Por un Bicentenario sin desigualdades
Actualmente, nos encontramos en una etapa decisiva para la historia del Perú, pues estamos cada vez más próximos a celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia. Este periodo nos lleva a problematizar, como tantas veces se ha hecho a lo largo de nuestra historia, sobre el tipo de país que hemos venido construyendo. Por supuesto que este ejercicio no es sencillo. La complejidad de nuestra patria nos obliga a realizar distintos balances que impactan en las colectividades que agrupan personas cuyas reivindicaciones de identidades se han visto despojadas de reconocimiento.
Estar a un año de tan importante acontecimiento, nos obliga a detenernos y pensar las razones de la celebración sobre todo en las actuales circunstancias que nos toca afrontar. En los últimos meses, se ha repetido infatigablemente que la pandemia desnudó las desigualdades que, caprichosas y taimadas, se empeñaban en ocultarse detrás del velo de un falaz “desarrollo”. Como es evidente, la economía de un país debe traducirse, además, en una vida digna para todas las personas que conforman su ciudadanía, lo cual no ha ocurrido para aquellas que debieron afrontar el desprecio a sus identidades. Las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) han visto cómo sus vidas han quedado postergadas incluso en la discusión sobre los objetivos que se persiguen de cara al año 2021[1] no solo por sus orientaciones sexuales e identidades de género, sino también por otros aspectos que interseccionan sus vidas como el color de la piel, el origen étnico, la lengua que hablan, la discapacidad que pueden tener, la clase social a la que pertenecen y hasta factores etarios como ser niña, niño, adolescente o adulto mayor, entre otros.
Durante los siguientes meses veremos, en pleno contexto electoral, cómo surgen candidaturas que llevan adelante propuestas y planes de gobierno acordes a la nueva etapa en la que entramos. En ese ánimo, es inadmisible un proyecto país que no ponga a las desigualdades en relación con el género- atravesadas por las económicas, sociales y políticas- como un aspecto medular que resolver. Apelar a la igualdad sin un fin en sí mismo, a través de un discurso vacío y poco comprometido que no invite a una resolución concreta mediante la aprobación de leyes y la implementación de políticas públicas, conlleva a un estado de profunda desesperanza cuando la nueva etapa histórica debería significar lo contrario.
En la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos[2], un 71% manifestó que las personas homosexuales, trans y bisexuales constituyen la población más discriminada seguida de las personas que viven con VIH o SIDA (70%), las poblaciones indígenas y amazónicas (64%) y las personas con discapacidad (61%). Frente a estos resultados se desprende que existe una responsabilidad estatal, ya que las poblaciones en condición de vulnerabilidad no pueden ejercer plenamente sus derechos ni verlos garantizados. De hecho, en la misma encuesta esto se pone de manifiesto, en tanto se percibe que el Estado peruano no hace mucho para garantizar el acceso a la justicia (76%) y la seguridad social (75%) y que existe una gran desconfianza hacia instituciones como el Congreso de la República (88%), el Poder Judicial (77%) y los Gobiernos Regionales (75%), lo cual, tristemente, es una constatación de la realidad que hemos sufrido durante muchas décadas, pero alertan especialmente en un contexto de crisis sanitaria y política.
Ante los múltiples desafíos que emanan de estos resultados, se instala la incertidumbre de cómo nuestras autoridades- y quienes aspiran a puestos de decisión- gestionan las demandas legítimas de igualdad, dignidad y justicia. La construcción de políticas públicas en el Perú tiene que pasar por una comprensión holística de nuestra diversidad que atienda cada particularidad en complemento e intersección con las diferentes realidades que enfrentamos. Desde la defensa de los derechos humanos, seguiremos apostando por el trabajo a favor de quienes han sido y son víctimas de un sistema desigual que no brinda garantías. Para ello seguiremos valiéndonos de instrumentos como el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Currículo Nacional de Educación Básica Regular o el Protocolo de Aborto Terapéutico, pero también incidiendo en la aprobación de otros que resuelvan problemáticas que dan cuenta de la precariedad en la que nos encontramos. Lamentablemente, la persistencia del embarazo adolescente, la violencia sexual y de género, la trata de personas, la penalización del aborto y la ausencia de leyes que reconozcan los derechos de las personas LGBTI hacen que sintamos que estamos llegando al Bicentenario con demasiados pendientes para ver reconocidas plenamente nuestras ciudadanías.
[1] https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/files/Documentos/plan_bicentenario_ceplan.pdf
[2] https://observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/3.-Informe-completo-de-la-II-Encuesta-Nacional-de-Derechos-Humanos.pdf
