La solución es la educación

El pasado mes de abril, en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) se presentó el Barómetro de las Américas 2014, estudio que señala al Perú como el país con la mayor tasa de víctimas por delincuencia en América Latina. Al día de hoy, este anuncio nos genera la misma sorpresa que nos generaría escuchar que el mar es salado. Y es que, directa o indirectamente, todos y todas hemos sido víctimas de un acto delincuencial.

Pero lo que sí causa sorpresa e indignación son las supuestas soluciones a la delincuencia que se proponen en el Perú, tales como la campaña “chapa tu choro”, la puesta en escena de la pena de muerte, la propuesta de militarizar una ciudad, el Decreto Legislativo 1204 y la falsa reinserción.

Chapa tu  choro…

La delincuencia es un acto o conjunto de actos contrarios a la ley; alteran el orden público, la paz social y violan derechos humanos individuales. Al igual que la delincuencia que busca combatir, la campaña “chapa tu choro” es un acto ilegal, altera el orden público, la paz social, viola derechos humanos y, además, asesina personas inocentes (como ha sucedido en tres ocasiones, desde que comenzó esta absurda iniciativa).

Luchar contra la violencia con más violencia es un completo absurdo. No se trata de hacer justicia con las propias manos, se trata de venganza y constituye un hecho delictivo por el que se podría pagar con 35 años de cárcel. Este tipo de campañas no fortalece a la institución judicial; en cambio, desestabiliza la democracia y genera mayor inseguridad social, pues nunca salimos del círculo interminable de la violencia. Además, debemos tener en cuenta que esta campaña fue ideada por la fujimorista Cecilia García Rodríguez, quien cuenta con una mala reputación en asesoramiento congresal.

Es decir, la pseudo solución no sólo no pone fin a la delincuencia, sino que nos convierte en instrumentos de una posible campaña política de una persona de dudosa reputación.

Pena de muerte

Como lo señalé en un artículo anterior, la pena de muerte es jurídicamente imposible. Además de tener que modificar el Código Penal, tendríamos que reformar nuestra Constitución Política e incumplir tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado peruano. Y al igual que con el “chapa tu choro”, con la pena de muerte no hay marcha atrás, no es posible resarcir equivocación alguna si se trata de un inocente. Además, por más grave que haya sido el delito cometido, ni siquiera el Estado peruano -y ningún otro, en mi opinión- puede arrogarse el derecho de poner fin a una vida. Lejos de ser justicia, la pena de muerte implica una venganza social que no impedirá que se sigan cometiendo actos delictivos a futuro.

Militarizar la ciudad

César Bazán, coordinador del área de Seguridad Ciudadana del IDL, señala respecto a este tema: Los militares han sido capacitados para intervenir en situaciones de guerra con otros países y no contra la delincuencia. Los delincuentes, a diferencia de los ejércitos extranjeros, no están uniformados ni respetan reglas básicas de la guerra. Los militares no están entrenados para anticiparse a la lógica de los delincuentes comunes. Además, la medida de que los militares resguarden el orden interno es inconstitucional, puesto que ellos solo pueden intervenir bajo Estado de Emergencia o en determinadas condiciones, de dudosa constitucionalidad.

Es decir, perdemos tiempo, esfuerzo y dinero del pueblo en militarizar la ciudad, y además de poner en riesgo la vida de civiles inocentes, no solucionamos nada.

Decreto Legislativo 1204 y la falsa reinserción.

El pasado 23 de setiembre fue publicado, en el diario El Peruano, el Decreto Legislativo 1204, norma que modifica el Código de los Niños y Adolescentes, regulando sanciones de pena privativa de libertad, de hasta diez años, para menores de entre 16 y 18 años de edad que incurran en delitos tales como homicidio calificado, feminicidio, extorsión, pandillaje pernicioso o violación sexual, o para aquellos que integren alguna organización criminal.

Más de una persona debe estar de acuerdo con penas más drásticas y con la inclusión de menores en estas medidas, que no estaría del todo mal si es que nuestra realidad fuese otra. Pero tenemos un sistema judicial ineficaz, donde la carga procesal es extrema; y la defensa pública, estigmatizada por la sociedad, es ineficiente, pero no porque los abogados sean profesionales ineptos (incluso muchos de ellos orientan a los defensores particulares en las audiencias), sino porque cada uno de ellos debe atender mínimo 20 casos al día, y en condiciones deficientes, porque el ministerio de Justicia no les brinda las facilidades básicas y mínimas para trabajar.

Por otro lado, qué ganamos con aumentar las penas, qué ganamos con procesar a los menores como adultos, si el sistema penitenciario es un caos.

En principio, este debe estar organizado en base al respeto a los derechos humanos, y su fin principal debe ser la reinserción social del interno a través del trabajo, la capacitación, la “educación”, la salud y el deporte. Sin embargo, nuestra realidad es otra; los internos, lejos de reinsertarse socialmente, aprenden nuevas técnicas delincuenciales. Incluso los inocentes -porque sí los hay- al abandonar el centro penitenciario, lo hacen para delinquir. Entonces, aumentar la población en los penales no resuelve nada; por el contrario, sirve como una escuela de post grado con especialidad delincuencial.

Solución al problema.

Si queremos solucionar un problema, primero debemos conocer las causas. La delincuencia nace por lo general en las zonas más pobres del país, o en los extremos sociales: Muy alto o muy bajo; también en el seno de familias resquebrajadas, entre padres adolescentes, en un marco de violencia familiar, a consecuencia de alcoholismo y drogadicción, etc.; también es producto de un gobierno corrupto e ineficaz, que solo se ha dedicado a robar y malgastar los recursos públicos para beneficiar a su círculo más cercano, dejando en total desamparo al sector que más necesita (Por ejemplo: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y buena parte de los congresistas conocidos hasta hoy); una causa final, pero no menos importante es la poca y precaria educación que se recibe en el país.

Entonces, para combatir la delincuencia necesitamos primero: Educación; segundo: Educación; y tercero: Educación. Con educación la pobreza no existe. Puede faltar trabajo, pero una persona con una buena base educativa sabrá distinguir y prever consecuencias futuras. Con la educación no existen familias resquebrajadas, no existen padres adolescentes, no existe violencia doméstica ni feminicidio, porque tanto el hombre como la mujer saben respetar sus derechos y el derecho de los demás. Con educación no existen gobiernos corruptos, porque todos y todas estaríamos capacitados para elegir a nuestros gobernantes, exigir y levantar nuestra voz. Pero, sobre todo, ningún líder político podría engañarnos como lo hacen tantas veces durante las campañas políticas. Una población educada no admite engaños, no admite gobernantes corruptos.

En conclusión, la única opción para acabar con la delincuencia es la educación; mejorar la educación pública en un 100%. Es necesario, por ejemplo, incluir proyectos de educación en derechos humanos en los colegios, institutos y en las universidades públicas y privadas, independientemente de la carrera; también en instituciones públicas y privadas. Con mayor énfasis, la educación en derechos humanos debe ser obligatoria para todos los funcionarios públicos, en la academia de la Policía Nacional, en la escuela militar y en todos los centros penitenciarios del país. Hay que exigir también que la educación sexual sea obligatoria en todos los colegios del país.

Por último, el gobierno debería dar facilidades y no poner tantas trabas a las personas que contamos con proyectos de educación, así como da luz verde a todas las empresas extractivas para acabar con nuestros recursos naturales.

Tomado de NoticiasSER.pe