La salud reproductiva retrocede en Perú

El retroceso en los derechos reproductivos de las peruanas ha llevado al Estado a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si un medicamento incumple la ley, ¿se deja de ofrecer en el sistema de salud público pero se mantiene en el privado? Esa es la paradójica situación legal que viven las píldoras anticonceptivas de emergencia en Perú desde 2009: se prohibió su dispensación gratuita en los centros del Ministerio de Salud pero no se tocó su acceso por vía privada.

El motivo, según una sentencia del Tribunal Constitucionalde ese año, es considerar como abortiva la conocida como píldora del día después, cuando la interrupción voluntaria del embarazo en Perú es ilegal a menos que la salud de la madre corra peligro. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado claro que no se puede considerar abortivo este método, algo que también señala el propio Ministerio de Salud peruano. No obstante, de ser así la píldora incumpliría la ley pero, en lugar de prohibirla, simplemente se retira de los centros públicos, a los que acuden los peruanos con menos recursos. Para Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) se trata de una «profunda discriminación que solamente la tengan disponible las personas que puedan pagar y no las que dependen de los servicios públicos, que son las personas más pobres».

Por eso, Promsex, así como otras organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, han demandado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia se basa en el caso de María, una adolescente de Huánuco, una provincia del interior del país, que fue violada e intentó conseguir sin éxito la anticoncepción de emergencia en su centro de salud.

Los hechos sucedieron en marzo de 2014, cuando María tenía 19 años y fue asaltada por varios hombres, entre los que se encontraba un compañero de la escuela. Le obligaron a respirar un líquido que la durmió, despertándose horas después en un parque, desorientada y con un dolor intenso en su zona genital. Sus padres la llevaron al hospital, donde le recetaron la pastilla sin darle ninguna indicación adicional. Como en el centro no le dispensaron el medicamento, iniciaron un periplo por varias farmacias hasta que pudieron comprarlo en una de ellas. No obstante, al no recibir información alguna sobre el producto, María lo tomó de forma inadecuada: se trataba de dos píldoras (Levonorgestrel) que debía tomar con una separación temporal de 12 horas, pero lo hizo a la vez. Solo por fortuna fue que la adolescente no quedara embarazada.

Una sentencia de ida y vuelta

En 2001, se aprobó en Perú la dispensación de la anticoncepción oral de emergencia en centros públicos de salud, medida que tuvo grandes dificultades para ponerse en práctica por problemas de suministro derivados del escaso presupuesto dedicado al proyecto. Esto llevó a varias organizaciones, entre ellas Promsex, a acudir al Tribunal Constitucional para garantizar el abastecimiento de anticonceptivos en centros de salud. La institución les dio la razón en 2006, pero un recurso de amparo procedente de la ONG católica Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda dio la vuelta al resultado: lo que había nacido como un intento de garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia se convirtió en el candado… Al menos para los menos favorecidos.

El de María no es un caso aislado. “Perú ocupa el primer lugar en América del Sur en tasa de denuncia de violaciones”, afirma Chávez, “pero solo se denuncia entre el 2,2% y el 5%”. Además, de los violadores “solamente la mitad han sido identificados y procesados, y solo la mitad de éstos están pagando algún tipo de condena”.

Las regiones más vulnerables son las del interior del país, como Huánuco. Dada la alta cantidad de denuncias por violación en la zona (solo en 2012 hubo más de 1.300 casos), una ONG, Paz y Esperanza, ayudó a organizarse a 84 madres de adolescentes víctimas de violación que no han encontrado justicia. Junto a Promsex y otras organizaciones, acudieron al Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar la idoneidad de los jueces que liberaban más violadores o dictaban menores penas, entre ellos el presidente de la Corte Superior de Huánuco, Jorge Picón. Una de las pruebas que admitía Picón para considerar la veracidad de la denuncia era que un médico manipulara el pene del presunto violador. “Como no tenía erección, lo declaraba impotente y bajo esta prueba la gente salía liberada”, explica indignada la directora de Promsex, que fue denunciada por difamación por Picón, pidiendo un millón de dólares como reparación, “pero el caso fue archivado y nosotros liberados”.

Restricciones en el aborto

El caso de la anticoncepción oral de emergencia es revelador del momento convulso que vive la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Perú: existe una tensión generada entre las propuestas progresistas y la presión de movimientos conservadores, bien dentro de las estructuras del Estado o en forma de lobbies.

El aborto es el principal protagonista de estas tensiones. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ya expresósu preocupación por las restricciones y dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras. Es legal hacerlo cuando la salud de la mujer esté en peligro, pero solo desde 2014 existe un protocolo que estandarice su procedimiento en el sistema público de salud, y en este tiempo únicamente se han registrado 24 casos. “Hay muy pocos hospitales que estén aplicando el protocolo”, sostiene Enrique Guevara, director médico del Instituto Nacional Materno Perinatal. “Si lo aplican, lo hacen con mucho temor, porque también hay muchas presiones de la Iglesia”.

