y 8vo combinados del Perú (58 período de sesiones, 2014). CEDAW/C/PER/CO/7-8. Párrafo 36 c.

Caso Clínica El Golf: el aborto terapéutico y la protección de la salud mental de las mujeres

08/09/2017/por Promsex

La autora explica la importancia de la reciente resolución del Tribunal del Indecopi, que impuso una sanción pecuniaria a conocida clínica privada por no tramitar debidamente una solicitud de aborto terapéutico. Destaca la importancia de este fallo, debido a que es la primera vez que un tribunal nacional se pronuncia respecto a la falta de garantía del derecho al acceso al aborto terapéutico cuando la solicitante alega el riesgo o afectación a la salud mental.

El aborto terapéutico en el Perú

En el Perú la única causal de aborto que está exenta de sanción penal es el aborto terapéutico. Esta indica que si la continuidad del embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer es legal su interrupción.

A pesar de que esta disposición se incorpora en el ordenamiento jurídico en 1924, la presencia de estereotipos y prejuicios en el personal de salud sobre los derechos reproductivos han dificultado que las mujeres accedan a la interrupción legal del embarazo. Debido a estos obstáculos, el Estado peruano ha sido condenado internacionalmente por negar abortos terapéuticos a adolescentes en dos oportunidades: K.L vs. Perú¹ y L.C vs. Perú². En ambos casos, la solicitud de aborto alegaba afectación en la salud mental.

Como alternativa para superar las dificultades que se advertían en los servicios de salud para garantizar el acceso al aborto legal, en junio de 2014 el Ministerio de Salud publicó la «Guía Técnica Nacional para la interrupción del embarazo por indicación terapéutica”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 486-2014/MINSA, con el objetivo de estandarizar el procedimiento en todos los servicios de salud, públicos y privados.

El acceso al aborto terapéutico en los servicios privados de salud

Pese a la entrada en vigor de esta norma sanitaria, el acceso al aborto legal sigue siendo un tema pendiente en la garantía del derecho a la vida y salud de las mujeres. Recientemente el Indecopi, a través de Resolución 1884-2017/SPC-INDECOPI, sancionó con una multa de 20 UIT a la clínica El Golf por no tramitar debidamente una solicitud de aborto terapéutico, poniendo en debate la idoneidad de los servicios obstétricos ofrecidos por las Clínicas privadas.

La solicitud de aborto terapéutico fue presentada por Vanessa en diciembre de 2014 debido a que la continuidad de su embarazo estaba generando un daño grave en su salud mental, afectación que fue identificada por su médica psiquiatra, cuyo informe acompañó la solicitud. Esta afectación no fue valorada ni advertida oportunamente por su médico tratante y por la Clínica. La Clínica respondió la solicitud 45 días después, aun cuando la Guía Técnica establece un plazo máximo de 6 días entre la tramitación de la solicitud y la interrupción del embarazo. En la respuesta se sostuvo que, de una revisión de la Historia Clínica e informes médicos no se encontró sustento a la solicitud.

El proceder de la clínica El Golf, según concluye el Indecopi, violó el deber de idoneidad en la prestación del servicio puesto que la Guía establece un procedimiento específico para evaluar las solicitudes de aborto y este fue omitido por la Clínica. Ya que: a) omitir responder la solicitud en el plazo establecido, b) omitir convocar a una junta médica para responder a la solicitud, c) omitir incluir la solicitud en la historia clínica y d) omitir realizar el procedimiento de aborto. De los hechos se desprende, que el servicio de salud brindado por la clínica “El Golf’ no ha satisfecho el requisito de idoneidad que supone una correspondencia entre lo que la consumidora espera y lo que realmente recibe.

La salud mental

Este caso es particularmente relevante porque por primera vez un Tribunal interno se pronuncia por la falta garantía del derecho al acceso al aborto terapéutico cuando la solicitante alega el riesgo o afectación a la salud mental. Como se aprecia en este caso, la solicitud es denegada por una visión sesgada e incompleta de la Guía, en la que se pretende asignar un alcance restrictivo al concepto de salud, excluyendo la valoración de la afectación en la salud mental de Vanessa, pese a que presentó un certificado médico que sustentaba la afectación en su salud mental.

