Procesos de investigación a violadores sexuales se paralizan por falta de insumos químicos en Medicina Legal y retrasan acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual

N.M. de 12 años fue violada por el tío político de su madre en octubre de 2016 en el distrito de Sullana (Piura). Luego de que la madre de la niña se percatara del embarazo de su pequeña, decidió denunciar al agresor. El acusado lleva el proceso judicial en libertad pues la solicitud de detención preliminar presentada por Fiscalía fue denegada por el Juzgado por considerar que el acusado no iba a fugar ni a obstaculizar el proceso, a pesar de que la niña y su familia recibían múltiples amenazas e insultos.

En diciembre de 2017 el Fiscal a cargo de la investigación dispuso la Acusación. En estas circunstancias, N.M continuó con el embarazo y pese a que fue a un Hospital para ser atendida por el personal médico, en ningún momento se le ofreció el acceder a un aborto terapéutico, después de una serie de maltratos en el nosocomio dio a luz.

La fiscal responsable del caso solicitó a la División Médico Legal de Sullana a que se le practicaran pruebas de ADN al acusado y al niño. El 14 de marzo de 2017, la entidad pública respondió que no se podían extraer muestras porque no se contaban con el instrumental especializado.

El 1 de diciembre de 2017, la fiscalía remitió un oficio al Laboratorio de Biología Molecular y Ciencias Forenses del Instituto de Medicina Legal de Lima para reiterar que se cumpla con enviar los resultados de las muestras de ADN practicadas al agresor y al recién nacido. Medicina Legal respondió que la demora en la realización de la prueba de ADN fue la falta de insumos para realizarla.

El 18 de enero de 2018, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana llevó a cabo la audiencia de control de acusación. Dicha audiencia fue cancelada y postergada hasta el 20 de junio de 2018 por no contar con los resultados de la prueba de ADN. Prueba, que, a criterio del Juez, es neurálgica para la continuidad del proceso. Aspecto que Promsex rechaza y se opone, pues la prueba de ADN no es prueba indispensable en la judicialización de casos de violación sexual.

Promsex, como representante de N.C, consultó con el laboratorio de medicina legal del Ministerio Público a fines de enero de 2018, y nos informaron que el nuevo problema que tienen es la falta de personal médico para realizar esta prueba ya que el biólogo a cargo necesita apoyo de otros profesionales para poder avanzar con todos los casos.

Por la falta de recursos para este tipo de actividades, no solo se retrasa el acceso a la justicia sino que constituyen una violación sistemática a los derechos de las niñas. El ser forzadas a asumir una maternidad producto de la violencia sexual, estar expuestas a un proceso extremadamente largo, lleno de obstáculos generados por el propio Estado, la falta de recursos para sus órganos de apoyo en investigaciones y el no respetar su derecho a ser informadas sobre el acceso a un aborto terapéutico, perjudica la salud mental de las pequeñas.

Mientras, el agresor continúa libre y cerca a N.M, quién no recibe siquiera apoyo emocional, apoyo social por parte del Estado. Además, N.M, no ha podido volver al colegio por temor a ser otra vez agredida por el acusado.

PROMSEX hace un llamado al Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial y Ministerio Público a acabar con los obstáculos en la judicialización de los casos de violaciones sexuales contra niños y niñas. Pues obstáculos como el señalado redundan en la falta de acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual  y legitiman la impunidad, la misma que es parte del circulo vicioso de la violencia.

Promsex
Comunicaciones
4478668 anexo 118