Guevara explica además que no hay políticas públicas «que promuevan que las mujeres tengan información suficiente sobre el aborto terapéutico», algo con lo que coincide Jennifer Villodas, psicóloga de Demus, otra de las organizaciones que han demandado al Estado peruano ante la CIDH. “Hay médicos y familias que no saben que es legal”, afirma, apuntado a los temores de los profesionales sanitarios a aplicarlo porque “hay una especie de escrutinio de la decisión que ha tomado y por qué se lo ha nombrado terapéutico”. “Si los médicos no logran reconocer el aborto terapéutico, no informan a la población”, concluye.

El país vivió unas elecciones generales el pasado abril. El nuevo Congreso, de mayoría conservadora, tendrá entre sus primeras misiones la elaboración del nuevo Código Penal, que comenzó a debatirse a finales la pasada legislatura. Las discusiones sobre la norma vienen acompañadas de polémica ya que sigue penando el aborto tras una violación, si bien se elimina la condena a tres meses de prisión vigente —que en la práctica suponía que la mujer no entraba en la cárcel— y se sustituye por 50 días de trabajos comunitarios, misma pena que recibirá la mujer que sufre un aborto imprudente o espontáneo, nueva figura que no aparece en el código actual.

Desde Promsex consideran que el mantenimiento del aborto por violación en el Código Penal y la inclusión del imprudente “sigue dirigiendo a las mujeres a operaciones clandestinas, en condiciones lamentables, dejándolas a borde de la muerte y en algunos casos arrojándolas a morir”, en palabras de Brenda Álvarez, abogada de la organización. “Que el aborto sea parte del Código Penal implica que las mujeres no pueden acceder a estos servicios de manera segura y gratuita. Aun cuando algunos congresistas consideren que reducir la pena a trabajo comunitario es positivo, una pena simbólica, el efecto que tiene es que las mujeres sigan muriendo por aborto inseguro”.

El embarazo adolescente dispara las alarmas

Las tensiones sobre la salud reproductiva de las peruanas dejan otros resultados dispares, como que mientras las tasas de mortalidad materna se han ido reduciendo en lo que va del siglo XXI, el embarazo adolescente ha crecido: según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, en 2014 el 14,9% de las mujeres entre 15 y 19 años era madre o estaba en gestación, un aumento de un 1,6% respecto a principios del siglo. En zonas urbanas está subiendo el número de adolescentes embarazadas, mientras que en el interior, a pesar de que se ha reducido, sigue teniendo unos niveles altísimos: en Huánuco, provincia donde vive María, es del 17,7%; en las regiones selváticas llega a superar el 30% y está ligado en una buena parte de las ocasiones a la trata y la violencia sexual.

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer también ha alertado de la elevada tasa de embarazos en adolescentes en el país sudamericano, ya que son un obstáculo fundamental para salir de la pobreza y empoderar a la mujer, transmitiendo la miseria entre generaciones. Entre otras cosas, por la alta tasa de abandono escolar: en nueve de cada diez casos la adolescente deja los estudios. Las jóvenes que son madres han estudiado durante un promedio de siete años, mientras las que no lo son lo hacen durante 12, una brecha demasiado alta según el informe de la Plataforma de Acción Beijing +20, que evalúa los resultados en las recomendaciones a los países surgidas de la conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995 en la capital china.

“Hay un profundo descuido de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes”, considera la directora de Promsex, Susana Chávez. “El embarazo es uno de los indicadores más claros de la ausencia de educación sexual”. En los últimos años se ha aprobado la educación sexual integral en la educación básica, pero el informe Beijing +20 advierte de que su implantación a nivel nacional no está siendo efectiva. Además, solo el 40% de los establecimientos sanitarios tienen servicios de salud sexual y reproductiva específicos para adolescentes, y el acceso a los mismos depende, por ley, del consentimiento paterno, lo que “constituye una restricción a sus derechos humanos y los inhibe de acudir a los establecimientos de salud para solicitar información y atención de infecciones de transmisión sexual”.

Chávez cree que el acceso a la salud reproductiva en Perú ha empeorado en estos últimos años por una grave disparidad entre jóvenes y adultas. “Hemos mejorado los métodos anticonceptivos para mujeres adultas, el número de muertes maternas en adultas, etc.”, explica, “pero cuando estas cifras las llevas a las adolescentes, donde los grupos religiosos hacenlobby, no hemos logrado reducir los indicadores”.

Así, advierte de que el Ministerio de Justicia «está tomado por los grupos antiderechos y lo tenemos como uno de los principales obstructores” para el avance en la salud reproductiva de las mujeres. “Por más que tengamos una ministra de la Mujer y un ministro de Salud progresistas, estos se enfrentan a un Ministerio de Justicia absolutamente obstruccionista”, recalca. “Este es el ministerio que nos obliga a denunciar ante la CIDH”.

Tomado de http://elpais.com/