En ese sentido, el Tribunal del Indecopi sostuvo que la Clínica debió considerar que el embarazo podría ocasionar posibles afectaciones no solo en su salud física, sino también en su salud mental “ello, en la medida que el derecho a la salud mental es un derecho fundamental de la denunciante cuyo sustento se encuentra contenido en el principio – derecho de dignidad humana y en el derecho a la salud”³.

Interpretación de la Guía bajo el principio pro consumidora

Este caso también pone en evidencia un vacío trascendental de la norma sanitaria. Puesto que la Guía no determina un procedimiento específico cuando el médico tratante, ya sea por negligencia médica, impericia o a causa de sus prejuicios, no advierta el riesgo en la salud o la vida de la mujer o, habiéndolo advertido, no recomiende un aborto terapéutico. En esos casos, en aplicación del principio pro consumidora⁴, el Tribunal ha establecido que la Guía no impide que la mujer gestante presente nuevas evidencias para que la opinión del médico varíe o para que la solicitud sea evaluada por una junta médica.

La obligatoriedad de la atención de abortos terapéuticos de las Clínicas Privadas

Finalmente, el acceso al aborto legal es un derecho de todas las mujeres y es obligación de los servicios de salud, sobre todo de los servicios privados, tramitar las solicitudes de aborto terapéutico con oportunidad, calidad e idoneidad.

Además, cuando se presentó la solicitud de interrupción del embarazo, se adjuntaron las pruebas médicas que recomendaban la necesidad de un aborto terapéutico; sin embargo, nuevamente la clínica, con una actitud negligente, no tomó atención a dichos documentos ni solicitó nuevos exámenes para descartar la posibilidad de la interrupción. Al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual ha señalado que es el proveedor, en este caso El Golf, el que tiene la carga de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad⁵, máxime si en los médicos de esta institución recae la responsabilidad de tomar la decisión final sobre la solicitud de aborto terapéutico según la Guía Técnica Nacional ya citada.

En ese sentido, cabe acotar que el artículo 6.1.11 de la Directiva establece que se considerará como entidades clínicas de la gestante, en las que se amerite evaluar la interrupción terapéutica del embarazo, “cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”.

Al respecto, la interpretación realizada por la clínica El Golf respecto a la afectación de la salud de la demandante fue restrictiva, ya que se excluyó la valoración en torno a la salud mental de la paciente, y ello pese a que presentó un certificado médico que sustentaba médicamente la afectación a su salud mental y la recomendación expresa de acceder a un aborto terapéutico.

El certificado de salud presentado conjuntamente con la solicitud de aborto terapéutico, fue emitido por la médica psiquiatra Marta B. Rondón, con C.M.P. 19614, RNE 8909, con fecha 11 de diciembre de 2014, en el que detalla explícitamente lo siguiente:

“La médica psiquiátrica que suscribe certifica haber examinado a la paciente doña Paola Vanessa Borgoño Salazar quien presenta depresión recurrente (F33) con reacción de adaptación al estrés (F.43.2), aparentemente desencadenadas por la presente gestación. Esta depresión cursa con ideación suicida. Entre los antecedentes destaca sintomatología depresiva desde los 21 años, con dos episodios previos y madre con síntomas depresivos”.

En ese sentido, la clínica El Golf no puede fundarse en una interpretación restrictiva, en el que desconoce la salud mental como una esfera de vital importancia y que está implícitamente contenido en el artículo 6.1.11 de la Guía Técnica Nacional, antes citada.

La protección de la salud mental, a la par que la protección de la salud física y de la vida, es un deber del Estado. Como hemos visto, esta obligación se traduce en la necesidad del Estado de tener leyes y normas que protejan la salud, así como establecimientos que proporcionen cuidados accesibles, aceptables y de buena calidad.

Sobre la materia cabe recordar que el Estado peruano ha sido responsabilizado por el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), en el caso L. C. vs Perú. Este caso involucraba a una adolescente a quien se le denegó el acceso a un aborto terapéutico, y una de las razones es que a la hora de la evaluación no se consideró la salud mental de la solicitante al momento de pronunciarse. El dictamen señala que: “Se obvió totalmente la salud mental de L. C. en la evaluación de la procedencia del aborto terapéutico. En ninguna de las evaluaciones médicas relativas a su estado de salud mental se exploraron las consecuencias que ocasionaría forzar a L. C. a llevar a término el embarazo y convertirse en madre.”⁶ En el examen de fondo el Comité CEDAW agrega: “El Comité observa también que la Junta Médica del hospital se negó a interrumpir el embarazo por considerar que la vida de L. C. no estaba en peligro, pero no tuvo en cuenta el daño para su salud, incluida la salud mental, que es un derecho protegido por la Constitución peruana”⁷.

(*) Escrito por Brenda Álvarez Álvarez, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los derechos sexuales y reproductivos (PROMSEX), institución que litigó el caso de Vanessa en el procedimiento seguido ante el Indecopi, para laley.pe.

______________________________________
[1] Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Comunicación N° 1153/2003, de 24 de octubre de 2005, fundamento 6.3.
[2] Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Comunicación Nª 22/2009. 25 de noviembre de 2011.
[3] Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución 1884-2017/SPC-INDECOPI, f. j. 82.
[4] Artículo V.2 del Código de Defensa y Protección del Consumidor: “En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores”, lo que se sustenta en el artículo 65 de la Constitución, como ha precisado el Tribunal Constitucional: “El principio pro consumidor, que plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y servicios” (STC Exp. Nº 03315-2004-PA/TC, énfasis agregado).
[5] Resolución 0554-2014: SMPC-INDECOPI, Expediente 355-2012: INDECOPI-PIU.
[6] Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Comunicación Nº 22/2009, 25 de noviembre de 2011.
[7] Ibid. Fundamento 8.14.

La otra muralla de Trump

19/07/2017/por Susana Chavez

Han pasado casi 20 años, desde que supe de la existencia de la Política de la Ciudad de México o también llamada “Global Gag Rule”, que traducida al español es la “política mundial de la mordaza”, creada por el ultraconservador Republicano Ronald Reagan (1984) y reimpuesta en la década de los 90 por el también republicano George Bush.

La Gag Rule se hizo solo para cooptar a las ONGs que reciben fondos de la Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID) a fin de neutralizar los tibios avances de las mujeres en Naciones Unidas. Con la Gag Rule se imponía a las ONGs (particularmente feministas), a no investigar, informar y/o prestar servicios aborto, sin importar si este es legal o no, o si ello incluye otras fuentes financieras. Esta prohibición operó solo para las organizaciones foráneas, dado que las nacionales revertieron la medida en los Tribunales, dado el carácter discriminatorio, la restricción de derechos sexuales y reproductivos y por ofender a la libertad de expresión.

Tanto Clinton como Obama, gobiernos más progresistas en esta materia, pusieron nuevamente en agenda a la educación sexual, la violencia de género y el reconocimiento de las personas LGTBI, cuyo ataque le sirvió a Trump, para atraer a la más recalcitrante ultraderecha, comprometiéndolo no solo a construir su muro y expulsar a extranjeros, también a erradicar todo avance en materia de salud sexual y reproductiva e imponer un puritanismo hipócrita, dejando atrás su propia frivolidad.

Fue así que al día siguiente de tomar el mando, su primera medida fue la reinstalación de la Gag Rule, afectando a países principalmente africanos que aun dependen de la cooperación norteamericana, sin importar las cifras inverosímiles de muerte materna muchas de las cuales son a causas del aborto inseguro.

Si bien en el Peru, esta política ya no es tan importante, debido al escaso apoyo de USAID en el campo de la salud, en su momento, su impacto se hizo sentir, al hacer que el MINSA retire a la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), de la lista de insumos anticonceptivos, debido supuestamente a su supuesto carácter abortivo, medida que hasta la fecha no ha podido ser superada, pues aunque todas les evidencias señalan su importancia el Ministerio de Salud, aun no puede garantizar el acceso real para las mujeres que no pueden pagar el costo de las farmacias donde si se permite la venta.

Es por ello que para los activistas conservadores, de filiación religiosa, cuyas ONGs se dedican a reducir o erradicar los pocos avances en materia de género, derechos sexuales y reproductivos, así como de personas LGTBI, Trump es su héroe, pues no solo respalda el discurso misógino y homofóbico de estos grupos, sino también fomenta un mayor apoyo, a estas organizaciones, dejando de lado, el sentido que tiene la cooperación internacional para los pueblos del mundo, que es lograr la igualdad y reducir la exclusión.

Sin embargo, no todas son malas noticias, ni en todos los casos el mal vence. Hace pocos meses, inmediatamente después de la reinstalación de la Gag Rule; los gobiernos de Holanda, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Canadá y de otros 60 países, decidieron responder a la política de Trump, creando la iniciativa “SheDecides” que traducido al español es “EllasDeciden”. Hace pocas semanas, esta valiosa iniciativa fue presentada en el Perú por las Embajadas de Países Bajo y otros de la Unión Europea, así como Canadá, quienes reafirmaron su compromiso en apoyo a los derechos de las mujeres, apostando por el progreso que ellas han logrado y reconociendo que el acceso garantizado a la educación sexual, a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticonceptivos y aborto seguro, son asuntos claves de derechos humanos y de desarrollo y cuyo mensaje ha sido graficado en un hermoso manifiesto que se titula por “Un Mundo donde cada niña y cada mujer, pueda decidir que hacer con su cuerpo, su vida y su futuro, sin cuestionamientos”

La respuesta dada por los países europeos y Cánada, es un avance sin precedentes. Trump no solo se ha quedado en el Acuerdo Climático, también se ha quedado solo en su ataque a los derechos sexuales y reproductivos, pues más de 60 países le han hecho saber que el mundo es mejor, fuerte y seguro, cuando las mujeres deciden y cuando ellas no lo pueden hacer, no pueden crear el mundo que merecen, ni tener las familias que quieran y mucho menos podrán labrar el futuro próspero que claman para sus pueblos.

Así ha respondido el mundo ante la barbarie, así debemos responder en el Perú, a quienes señalan que el Estado no debe ser responsable de generar la igualdad, que la educación solo para algunos y que con mentiras proponen que nuestra sociedad siga en su camino de violencia en contra de las niñas y mujeres. Sin duda, necesitamos más “ellas deciden” en el Perú, necesitamos que cada hombre y cada mujer, se comprometa con un mundo donde nadie quede por fuera a causa de la discriminación y la misoginia.

Artículo escrito para La Otra Mirada, por Susana Chávez, directora general de Promsex

Cifras de embarazo adolescente no se han reducido en 25 años

10/07/2017/por Rossina Guerrero

Falta de educación sexual integral e inexistentes campañas de prevención están llevando a una mayor incidencia de embarazos en niñas entre 11 y 15 años.

Hay una persistente prevalencia del embarazo adolescente en el Perú. Desde hace 25 años los indicadores no se han reducido, y por el contrario ha habido un incremento de 2.1%, pasando de 12.5% en el 2011 a 14.6% en el 2014, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se estima que actualmente existen 207,800 adolescentes de 15 a 19 años de edad que son madres o están embarazadas por primera vez.

“No hay un enfoque integral de políticas públicas para poder revertir los indicadores, el presupuesto asignado es a todas luces insuficiente. Para empezar, no existe un presupuesto específico para disminución del embarazo adolescente, se está empeñando el desarrollo de miles de peruanas en el país”, afirma a Noticias Aliadas Rossina Guerrero, directora de Incidencia Política del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

El estudio realizado por el doctor Luis Távara “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes en el Perú”, publicado en el 2015, advierte que esta prevalencia se da con grandes diferencias por niveles educativos, por ámbito geográfico (urbano y rural) y por quintiles de pobreza, pese a que se han aplicado diversas estrategias para enfrentar este problema —desde el 2013 el Estado peruano cuenta con un Plan Multisectorial para la prevención del embarazo adolescente (2013-2021), y desde el año pasado el Ministerio de Salud cuenta con una Norma Técnica de Planificación Familiar que determina que ya no hay edad mínima para tener acceso a los métodos anticonceptivos— y todos los establecimientos están obligados a prestar servicios integrales de planificación familiar cuando la adolescente lo solicite.

Guerrero sostiene que lamentablemente este plan no se ha traducido en la mejora y protección de las adolescentes. El embarazo precoz es la segunda causa de deserción escolar en el país: 25%, es decir, más de un millón de adolescentes se quedan fuera del sistema educativo; y posteriormente las madres adolescentes deben salir a trabajar en labores poco remuneradas para poder mantener a sus hijos, lo que las condena a la pobreza.

Uno de los principales problemas identificados por los expertos es que desde el Estado sólo se está atendiendo la problemática desde un enfoque de salud. Távara remarca que el manejo desde el Estado ha sido unisectorial y no multisectorial, mientras que Irene Del Mastro, magister en estudios de género de la University of Wisconsin, Madison, señala a Noticias Aliadas que el problema no se reduce sólo a tener acceso a la salud y a los métodos anticonceptivos.

“El enfoque del Estado no ha solucionado nada”, dice Del Mastro. “Desde hace 25 años las cifras siguen siendo las mismas, en 25 años ha oscilado entre 12% y 14%, es decir, no hay ningún cambio”.

Conservadurismo al ataque
La maternidad en el país está empezando cada vez más temprano. Cada día 15 niñas de entre 11 y 15 años se convierten en madres, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), teniendo una mayor incidencia en la selva peruana: 40% promedio.

Távara, en su estudio advierte que desde el Ministerio de Educación hay poca voluntad para implementar la educación sexual en todos los niveles educativos.

Para Del Mastro, “el problema de fondo es que no hay educación sexual integral en el país. La educación es uno de los principales pilares para revertir este problema estructural, si se implementa el enfoque de educación sexual en la currícula educativa los resultados no los vamos a ver de acá a 20 años”, añadiendo que hay un control de la sexualidad desde las escuelas y las casas. “No se le habla a los jóvenes de sexo, no vemos el sexo en los adolescentes como algo natural por un tema de conservadurismo”.

“Hay una necesidad de brindar educación sexual”, dice Guerrero. “Más allá de conocer métodos anticonceptivos, es necesario una educación desde el colegio, que alumnos y alumnas puedan conversar con los profesores sobre estos temas, puedan conversarlos también con sus padres. Los adolescentes están iniciando su actividad sexual sin prevenir un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, que también es un problema grave”.

A la falta de la educación sexual integral, los expertos añaden que actualmente hay una gran presión por parte de grupos religiosos que quieren imponer una política no laica de la sexualidad y reproducción, que no es respetuosa de los derechos.

Organizaciones como Promsex, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán han denunciado en diversas oportunidades que hay fuerzas políticas en el Congreso de la República con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y Evangélica, que vienen imponiendo una agenda que podría influir en las políticas públicas, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral y prevención de la violencia sexual.

“Hay constante ataques por parte de los grupos antiderechos en el país respecto a implementar políticas públicas que tendrían un impacto favorable para prevenir y disminuir el embarazo adolescente. El Congreso no puede tener injerencias en las políticas públicas. Si no tomamos conciencia del impacto que pueda tener la presión de estos grupos religiosos, vamos a tener indicadores muchos más graves de los que tenemos ahora”, advierte Guerrero.

Violencia sexual
Otra cifra alarmante es que el Perú ocupa el primer lugar entre los países de América Latina donde se registran más denuncias por violencia sexual. Cada año el Ministerio Público recibe aproximadamente 1,500 denuncias de mujeres peruanas. De acuerdo a estadísticas de DEMUS el 75% de las mujeres violadas eran menores de edad.

Según datos de la Policía Nacional del Perú, diariamente cinco niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres producto de una violación sexual.

“Aunque no hay estadísticas de cuántas jóvenes hayan querido abortar, en el Perú hay un tema de falta de justicia reproductiva. Nuestro país es clasista, elitista, porque no hay acceso al aborto seguro, eso es una forma de condenar a las mujeres pobres a consecuencias reproductivas que no tienen posibilidad de revertir”, dice Del Mastro.

El estudio “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes en el Perú” afirma que el embarazo de las adolescentes es considerado uno de los problemas de salud pública más prevalentes e importantes que afectan a las mujeres peruanas en tres dimensiones: física, mental y social.

Para Guerrero el país tiene un enorme desafío, que debe ser asumido de manera multisectorial, y de manera articulada con los ministerios de la Mujer, Educación, Salud y Trabajo.

“Debemos realmente fortalecer los sistemas públicos y fortalecer el Estado como garantes de los derechos, eso implica una mejor educación, mejores servicios de salud. Los operadores de salud tienen muchos prejuicios en torno a los derechos que tienen los adolescentes en acceder a métodos de planificación familiar. Para hacer valer el cumplimiento de los derechos se necesitan recursos, se necesita presupuesto”, finaliza. —Noticias Aliadas.

Entrevista: Magali Zevallos Ríos / Noticias Aliadas.
Información tomada de noticiasaliadas.org/